El Gobierno acelera para sacar a los monjes de Cuelgamuros antes del 50º aniversario de la muerte de Franco

Moncloa tiene varios actos programados para este aniversario y la aspiración fundamental es culminar el proceso de resignificación del espacio, lo que pasa necesariamente por la salida de los monjes. Este es, a su vez, el punto más complicado de conseguir, dada la resistencia de los religiosos a abandonar el lugar.

Con el objetivo de acelerar los trabajos, este lunes se celebró en Cuelgamuros una reunión de mandos intermedios del Gobierno y de los distintos ministerios que pertenecen a la comisión interministerial para la resignificación del Valle. En la misma estuvo presente la directora de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva.

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Aunque se trató de una reunión de carácter técnico, es un paso más en el proyecto que implica la salida de los monjes y la extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que se incluirá en el decreto que establezca el nuevo marco jurídico sobre el que se rija Cuelgamuros.

El Gobierno también planea convocar un concurso público para recibir ofertas sobre qué debe ser a partir de ese momento el Valle. Esto, sin embargo, tendrá que esperar hasta que se consiga la resignificación planeada para 2025.

La comisión interministerial se puso en marcha el pasado mes de junio y la de este lunes ha sido su primera reunión tras el parón veraniego. El objetivo a partir de ahora es que las reuniones se produzcan de manera mensual y se avance en la hoja de ruta que el Gobierno se ha marcado.

A la comisión pertenecen, además del Ministerio de Memoria Democrática (Ángel Víctor Torres), los de Presidencia (Félix Bolaños), Hacienda (María Jesús Montero), Transporte (Óscar Puente), Trabajo (Yolanda Díaz), Transición Ecológica (Teresa Ribera), Vivienda (Isabel Rodríguez), Cultura (Ernest Urtasun) y Ciencia (Diana Morant).

Mediación del Vaticano

Pero muy a su pesar, para que los planes del Ejecutivo triunfen, se tiene que producir la salida de los monjes del Valle. Así lo indicó el ministro Ángel Víctor Torres, cuando aseguró antes del verano que los religiosos "no pueden estar" en Cuelgamuros, dado que tienen que cumplir la ley de memoria democrática. Ésta busca dotar de un nuevo marco jurídico el espacio y convertirlo en un lugar de recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y convertirlo en un sitio de carácter civil, no religioso.

Pero los monjes, de momento, se resisten a esta imposición por parte del Estado. Es por eso que el Gobierno está intentando conseguir la mediación del Vaticano. Se trata de una tarea que ha asumido el ministro Félix Bolaños, responsable de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

El prior de los monjes, Santiago Cantera, ya avisó de que la única orden para abandonar el lugar que acataría tendría que venir de la Santa Sede. Aunque los esfuerzos del Ejecutivo por conseguir la mediación vaticana se iniciaron antes del verano, de momento se desconoce si se ha avanzado en ese aspecto.

Fundación Francisco Franco

De manera paralela, el PSOE en el Congreso de los Diputados llevará a votación la semana que viene una reforma de la Ley de Derecho de Asociación para disolver las organizaciones franquistas. Esta modificación busca prohibir la Fundación Francisco Franco, entre otras que ensalcen la figura del dictador.

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Según comentan fuentes socialistas, el PSOE cree que en la votación, que se producirá el martes, contará con el apoyo de los socios de investidura. Por ello, consideran que la norma podrá continuar con su trámite. Los socialistas, de momento, desconocen qué va a votar el PP porque no se han iniciado conversaciones al respecto, pero aseguran que si votan en contra "se van a retratar".

"Se trata de una dicotomía muy simple: asociaciones franquistas, sí; o asociaciones franquistas, no", aseguran fuentes del partido. "El PP tendrá que elegir en qué bando está. Con quien no contamos y no esperamos contar es con Vox", añaden.

El texto de la reforma establece que serán disueltas aquellas asociaciones que realicen actividades que impliquen la apología del franquismo, ya sea ensalzando el golpe de Estado de 1936, la dictadura posterior o el enaltecimiento de sus dirigentes. La extinción se llevaría a cabo mediante resolución judicial.

Por otro lado, el Ministerio de Ángel Víctor Torres también ha lanzado una consulta pública para hacer un proyecto de Real Decreto que aborde la reparación a quienes padecieron la persecución durante la Guerra Civil o la dictadura.

Con estos movimientos, el Ejecutivo está buscando dar un nuevo impulso a una de sus banderas ideológicas. La exhumación de Franco del Valle fue una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno cuando Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 y para el recuerdo queda cuando el presidente dijo que "uno de los motivos" por los que pasará a la historia es el de haber sacado al dictador de Cuelgamuros. Además, aquí sí parece poder contar con sus socios, algo que se le atraganta en otros frentes.