El PP usa un informe de los letrados del Senado para 'vetar' las rebajas a etarras y el PSOE lo considera una treta

Ocurrirá sí o sí pero, mientras eso pasa, el último paso dado por el PP obligará a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, a pronunciarse por primera vez sobre la polémica medida.

El choque entre las dos cámaras es inminente: los populares aseguran haber encontrado un "vacío legal" que permite vetar la ley, mientras los socialistas les acusan de haber amañado el reglamento.  

Lo ocurrido es lo siguiente. El presidente en el Senado, Pedro Rollán, anunció que la votación de este lunes en contra de la reforma aprobada en el Congreso podía considerarse como un veto contra la ley, que vuelve a la Cámara Baja, pese a que ningún partido registró enmiendas. Ahora, Armengol deberá responder a ese requerimiento y, a priori, convocar un Pleno para decidir si levanta el susodicho veto.

Lo que esto quiere decir es que la presidenta y la Mesa del Congreso deberán posicionarse sobre una ley que a los socialistas les quema en las manos. De hecho, el PSOE delegó en Sumar tanto la redacción del texto como su defensa parlamentaria y política. Hasta el momento, los socialistas siguen mirando hacia otro lado. 

Fuentes parlamentarias del PP señalaban este lunes que las críticas al veto de Rollán "demuestran que el PSOE y Sánchez defienden a Bildu por encima de las víctimas".

Un veto así no tiene precedentes en Democracia y amenaza con provocar un choque institucional entre las dos cámaras. Pero los populares apelan al informe de la secretaría general del Senado.

Europa Press

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En él, los letrados de la Cámara Alta argumentan que por mucho que ningún partido presentara una propuesta de veto, se debe entender que "un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso".

"Sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo", continúa el informe.

"Ni en la Constitución ni en el Reglamento de la Cámara se prohíbe la existencia del veto no presentado como tal formalmente", prosigue, en lo que fuentes parlamentarias definen como un "vacío legal".

A efectos políticos, deberá ser ahora la Mesa del Congreso la que estudie la situación, también con los informes de sus propios letrados, y decida si aceptar el veto. Si Armengol lo hace, deberá plantear una votación en el Congreso; si no, entrará en conflicto con el Senado, no reconocerá su decisión y dará por aprobada la ley.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, considera que la maniobra de Rollán es una artimaña legal, y ha dado a entender que, a la espera del informe de los abogados de la Cámara Baja, para el PSOE "no ha habido un veto, sino una votación en contra". "La norma podría ir directamente al BOE", ha valorado.

La semana pasada, cuando se supo que la norma beneficiaría a los presos de ETA, fuentes de la dirección del PP dijeron en un primer momento que no tenían margen de actuación, ya que no habían presentado enmiendas ni propuestas de veto. Tanto es así que los populares decidieron retrasar el debate una semana para presionar al Gobierno a que retirara el proyecto de ley en el Congreso. No fue así.

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Nadie se esperaba el movimiento del presidente del Senado este lunes. Un veto de la Cámara Alta implica haber presentado previamente una enmienda de totalidad, cosa que nadie hizo, y después debatirlo y votarlo; si el veto prospera, a la semana siguiente se debate en el Pleno del Congreso, que puede levantarlo con mayoría absoluta.

Un trámite inofensivo

En principio, el primer borrador para la reforma de la Ley Orgánica 7/2014, en marzo de 2024, no incluía los efectos que ahora conocemos. De hecho, en su anexo documental se incluían los mismos informes oficiales encargados dos años antes al Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el CGPJ y los ministerios del Interior y Justicia. La enmienda-trampa apareció tres meses después, en junio.

Los grupos registraron un total de 13 enmiendas, cinco de ellas de Sumar. Las dos últimas son las que han generado todo el revuelo: una elimina ciertas limitaciones y la otra anula la disposición adicional única de la ley, que es el motivo por el que no se podía aplicar a condenas anteriores al 15 de agosto de 2010.

Una vez registradas las enmiendas, el texto se debatió entre los partidos el 31 de julio a mediodía en la Sala Lázaro Dou del Congreso de los Diputados. Estos encuentros se hacen a puerta cerrada y derivan en un informe sobre la ley en cuestión; ese informe se lleva a la Comisión de Justicia y de ahí se debate en el Pleno.

Foto: Guillén (EFE) | Vídeo: E.E.

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Para la ponencia, el PP eligió a los diputados José Manuel Velasco, Rafael Benigno Belmonte y María Jesús Moro; esta última sustituía a Ana Vázquez, portavoz de Interior, que no pudo acudir ese día. Todos los grupos votaron a favor a excepción de los tres representantes de Vox (Javier Ortega-Smith, Carlos Flores y Emilio Jesús del Valle), que se abstuvieron.

Se aceptaron todas las enmiendas a excepción de una de Sumar, dos de Podemos y una de Junts. 

El informe se ratificó el 10 de septiembre en la Comisión de Justicia, también con el apoyo del PP. Vox votó simbólicamente en contra, dijeron sus diputados, "para no dar ni una gota de oxígeno a este Gobierno". Una semana más tarde, el 17, el dictamen llegó al Pleno y ahí, ya sí, todos los diputados presentes (faltaban cuatro) aprobaron la reforma que rebaja penas a los etarras: 346 síes.