Actualidad política, en directo | Tudanca defiende un modelo de PSOE basado "en la militancia, no en un despacho de Madrid"

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha afirmado este miércoles que él defiende un partido basado en los militantes y "no en lo que se decida en un despacho de Madrid".

En una asamblea extraordinaria del PSOE en Burgos tras la decisión de la Secretaría General del PSOE de suspender el proceso congresual y de primarias del partido en Castilla y León, Tudanca ha reconocido que estos son "días convulsos" y se ha mostrado partidario de explicar lo que ocurre a los militantes.

"El modelo de partido que defiendo es en el que la voz de los militantes sea la que decida y no cuatro en un despacho en Madrid", ha subrayado el líder del PSCyL que ha defendido su autonomía y lucha por los intereses de Castilla y León.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles con el primer ministro de Kuwait, el jeque Ahmad Abdulá al Ahmad al Sabá, en Bruselas, en el marco de la I Cumbre UE-Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, con quien ha abordado la situación de conflicto en Oriente Próximo además de las relaciones bilaterales.

En un mensaje en la red social X, Sánchez ha reiterado que ambos están de acuerdo en que debe "imponerse inmediatamente" un alto el fuego en Gaza y Líbano.

"Y en que debemos avanzar hacia un proceso político que haga realidad la solución de los dos Estados y ponga fin definitivamente al conflicto. Árabes y europeos tenemos que unir nuestras fuerzas por la paz. Juntos, nuestra voz es más fuerte", ha añadido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará este jueves a Bruselas los casos de presunta "corrupción" que, según los 'populares', "acechan" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que acusan de "dañar" las instituciones en España tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, según han señalado fuentes 'populares'.

Feijóo participará en la capital belga en la cumbre del Partido Popular Europea (PPE), previa al Consejo Europeo, y allí tendrá oportunidad de departir con su familia política sobre la situación por la que atraviesa el Gobierno español tras las últimas revelaciones del llamado 'caso Koldo' o las investigaciones judiciales que afectan a su esposa y su hermano, según fuentes del partido.

"Será tema de conversación y recurrente porque no es habitual que otros países de la UE tengan un contexto como el que tiene el presidente del Gobierno de España", han señalado fuentes del equipo de Feijóo, que también enmarcan en ese "contexto sociopolítico" español la decisión del Tribunal Supremo de imputar por primera vez a un fiscal general del Estado.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que ya se ha puesto en contacto con los agentes sociales para darles el detalle que necesiten sobre el plan de ajuste fiscal estructural a medio plazo presentado a Bruselas, tanto en lo relativo a la evolución de esta regla de gasto como a las reformas adicionales comprometidas.

El titular de Economía ha trasladado este mensaje en la Comisión Mixta para la Unión Europea, después de que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, haya denunciado que el Gobierno ha incumplido la consulta formal previa a los agentes sociales en relación al Plan Fiscal y Estructural hecho público.

Frente a esto, Cuerpo ha defendido que Bruselas no señala la obligación de presentar este plan de manera anterior a su envío, pero en cualquier caso ha asegurado que ya se ha puesto en contacto con los agentes sociales para abordar los detalles del mismo. "De hecho, se lo mandé a ellos también en paralelo al envío que hicimos a Bruselas", ha apuntado el ministro.

El PSOE ha propuesto a ERC y Junts que la comisión del Congreso encargada de investigar la conocida como 'Operación Cataluña' atribuida al Gobierno Rajoy se ocupe también de examinar las denuncias de espionaje a independentistas con el programa 'Pegasus' que se achaca al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ya con Pedro Sánchez en el Gobierno. Los independentistas han dado su visto bueno renunciando a la comisión específica sobre el uso de ese programa israelí.

En agosto de 2023, a cambio del apoyo de ERC y Junts a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, los socialistas accedieron a que se abrieran investigaciones sobre la 'Operación Cataluña', los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de 2017 y el 'caso Pegasus'.

Las tres comisiones se constituyeron el pasado 28 de febrero y a la vuelta del verano el PSOE pactó con sus socios catalanes activar las dos primeras y dejar la de 'Pegasus' para más adelante. Sin embargo, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, ahora lo que planea es dejar caducar esta última y que su función sea asumida por la comisión sobre la 'Operación Cataluña'.

El PP de Alberto Núñez Feijóo contempla la posibilidad de que el juez decida archivar la querella que presentó este lunes contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, relativiza el coste que podría suponer ese archivo por entender que su obligación es pedir que la Justicia investigue cualquier "indicio" de posible corrupción, dado que están ante un "escándalo de dimensiones desconocidas", según fuentes del partido.

"Estamos en la vía de desgastar a Sánchez", han reconocido fuentes de la cúpula del PP, que han insistido en que el objetivo de la oposición es controlar al Gobierno y pedir que se investigue la presunta corrupción que puede haber detrás de la entrega de "bolsas de dinero en metálico en Ferraz" a "cambio de favores" políticos.

En concreto, la querella se fundamenta en dos testimonios anónimos recogidos por 'The Objective' el 

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que debe hacerse responsable de que a los españoles se les devuelva cada euro público robado" en el 'caso Koldo'.

Así lo ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'X' para proclamar que esta trama, como otras que afectan al PP, revelan que el "bipartidismo no sabe gobernar sin corrupción, incluso en los peores momentos de la emergencia sanitaria" durante la pandemia del Covid-19.

El martes Podemos reclamó que tanto PSOE como PP sean responsables subsidiarios de sus presuntas tramas de corrupción, de cara a que respondan con su propio patrimonio para garantizar que se devuelve todo el dinero público.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reafirmado que el PSOE actuó con "contundencia y rapidez" para apartar al exministro José Luis Ábalos, después de que este mismo miércoles la Fiscalía Anticorrupción se haya posicionado a favor de investigar al exdirigente socialista en relación al 'caso Koldo' al ver indicios de delito.

En declaraciones a los medios antes del inicio de la Comisión de Economía en el Congreso de los Diputados donde comparece para explicar las líneas de acción de su departamento ha señalado que los socialistas actuaron de forma "contundente y transparente".

"A diferencia de lo que hace el Partido Popular, se actuó con contundencia, con rapidez, con transparencia, todo lo contrario que hace un partido como el PP, que destruía las pruebas que les pedía el juez", ha indicado.

López ha sido el primer integrante del Consejo de Ministros que se posiciona después de que Anticorrupción pida al Tribunal Supremo que investigue a Ábalos al apreciar indicios de delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por, según la iniciativa del PP, su "incompetencia" al frente del departamento y por su "incapacidad para solventar el caos ferroviario" en Cercanías, Rodalies y trenes de media y larga distancia.

La votación ha salido adelante por 186 votos a favor, 156 en contra y tres abstenciones.

Los 'populares' ya sacaron adelante la reprobación del ministro en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el 25 de septiembre pudo censurar al exalcalde de Valladolid con el apoyo de aliados parlamentarios del Gobierno como Junts y ERC.

El PP ha registrado este miércoles en el Senado una solicitud de comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que informe de las medidas que tomará el Gobierno tras haber sido "imputado" el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, citará a Bolaños en la Comisión de Justicia, además de interpelarle con preguntas sobre este tema en la próxima sesión de control en el Pleno.

En un comunicado, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha instado a García Ortiz a dimitir y ha considerado "inadmisible" que Bolaños le defienda.

Los grupos parlamentarios de ERC, Junts, los Comuns y la CUP han instado al Estado a "pedir perdón por el asesinato del president Lluís Companys", mientras consideran que la nulidad del juicio del que fue objeto es "un paso significativo en la reparación de su memoria, pero llega tarde y es insuficiente".

Así lo reza una declaración del Parlament ante la que el grupo socialista se ha abstenido, que han rechazado el PPC y Vox y a la que se ha sumado Aliança Catalana. La declaración no se ha leído en el pleno al no reunir el apoyo de dos tercios de los diputados de la cámara.

"El Parlament considera que el Estado debería pedir perdón por el asesinato del president Companys y por haber tardado más de ocho décadas en reconocer la nulidad del juicio al único presidente de Europa asesinado por los fascistas", reza el texto.

El Partido Popular contempla la posibilidad de que la Justicia archive su querella contra el PSOE por supuestos delitos de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal, y hay dirigentes que ven una "gran posibilidad" de que esto ocurra, aunque avalan su presentación.

Así lo han apuntado fuentes de la dirección del Partido Popular, que señalan también que el riesgo corrido al presentar esta querella, que se basa en testimonios anónimos publicados en prensa sobre el traslado de bolsas con dinero a la sede del PSOE, está calibrado.

En esta misma línea, otras fuentes de la dirección nacional del PP han defendido el paso de acudir a los tribunales, porque, al margen del recorrido de esta querella, ha permitido poner en el foco una publicación periodística sobre supuestos pagos al Gobierno para conseguir licencias de hidrocarburos.

Diputados aducen además que el PP está cumpliendo con su responsabilidad llevando estas informaciones a la Justicia y señalan que una publicación en prensa es un indicio para pedir una investigación judicial.

El conflicto entre el Senado y el Congreso a cuenta de la ley que beneficia a más de 40 presos de ETA acabará en el Tribunal Constitucional, tal como advierte Pedro Rollán a Francina Armengol en un oficio al que ha tenido acceso este periódico.

La Fiscalía Anticorrupción ha enviado un informe al juez del caso Koldo en el que apoya que el magistrado solicite al Supremo la imputación del exministro José Luis Ábalos.

Al tratarse de un diputado del Congreso y, por tanto, estar aforado, sólo el Alto Tribunal puede citarle a declarar como investigado. Para ello, el juez Ismael Moreno debería enviar lo que se conoce como exposición razonada, un documento en el que explique los indicios contra un aforado.

Fuentes de Anticorrupción confirman a EL ESPAÑOL que el Ministerio Fiscal ha tomado esta decisión después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enviase al juez su último informe, que, en efecto, recoge indicios en contra del exministro de Transportes.

El secretario de Organización de Podemos y procurador del partido en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha asegurado este miércoles que la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos demuestra que el PP "controla el Poder Judicial".

Fernández ha asegurado, en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, que el PSOE cometió "un gravísimo error" pactando con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al "entregar" de ese modo el Poder Judicial a los populares.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respaldado este miércoles la labor de la Fiscalía General del Estado y ha pedido que la forma de hacer política en España "cambie de una vez por todas".

Así lo ha manifestado en el Congreso de los Diputados tras conocerse la apertura de una causa penal contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Respeto absoluto a todas las instituciones del Estado, también las jurisdiccionales, y todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado (...) y me gustaría que la forma de hacer política en este país cambie de una vez por todas", ha dicho Yolanda Díaz.

Asimismo, la vicepresidenta ha afirmado que el Partido Popular tiene que asumir que va a seguir en la oposición "durante mucho tiempo", por lo que -ha añadido- sería conveniente que los populares realicen políticas públicas que sirvan para "mejorar la vida" de los españoles.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenece Álvaro García Ortiz- respalda al fiscal general del Estado tras la decisión del Tribunal Supremo de imvestigarle por presunta revelación de secretos.

La UPF ha mostrado su "profunda preocupación" por "la presión y el desgaste" al que están siendo sometidos la figura del jefe del Ministerio Público y la propia institución.

En un comunicado difundido este miércoles, la UPF sostiene que el auto del Supremo "en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia" del fiscal general y muestra, "de forma sosegada pero firme", su discrepancia con la argumentación del alto tribunal para imputar a García Ortiz.

En este sentido, la asociación respalda el criterio de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que en su informe defendió que los hechos investigados no tienen carácter delictivo.

El Partido Popular ha pedido personarse en la causa abierta por supuesto fraude de hidrocarburos por la que ingresó en prisión provisional el presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

Fuentes de la dirección nacional del PP han informado a EFE de esta solicitud, presentada el lunes, y que forma parte la estrategia judicial del PP para hacer frente ante la presunta corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que la Unión Europea explore "posibles vías" para la creación de centros de deportación de migrantes irregulares fuera del territorio comunitario mientras se resuelven sus casos en la UE.

"Eso que tenga, desde luego, algún matiz o alguna cuestión que lo aclare", ha señalado la vicepresidenta primera en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

Montero ha advertido de que la posición del Gobierno de España en esta materia "ha sido siempre tajante": "Nos oponemos de forma fehaciente a que haya ningún tipo de solución a un tema tan complejo como la migración".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado a la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, con un mensaje en la red social X: "Y el fiscal general del Estado, también va pa'lante".

Así se ha expresado la presidenta madrileña tras conocer que el Tribunal Supremo (TS) ha imputado este miércoles a García-Ortiz por la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de Ayuso, Alberto González Amador.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado y ahora el TS ha acordado imputarle.