El PP exige que el fiscal "dimita esta misma mañana" y que con él se marche Sánchez: "Deben irse ya los dos"

La número dos del PP ha elevado, además el tiro, en consonancia con las palabras del presidente de su partido: "Hoy, ante el goteo incesante de corrupción que le acecha, Alberto Núñez Feijóo le ha dicho al número uno de la trama que se marche. Yo añadiría 'váyanse los dos', no pueden seguir un minuto más comprometiendo el funcionamiento de la Justicia y manchando las instituciones de este país".

A las 9.20 horas, se iba el presidente del Congreso de los Diputados. Recién terminaba de contestar con evasivas a todas las preguntas sobre "la corrupción de su Gobierno, su partido y su entorno personal" durante la sesión de control al Gobierno y Sánchez se ausentaba aceleradamente.

Caía tal lluvia en Madrid en la mañana de este miércoles, que el coche lo esperaba bajo un arco, para protegerle del chaparrón. Pero la tormenta, una más, sólo estaba por llegar, porque apenas nueve minutos después, se conocía la noticia.

"¿Se acuerdan ustedes del presidente diciendo que la Fiscalía depende de él? Pues ya que es él quien le manda, que el mismo Sánchez le pida la dimisión, antes de irse también", rememoraba Gamarra ya en los pasillos. 

A García Ortiz, en realidad, ya sólo le separa de la condena que el Tribunal Supremo considere delictiva aquella nota pública de la Fiscalía explicando las interioridades de la negociación con el novio de Isabel Díaz Ayuso para acordar un arreglo a su presunto fraude a la Hacienda Pública.  Porque él mismo que ya se ha confesado públicamente responsable de los hechos.

Él fue quien dio la orden de publicar esa nota, el que dictó los términos del comunicado. El fiscal general del Estado reveló los términos de la negociación con el abogado de Alberto García Amador porque no quería que las filtraciones del entorno de la presidenta madrileña le "ganaran el relato".

Está imputado el fiscal ante el Supremo, por unos hechos que él mismo ha admitido. Y pocos minutos antes, el presidente había dicho que en la España que el Gobierna, "quien la hace la paga", respondiendo a la pregunta de control de Feijóo.

Lo había dicho Sánchez en referencia al caso de José Luis Ábalos y su implicación en el antes conocido como caso Koldo. Pero desde la bancada del Partido Popular, al cabo de unos minutos, el portavoz Miguel Tellado le recordaba que "probablemente" se había ido "tan raudo" del Congreso por eso, por lo de "de quién depende la Fiscalía"... aquella frase, de hace ahora cinco años, que usó Sánchez para explicar por qué se sentía capaz de "prometer que traería a Carles Puigdemont ante la Justicia".

El auto del Supremo

La propia Gamarra ha señalado que Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha exigido este miércoles la dimisión de García Ortiz. En un comunicado de esta asociación, consideran que tras la decisión del alto tribunal, el fiscal general "ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio" que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Pero el fiscal, la persona que encarna la institución máxima responsable de la persecución de los delitos en España, ya se ha negado a dejar el cargo. Ésas han sido sus palabras después de conocer la noticia de que es el autor confeso de unos hechos que, por unanimidad, los magistrados de la Sala Penal del Supremo consideran indiciarios de delito.

La Sala ha estado formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela. Ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado.

En su auto, recoge que la cuestión primordial es determinar si la conducta atribuida por los querellantes, y que se detalla en la exposición razonada, al aforado, puede subsumirse en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

Concluye que concurre el primer elemento del tipo penal, la existencia de autoridad o funcionario público que tiene conocimiento y hace públicos secretos o informaciones conocidas en el ejercicio de su cargo, y que tienen carácter reservado.