El Consejo de Europa alerta tras el decreto del Gobierno: RTVE corre "riesgo de debilitar su independencia política"

La publicación se ha hecho pública apenas 24 horas después de que el PSOE impusiera la celebración de un pleno extraordinario en las Cortes españolas, a pesar de que tanto el Congreso como el Senado habían suspendido todas sus actividades políticas e institucionales en señal de "respeto" por las víctimas del temporal más devastador en un siglo en España, que a ha causado al menos 150 muertos y mantiene a 250 personas desaparecidas.

Según destaca el texto, la nueva legislación rebaja las mayorías parlamentarias necesarias para la elección de los miembros del Consejo, lo que supone un "riego cierto para el mantenimiento de la independencia política" de los medios de la corporación pública. Además, el decreto otorga poderes discrecionales para la contratación de productoras y desequilibra la representación de las dos Cámaras que componen el Parlamento español.

El Consejo de Europa publica cada año un informe sobre la libertad de prensa en Europa. El de 2024, que vio la luz en marzo, se titula Es hora de cambiar el rumbo, y destaca la necesidad de lanzar campañas como Journalists matter (los periodistas importan) en la defensa de a democracia.

Ese documento, sobre todo, celebra "el acuerdo político alcanzado en diciembre [de 2023] entre las instituciones de la UE sobre la Media Freedom Act" (Ley Europea de Libertad de Prensa) como "hito importante para hacer retroceder los ataques a la libertad de prensa".

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Precisamente, este Reglamento es contra el que atenta el nuevo decreto del Gobierno de España, que ha impuesto un reparto de asientos en el consejo de RTVE entre sus socios, marginando a la principal formación política de la oposición, el Partido Popular. Los diputados del PP, además de los de Vox y Compromís, abandonaron el hemiciclo y no participaron de la votación.

"Amenaza grave"

La alerta del Consejo de Europa califica el riesgo en el "nivel 2", el más alto dentro de los que tiene definidos en su escala, equivalente a una "amenaza grave a la libertad de prensa". Según esta categorización, el riesgo atribuido al decretazo del Gobierno de Pedro Sánchez "tiene un impacto sistémico en la situación de la libertad de prensa" en España.

Este nivel 2 incluye, entre otras, "agresiones físicas que causen daño corporal real a los periodistas", y actos de "intimidación y acoso". También, el uso por parte de figuras públicas de "lenguaje amenazante o gravemente abusivo" hacia miembros de la profesión periodística o la "confiscación o daño injustificado a la propiedad o equipo" de los reporteros.

Además, están incluidas en la misma categoría de "amenazas graves" las "leyes y reglamentos que restrinjan indebidamente la libertad de los medios de comunicación o el acceso a la información". Asimismo, las acciones que "pongan en peligro la confidencialidad de las fuentes o la independencia de los organismos de radiodifusión del sector público".

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El Consejo de Europa alerta también como riesgos de nivel alto el "uso abusivo o desproporcionado de la legislación, el uso indebido de los poderes gubernamentales o de otro tipo para dirigir el contenido de los medios de comunicación o para penalizar a los medios o a los periodistas, y la interferencia con la libertad de los medios de comunicación a través de la propiedad, el control y la regulación".

Asociaciones de periodistas

Según el Consejo de Europa, "los periodistas tienen un papel vital para ayudar a controlar los Gobiernos". Y cada ataque al periodismo "es un ataque contra la democracia", porque cuando "prevalece la impunidad, prevalece el silencio".

La alerta destaca que numerosas asociaciones de periodistas, sindicatos y los mismos consejos de informativos de Radio Nacional de España y Televisión Española han expresado su rechazo a la nueva legislación.

Entre ellas, señala con especial énfasis los comunicados de los órganos de representación de los periodistas de TVE y RNE. Los consejos de redacción de RTVE expresaron "la necesidad de establecer mayorías cualificadas para garantizar la pluralidad y la máxima representatividad en el órgano de gobierno de la radiotelevisión pública".

También llamaron a las fuerzas políticas españolas a "mantener el concurso de méritos como mecanismo para garantizar la independencia en el nombramiento de consejeros". Ambos aspectos han sido soslayados en la nueva legislación.

Otra entidad independiente que ha elevado su voz contra el decreto del Gobierno que señala el Consejo de Europa es la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FESP), que criticó la nueva "oportunidad perdida para garantizar la independencia de RTVE". También la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que exigió "el concurso público en RTVE" y lamentó "la falta de acuerdo de los grupos políticos".

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Finalmente, el sindicato CCOO es reseñado por el Consejo de Europa al calificar como "decretazo" la iniciativa legislativa. Según la central de trabajadores, el Gobierno "sigue sin asegurar la independencia de la Corporación pública".

Vigilancia

Finalmente, la alerta advierte de que mantendrá su sistema de vigilancia, con acciones de seguimiento previstas. Entre ellas, pide "revisar el decreto para garantizar la independencia política de los miembros del consejo" de RTVE.

El Consejo de Europa, a pesar de su nombre, no es un organismo de la Unión Europea, aunque es fuente de derecho y de criterio común para interpretar legislación sobre principios democráticos. Es una organización supranacional a nivel continental, con sede en Estrasburgo (Francia), integrado por 46 Estados miembros y fundado el 5 de mayo de 1949.

Es la más antigua de las organizaciones impulsoras de la integración europea, y la única que integra a todos los Estados europeos. Sólo están excluidos expresamente Bielorrusia,​ Kazajistán,​ la Ciudad del Vaticano​ y Rusia por mantener regímenes políticos "incompatibles con los principios" democráticos, de defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho.