"El impacto de la DANA depende de las medidas de las CCAA": Moncloa señala a Mazón omitiendo sus propios errores

Sin embargo, el Gobierno central no alertó a la Generalitat Valenciana sobre el riesgo extremo que implicaba esta  DANA y no reunió a su comité de crisis hasta el martes por la noche, cuando miles de personas ya se encontraban atrapadas por la crecida de las aguas en sus vehículos, viviendas o empresas. 

A medida que se sucedían las horas, en la trágica jornada del martes, el Gobierno tampoco lanzó advertencias para evitar que se produjeran desplazamientos de vehículos hacia Valencia, hasta que fue demasiado tarde.

Kai Försterling Efe

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El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, recibió este jueves en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) primero al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y luego al presidente Pedro Sánchez, al que agradeció que no haya tardado en visitar la región para ofrecer la ayuda del Gobierno. 

En declaraciones a los medios, Feijóo reprochó que el Gobierno no le haya informado sobre la situación de las regiones afectadas y lamentó la "soledad" con la que los presidentes autonómicos han tenido que hacer frente a la tragedia.

"Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe", explicó ante los periodistas Feijóo, que detalló que algunas de estas informaciones proceden de organismos estatales como "la Aemet, que informa de la previsión y las horas de precipitaciones, y la Confederación Hidrográfica, que es la que tiene competencia exclusiva en los cauces y la gestión hidráulica de los ríos".

Tan sólo unos minutos después, el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, difundía un comunicado de tres páginas para señalar la responsabilidad de las comunidades autónomas y desmontar los argumentos de Feijóo.

El comunicado indica que la Aemet venía informando desde el jueves 24 de octubre de la proximidad de un fenómeno de "gota fría" y, ya el martes 29 a las 7:31 horas, elevó su alerta a "aviso rojo", con especial riesgo en la Comunidad Valenciana.

"La evaluación del peligro de una alerta corresponde a las administraciones autonómicas, puesto que el análisis concreto del riesgo se debe adaptar a múltiples factores (territoriales, urbanísticos, orográficos, etc.)", dice al respecto el Ministerio de Teresa Ribera.

"Lo que en ningún caso pueden hacer Aemet ni las confederaciones hidrográficas", señala la nota de prensa del Ministerio, "es tomar las decisiones de gestión del riesgo que competen a Protección Civil".

Y recalca que "el impacto de un fenómeno meteorológico depende de la preparación para afrontarlo y de la evaluación y las medidas que adopten las comunidades autónomas".

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El Ministerio de Transición Ecológica hace recaer, de este modo, en la Generalitat Valenciana toda la responsabilidad de la gestión de la crisis que ya se ha cobrado más de 150 muertes.

Del mismo modo, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, emitió este jueves otro comunicado en el que recalca que activar y gestionar los planes de Protección Civil de ámbito territorial ante cualquier emergencia es "responsabilidad exclusiva" de las autoridades autonómicas, que son "las competentes en la materia según lo dispuesto en la legislación vigente".

Ya el miércoles por la tarde, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había asegurado en rueda de prensa que su departamento no recibió hasta las 20:36 horas del martes la petición de la Generalitat Valenciana para que interviniera la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Sin embargo, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (del mismo partido que el ministro), había informado en las redes sociales el martes a las 15:21 horas (casi cinco horas antes de lo que sostiene el ministro) que la Generalitat había solicitado activar la presencia de la UME.

"Desde el Gobierno de España atendemos la petición y colaboramos con ellos ante la emergencia provocada por la DANA en Utiel", comunicó Bernabé.

Mientras se calentaba la controversia política, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, lanzaba un dramático llamamiento: "Nos tienen olvidados", denunció, "no hemos visto un camión de bomberos, ni a la Guardia Civil, ni a la UME en días. Aquí no viene nadie".

"Hay gente que está conviviendo con cadáveres en sus casas, es muy triste. No hemos visto un solo vehículo de emergencias de ninguna institución, solo tenemos a la Policía Local y una patrulla de la Policía Autonómica", lamentó el regidor.

Finalmente, poco después de las cinco de la tarde, Carlos Mazón anunció que solicitado al Gobierno que "los efectivos disponibles del Ejército de Tierra Mar y Aire" participen en "las labores logísticas y de distribución de ayuda a la población".

Un grupo de asociaciones de izquierda radical, encabezadas por la catalanista Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha convocado una manifestación para el sábado 9 de noviembre, a las 18 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, con el fin de exigir la dimisión de Mazón por la gestión de la emergencia.

A la convocatoria se han sumado entidades como Arran (las juventudes de la CUP), el sindicato CNT y la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática del País Valencià.