El Gobierno claudica y pide por fin ayuda a la UE para afrontar la emergencia migratoria como pedían Canarias y el PP

Ángel Víctor Torres prevé convocar una nueva reunión con esos gobiernos autonómicos y con el PP "para cerrar la reforma de la Ley de Extranjería, que es la solución estructural al problema". Así lo ha podido confirmar este diario en fuentes de los tres Ejecutivos.

Sin embargo, fuentes cercanas al portavoz parlamentario del Partido Popular confiesan no tener ninguna información al respecto: "Miguel Tellado se levantó de la mesa hace casi un mes, y desde entonces no ha sabido nada nuevo del Gobierno". De hecho, los populares no han sido informados oficialmente de que el Gobierno pedirá la asistencia de la UE. 

Tampoco el Gobierno ha detallado a las autoridades de Ceuta o Canarias qué tipo de ayudas solicitará el Ejecutivo a Bruselas.

La decisión del Gobierno se puede asumir que es "una claudicación", apuntan fuente de la negociación, después de que el fin de semana del 5 de octubre, Tellado anunciara que suspendía las negociaciones con el Gobierno, tras unas declaraciones del ministro de Política Territorial rechazando la asistencia de la UE.

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Cuatro semanas después, el PP se mantuvo firme, a pesar de las presiones y ataques del Gobierno, que ha tratado de abrir una quiebra en la alianza de gobierno en las islas, entre los populares y Coalición Canaria, mientras condicionaba las ayudas a Ceuta, gobernada por el también popular Juan Jesús Vivas, a que se reanudara la negociación.

En los días siguientes, el ministro Torres negó haber dicho lo que, efectivamente, dijo: "No tiene sentido que se le exija a Francia, a Bélgica o a Alemania que acojan menores quienes no quieren hacerlo en sus Comunidades Autónomas", afirmó en una entrevista en TVE. Se le había preguntado por la petición del Partido Popular para que el Ejecutivo aceptara la ayuda de la Unión.

La asistencia había sido ofrecida por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por carta. La jefa del Ejecutivo comunitario llegó a plantear el anticipo de la entrada en vigor de las disposiciones del Acuerdo Europeo de Migración y Asilo, prevista para 2026 e incluso la activación del reparto de parte de los menores extranjeros no acompañados (menas) a otros Estados miembros.

Un mes antes, había sido el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, el que admitió, en el Parlamento Europeo, su "estupor" ante la gravedad de la situación en Canarias y que el Gobierno de Pedro Sánchez "no haya pedido" la asistencia.

En aquella comparecencia ante el comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara (LIBE), explicó que su agencia y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) podrían poner a disposición de España 3.000 agentes de fronteras, con patrulleras y fragatas, para frenar las rutas migratorias. Además de decenas de funcionarios que aliviarían la carga de registro administrativo de los menas y facilitarían su derivación a otros territorios comunitarios.

"Por fin el Estado escucha a Canarias y va a pedir ayuda a Europa para que nos den recursos con el objetivo de abordar la crisis migratoria". El vicepresidente del Gobierno de las islas, el popular Manolo Domínguez, celebra en conversación con este diario la decisión tomada por la comisión interministerial, reunida el martes pasado bajo la presidencia de Torres.

"Por fin han cedido", aplaude el entorno de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno insular. Desde el Ejecutivo canario ya se han puesto en contacto con la Dirección General de Interior de la Comisión Europea, para comunicar a Bruselas las necesidades de las islas, ya remitidas al Gobierno español, como demuestra una comunicación a la que ha tenido acceso este periódico.

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La comunicación es del miércoles 30 de octubre, sólo un día después de la reunión interministerial en la que Torres tomó la decisión de acudir a la ayuda de la Unión Europea. La celeridad en estos intercambios de información demuestra que la burocracia previa a la aprobación de la asistencia ya estaría en marcha y prueba el interés real de Bruselas por aportar soluciones a la crisis migratoria en España.

La interministerial

El Gobierno tomó dos acuerdos en la comisión interministerial del pasado 29 de octubre. El primero, enviar una carta a la Unión Europea para pedir ayuda en la gestión migratoria, como había exigido el PP, para que esta formación no tenga "ninguna excusa" y acepte retomar las negociaciones con el Ejecutivo sobre la derivación de menas a otras Comunidades Autónomas.

La segunda decisión es que, una vez haya remitido esta comunicación a la Comisión Europea, se convocará una nueva reunión con el PP, el Gobierno de Canarias y, como novedad, también el de Ceuta, hasta ahora excluido de unas negociaciones en las que Vivas había pactado con Clavijo que representara sus intereses.

La cita fue presidida por Ángel Víctor Torres, a quien Sánchez encargó la interlocución y coordinación de la crisis migratoria, y reunió a otros seis ministros con competencias en este campo. Estaban presentes la titular de Hacienda, María Jesús Montero; la de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Juventud e Infancia, Sira Rego; la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Junto a ellos, también acudieron representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las otras partes entienden que el ministro Torres aún no ha remitido la misiva a Bruselas, dado que no han recibido convocatoria alguna desde el Gobierno. "Y la crisis apremia, los menores no pueden esperar, y tanto Ceuta como nosotros tampoco", apuntan fuentes canarias.

Según fuentes del Ejecutivo, la comunicación a Bruselas incluirá un "detalle de las medidas activadas y coordinadas hasta ahora en la gestión de la crisis migratoria" a modo de descargo, ya que en Moncloa sentaron mal las declaraciones de Von der Leyen y del director de Frontex. Pero, sobre todo, la misiva solicitará "los apoyos que sean precisos en el inmediato futuro", aunque el Ejecutivo no los revela.

Origen político

El Gobierno busca desde antes de verano el apoyo del PP para sacar adelante la medida en el Congreso.

Entonces, Canarias pedía afrontar la solución vía decreto, para abordarla con urgencia; pero Moncloa se negó. Y los populares, desde el inicio, pusieron condiciones: movilizar las ayudas europeas, hacer un estudio de capacidades y necesidades por territorios, y que el Estado aportara recursos y fondos.

EU

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Después de una reunión secreta, celebrada el pasado 12 de agosto en Madrid, se había llegado a un acuerdo, a falta de dos cuestiones, ya dependientes del Gobierno. La primera, que Torres hiciese ese informe de capacidades actuales y requeridas a las CCAA para la acogida de menas. Y la segunda, que Hacienda pusiese recursos económicos sobre la mesa. 

Esos trabajos tomaron más tiempo del esperado y el ministro no volvió a convocar a Tellado y a Clavijo hasta finales de septiembre. Y cuando ya se acercaba el pacto, surgió la polémica de las ayudas europeas.

Según el Gobierno, España ha venido solicitando ayuda a la UE hasta ahora, con acciones emprendidas desde los departamentos de Juventud e Infancia, Interior, Inclusión o Exteriores.

Sin embargo, ninguna de ellas ha sido el despliegue de Frontex en las aguas canarias para evitar la llegada de nuevas embarcaciones, recuerdan fuentes del Gobierno canario. Tampoco se han utilizado los recursos de la oficina de asilo de la UE "para, al menos, cumplir con los derechos de los 1.000 niños malienses que tienen derecho a refugio". "Ni se han activado de las derivaciones voluntarias de menores a otros países de la Unión" que ofertó Von der Leyen.