El PSOE oficializará un giro intervencionista en su Congreso: radicaliza su visión de medios, vivienda y empresas

Sin embargo, muchas agrupaciones locales, especialmente aquellas de territorios que se han visto afectados por la DANA, han sufrido complicaciones para sentarse a abordar este debate interno. "Estamos a lo importante, que es ayudar", dice un alto cargo del PSOE valenciano.

Pero el giro se oficializará antes o después. Las diferencias entre la resolución de Valencia y la ponencia de Sevilla se evidencian desde el propio lenguaje utilizado. En la nueva ponencia, el PSOE habla de intensificar la lucha contra los "megarricos" (les menciona en cuatro ocasiones) y contra la "internacional ultra" (que menciona en cinco).

EFE

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Estos conceptos, habituales ahora en los discursos de Pedro Sánchez, ni siquiera aparecen en la resolución de Valencia. Tampoco aparecía el concepto de "grandes fortunas" ni la reducción de la edad de voto a los 16 años (que hasta ahora defendían en solitario Sumar y Podemos).

Vivienda

Pero el giro no se limita a las formas y llega a lo concreto. Por ejemplo, el PSOE ha pasado de decir en 2021 que hay que "encarar con valentía la regulación de la vivienda turística" a, ya este 2024, apostar directamente por prohibir la conversión de viviendas residenciales en turísticas en aquellas zonas de alta demanda. Quiere hacerlo antes de 2030.

El PSOE también aboga por contener los precios de los alquileres, aumentar progresivamente el parque público hasta superar al menos el 6% del total antes de que termine la década y combatir la especulación inmobiliaria. La medida estrella, en este caso, sería un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda.

Por otro lado, una novedad que Podemos lleva años reclamando y que ahora asume la ponencia de los socialistas es la de blindar el derecho a la vivienda en la Constitución. La fórmula, en este caso, sería "mantener de forma permanente la
titularidad publica en el caso de las viviendas de promoción pública".

Empresa

Una de las medidas más llamativas de la ponencia del congreso de Sevilla es la de obligar por ley a las grandes empresas a repartir una parte de sus beneficios entre sus empleados, "con el objetivo de fomentar la involucración y la eficacia de nuestra fuerza laboral y lograr una distribución más equitativa de la riqueza".

En la resolución del congreso de Valencia, en cambio, el partido apostaba por medidas más laxas. Entonces, los socialistas hablaban de territorializar los beneficios empresariales mediante un sistema de base imponible común, a través del Impuesto de Sociedades.

Si se compara, por ejemplo, con el programa económico de Sumar el año pasado –el actual está todavía por actualizarse–, las medidas no llegaban tan lejos. Entonces, durante el contexto electoral, la coalición liderada por Yolanda Díaz proponía que los empleados participasen en las decisiones de la alta dirección para "democratizar las empresas", pero no hablaba de repartir los beneficios. 

En su anterior congreso de 2021, el PSOE también se comprometía a combatir la distribución desigual de beneficios y salarios, con medidas como mejorar las retribuciones o recuperar la fortaleza sindical, pero ahora habla directamente de obligar por ley a repartir los beneficios.

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Trabajo

El PSOE también se ha vuelto más ambicioso en cuanto al SMI. Tras el 40 congreso, los socialistas se comprometieron a que el SMI llegara al 60% del salario medio. Ahora buscan que se sitúe "siempre por encima" de ese porcentaje. Pasa algo similar con la jornada laboral: en la resolución anterior hablaban de reducirla, pero sin especificar. Ahora se les queda corta la de 37,5 horas que pactaron al inicio de la legislatura y ya apuntan a la de 36 horas.

Aunque ese fue el acuerdo de coalición, es cierto que Sumar siempre ha dicho que le parecía poco y que, de hecho, su objetivo es ir reduciendo la jornada laboral progresivamente hasta llegar (en un futuro indeterminado) a las 32 horas semanales sin reducción salarial, como piden los sindicatos. La génesis de todo esto, dicen, sería una Ley de Usos del Tiempo, que es la misma fórmula que defendía Sumar en 2023.

Entre las medidas relativas al mercado laboral, la ponencia del PSOE también recoge una propuesta para "reemplazar el actual esquema de políticas activas de empleo por un sistema integrado de formación continua".

Medios de comunicación

Para Ferraz, la estrategia de achicar el espacio de Podemos y Sumar se ha convertido en una constante en los últimos años. Lo que empezó con el Plan de Acción Democrática en verano ha terminado en una declaración de intenciones.

Hace unos meses, Sánchez no llegó a explicar qué ocurre si desde una web no registrada como medio de comunicación se difunden bulos o qué perjuicios tendrá esa página respecto a las que sí sean consideradas medios. Es decir, no acabaría con lo que llama "pseudomedios" ni con los grupos de Telegram como el de Alvise Pérez, utilizado para difundir información falsa. Ahora sí.

En las resoluciones de hace tres años, los socialistas veían a los medios de comunicación como aliados para combatir la desinformación, mientras que ahora han pasado a una línea mucho más dura.

Esto se traduce en varios objetivos, entre los que se enmarcan "más transparencia y rendición de cuentas" en los medios de comunicación privados y las redes sociales. "No podemos dejar que los enemigos de la democracia usen el anonimato de las redes y la libertad de expresión para difundir bulos [...] como tampoco podemos dejar que existan pseudo medios digitales opacos, con más financiadores que lectores", asevera el partido. 

Sobre esto, las medidas que proponen los socialistas van desde obligar por ley a los medios a hacer públicas sus fuentes de financiación, hasta obligar a que implanten "sistemas de verificación", también en redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Esto quiere decir que meten en el mismo saco a los periódicos, televisiones privadas, aplicaciones de mensajería y redes sociales, que es donde dicen que se difunde la información falsa. Así, también proponen "una auditoría para los algoritmos de las redes sociales", con la que esperan evitar las llamadas cámaras de eco, y un "plan de alfabetización mediática" en institutos, para enseñar a contrastar la información e identificar noticias falsas.

Fiscalidad

Los socialistas defienden un sistema fiscal más progresivo "que incluya también los tributos cedidos a las comunidades autónomas y las administraciones locales" a las rentas más altas. Formalmente, el PSOE reclama subir el tipo impositivo del Impuesto sobre el Patrimonio "de los megarricos" hasta un 5% y establecer una tributación mínima del 50% en la tarifa general del IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros anuales.

A esto le añaden un segundo epígrafe, que es establecer un impuesto estatal sobre las grandes herencias y donaciones que actúe como impuesto mínimo "e impida que algunas comunidades autónomas dejen sin efecto el actual", mediante bonificaciones como las establecidas por gobiernos regionales del PP. También subyace la idea de incrementar el Impuesto de Sociedades a las empresas en las que los ejecutivos cobren "40 veces" la media de los empleados.