Puigdemont mantiene en vilo al Gobierno: lanzará un ultimátum este lunes y dejará en el aire el apoyo a los Presupuestos

Aunque acostumbrado a surfear los problemas, el Gobierno sumará este lunes un nuevo quebradero de cabeza: Carles Puigdemont tiene previsto ofrecer una comparecencia pública desde Bruselas, en la que hará balance de los incumplimientos del Gobierno en los pactos suscritos con Junts y dejará en el aire el apoyo de los siete diputados de su partido a los Presupuestos del Estado para 2025.

Frente a un ERC en horas bajas, con el liderazgo de Oriol Junqueras cuestionado en sus propias filas, Puigdemont saca partido utilizando esta posición más combativa para poner contra las cuerdas al Gobierno.

Aunque es consciente (también lo era cuando su partido firmó los acuerdos) de que ya no está en manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez pagar algunas de las facturas pendientes, como el uso del catalán en las instituciones de la UE o torcer la voluntad del Tribunal Supremo para que Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía. Estas son algunas de las cuentas pendientes que el fugitivo de la Justicia repasará este lunes:

Ley de Amnistía

Es la principal espina clavada del líder de Junts, pues le impide regresar de forma permanente a España sin ser detenido. Hasta el momento se han beneficiado de la ley de amnistía algo más de 150 personas (de las 500 previstas inicialmente), de las cuales casi un centenar son agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil encausados por las cargas del 1-O.

En una decisión respaldada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena ha determinado que la ley de amnistía no es aplicable al delito de malversación de fondos públicos imputable a los principales organizadores del referéndum ilegal del 1-O.

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Esta decisión no sólo afecta a los fugitivos de la Justicia que evitaron sentarse en el banquillo (Puigdemont y sus consellers Lluís Puig y Toni Comín) sino también a los que ya fueron condenados por malversación en la sentencia del procés que el Supremo dictó en octubre de 2019: como consecuencia de ello, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa permanecen aún inhabilitados para ocupar cargos públicos

A la espera de que el Tribunal Constitución resuelva los recursos presentados por el PP y varias comunidades autónomas contra la ley de amnistía, todo indica que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tendrá la última palabra sobre la decisión del Supremo, lo que puede demorar la decisión alrededor de dos años. 

Catalán en la UE

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya ha peregrinado varias veces a Bruselas para intentar convencer a los 27 de la conveniencia de adoptar el catalán como lengua oficial en todas las instituciones de la UE.

El Gobierno español se ha comprometido para ello a sufragar todos los gastos que implicaría esta medida, en la contratación de intérpretes para las sesiones parlamentarias y la traducción de los documentos oficiales.

El Gobierno de Pedro Sánchez adquirió este compromiso en el verano de 2023, a cambio de que Junts y ERC que apoyaran la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, el fin de la presidencia española de turno de la UE cerró la ventana de oportunidad para cumplir la promesa, pese a los esfuerzos diplomáticos desplegados por Albares.

Inmigración

Pedro Sánchez prometió a los negociadores de Puigdemont el pasado mes de enero transferir a la Generalitat las competencias sobre la "gestión integral" de la inmigración, a cambio de que los diputados de Junts apoyaran en las Cortes tres decretos del Gobierno. 

También se trata de una promesa problemática, pues la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut determinó que algunos aspectos de las competencias de inmigración (como el control de fronteras) son exclusivos de la Administración central del Estado.  

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Junts ya ha advertido en varias ocasiones de que no negociará los Presupuestos del Estado de 2025 hasta que no se cumpla esta promesa. El secretario general del partido, Jordi Turull, indicó este fin de semana que las conversaciones sobre el traspaso de competencias avanzan, pero aún quedan "flecos importantes" por cerrar.

Acuciado por la competencia de Aliança Catalana, la formación independentista y xenófoba liderada por la alcaldesa de Ripoll que ya ha irrumpido en el Parlament, Junts ha acentuado en los últimos meses su discurso contra la inmigración ilegal y ha votado en el Congreso en contra de la reforma de la ley de extranjería que garantizaría reparto de los menas procedentes de Canarias.

El 'cupo catalán'

A cambio de su apoyo a la investidura de Salvador Illa, ERC se anotó el éxito de haber arrancado el Gobierno el compromiso de conceder a Cataluña un sistema de financiación privilegiado, similar al concierto vasco, al margen del régimen general que comparten el resto de comunidades autónomas.

Junts se muestra muy escéptico sobre esta promesa. Con motivo del Congreso Federal del PSOE, Turull acusó hace una semana a Pedro Sánchez de hacer "trilerismo político" y advirtió que "la financiación no puede ser singular para todos".

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Aunque Sánchez logró sortearlas en el Congreso Federal de Sevilla, las tensiones internas que esta promesa ha provocado en el seno del PSOE pueden estallar el próximo viernes durante la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Santander. 

No sólo los presidentes autonómicos del PP, también barones socialistas como Emiliano García-Page y Adrián Barbón, alzarán la voz contra la ruptura de la solidaridad que supone el trato privilegiado prometido a Cataluña.

Un '155' en los Mossos

No es, en este caso, un incumplimiento, pero Junts se ha mostrado muy crítico con el acuerdo firmado la semana pasada entre el ministro Fernando Grande-Marlaska y la consellera de Interior de la Generalitat, Nuria Parlon, para que Policía Nacional y Guardia Civil se incorporen al servicio de emergencias 112 en Cataluña.

Turull denunció el jueves que este acuerdo supone aplicar "un 155" a los Mossos d'Esquadra. Junts sostiene que supone un paso más en el proceso de pérdida de la "identidad nacional" que sufre Cataluña bajo la presidencia de Salvador Illa.