Francina Armengol conversa con el vicepresidente de la Mesa, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, durante la primera sesión del debate de investidura.

Francina Armengol conversa con el vicepresidente de la Mesa, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, durante la primera sesión del debate de investidura. Europa Press

Política CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El PSOE aplaza dos meses debatir la cuestión de confianza de Sánchez para ganar tiempo y negociar su retirada con Junts

Publicada
Actualizada

Giro de última hora en el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara, que controlan PSOE y Sumar, no se pronunciará este año sobre la iniciativa de Junts que pide instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Los socialistas, que se inclinaban en un primer momento por darle vía libre, han tomado esta decisión para ganar tiempo y que los de Carles Puigdemont reformulen o incluso retiren el texto.

Fuentes de la Presidencia del Congreso aclaraban este martes a la salida de la reunión que aprobar o no la iniciativa "no tendría una repercusión directa" en la agenda y que "administrativamente no tiene relevancia". Esto se debe a que el periodo de sesiones se acaba este mes y el escrito de Junts, en caso de ser aceptado, no se debatiría hasta febrero o incluso marzo.

Este lunes, los letrados del Congreso resolvieron que debía ser la Mesa del Congreso, y no ellos, quien decidiera si debía admitir a trámite la proposición no de ley (PNL) que insta a Sánchez a someter su cargo al hemiciclo. La decisión, por tanto, era solamente política, sin obstáculos jurídicos.

Habitualmente, la opinión de los letrados guía a los diputados que conforman la Mesa en sus decisiones, pero, al no existir ningún precedente idéntico a la PNL en cuestión, este lunes se limitaron a exponer todas las opciones existentes y a encomendarse a tener más tiempo para valorarla. En paralelo, también le dan tiempo al PSOE para negociar con Junts una nueva redacción.

La iniciativa, como ocurre con todas las PNL, no es vinculante, pero sienta precedentes y dibuja cómo se divide el Congreso en cada momento. En este caso, un debate de estas características tendría los mismos tintes que los de una moción de censura, sólo que sin que la votación implicase realmente nada.

El resultado, no obstante, sería muy importante simbólicamente. Sobre todo, porque obligaría a todos los grupos de la Cámara a tomar partido (o con Sánchez o contra él) sin tener que decidir un candidato alternativo, que es precisamente el impedimento que la oposición encuentra en proponer una moción de censura. 

Dicho de otro modo. Junts no tendría problema en votar contra Sánchez durante una PNL, pero sí en apoyar a un candidato de la oposición para que ocupara su lugar en una moción de censura. Sólo son capaces de votar contra el presidente, no a favor de uno distinto.

Desde algún sector del PSOE se habló de la posibilidad de que la Mesa bloqueara este martes la iniciativa. Sostenían la idea de que someterse a la cuestión de confianza es competencia exclusiva del presidente, y se apoyaban en un precedente que ratificó el Tribunal Constitucional frenando una iniciativa similar, pero sobre mociones de censura.

Sin embargo, hay precedentes de iniciativas parlamentarias que inciden en competencias exclusivas del presidente, por ejemplo, la de nombrar y destituir ministros, que no impide que se discutan reprobaciones de miembros del Gobierno. Es decir, que el Parlamento pueda instar a la destitución de ministros en proposiciones no de ley.

De hecho, el informe de los letrados del Congreso no se pronuncia a favor del bloqueo. Es un texto especialmente ambiguo, porque asegura que, ante la falta de precedentes, debe ser la Mesa la que decida, sin que haya impedimento legal para que se debata y se vote. En resumidas cuentas, dedica 14 páginas en no resolver nada.

Lo extraordinario es que el escollo de Junts no es más que una proposición no de ley, un tipo de iniciativas que no tiene valor ejecutivo, de las que los grupos presentan centenares, que instan al Gobierno a hacer algo concreto, pero que no hay forma de obligar al Gobierno a cumplirlas. Hay miles de proposiciones no de ley aprobadas en la historia constitucional y que nunca se han cumplido.