El PSOE cede ante Junts para salvar los Presupuestos y se inclina por no frenar la petición de cuestión de confianza

Moncloa teme la votación de la proposición no de ley del partido de Carles Puigdemont porque, si bien el resultado carece de efectividad, sí tiene consecuencias políticas y simbólicas. Sería tanto como que Sánchez siguiera gobernando pese a que la mayoría del Congreso le pidiera que se fuera, siempre y cuando PP y Vox se sumaran a la iniciativa de Junts.

El presidente del Gobierno, sobre quien recae la facultad para poner en marcha este mecanismo, rechazó desde el primer momento someterse a ese instrumento constitucional, que puede suponer poner fin a su mandato.

Los letrados del Congreso dan vía libre para debatir la cuestión de confianza de Junts y dejan en manos del PSOE su veto

Desde algún sector del PSOE se habló de la posibilidad de que la Mesa bloqueara este martes la iniciativa. Sostenían la idea de que someterse a la cuestión de confianza es competencia exclusiva del presidente, y se apoyaban en un precedente que ratificó el Tribunal Constitucional frenando una iniciativa similar, pero sobre mociones de censura.

Sin embargo, hay precedentes de iniciativas parlamentarias que inciden en competencias exclusivas del presidente, por ejemplo, la de nombrar y destituir ministros, que no impide que se discutan reprobaciones de miembros del Gobierno. Es decir, que el Parlamento pueda instar a la destitución de ministros en proposiciones no de ley. 

De hecho, el informe de los letrados del Congreso -no vinculante- no se pronuncia a favor del bloqueo. Ahora bien, normalmente, la Presidencia de la Cámara, en este caso el PSOE, tiene "cierta ventaja" al determinar el sentido de ese tipo de informes. En este caso, el informe es especialmente ambiguo, porque asegura que, ante la falta de precedentes, debe ser la Mesa la que decida, sin que haya impedimento legal para que se debata y se vote.

La situación creada por la iniciativa de Junts muestra, por un lado, hasta qué punto los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez y sus expectativas para aprobar Presupuestos penden de un fino hilo, y por otro, el alcance de las amenazas de Carles Puigdemont.

Lo extraordinario es que el escollo de Junts no es más que una proposición no de ley, un tipo de iniciativas que no tiene valor ejecutivo, sólo político o simbólico, de las que los grupos presentan centenares, que instan al Gobierno a hacer algo concreto, pero que no hay forma de obligar al Gobierno a cumplirlas. Hay miles de proposiciones no de ley aprobadas en la historia constitucional y que nunca se han cumplido.

Pero Junts trasladó al Gobierno el viernes en Suiza que si se bloqueaba su iniciativa, Sánchez podía olvidarse de aprobar los Presupuestos para 2025 y de cualquier otra relación entre ambos partidos. Por eso, Moncloa es partidario de tramitar la iniciativa este martes y de seguir trabajando para convencer a Junts de que la retire y no llegue a votarse, como adelantó EL ESPAÑOL.

El Gobierno tiene la ventaja de que la actividad en el Pleno del Congreso termina esta semana y no se reanuda hasta febrero. Es decir, Moncloa tiene margen para evitar su aprobación, logrando que Junts la retire a cambio de concesiones como la transferencia de la competencia de inmigración a Cataluña o cesiones sobre financiación autonómica, como la condonación de deuda a esa comunidad.

Por eso, fuentes del Gobierno prevén notables gestos políticos de Sánchez a Junts antes de febrero para favorecer la negociación de los Presupuestos.