El PP presentará mociones en toda España contra el "gran hermano hotelero" de Marlaska por ser "peligroso e inasumible"

El Partido Popular está decidido a acabar con el llamado gran hermano hotelero. La normativa ya ha sido criticada por la Comisión Europea, que reclama a España "aligerar y mucho" la recolección de datos privados de los usuarios de hoteles y coches de alquiler, en lugar de "cargarlos con más papeleo y burocracia". Por eso, el PP va a presentar mociones en los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos en toda España.

Esta moción, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue ratificada por el Senado el pasado 20 de noviembre, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. El texto insta al Gobierno a "prolongar la suspensión de la aplicación de este Real Decreto", que ya se retrasó dos años ante las quejas del sector, "para elaborar un nuevo desarrollo normativo consensuado" con el sector turístico, y a la adopción de "diversas medidas para mejorar la capacidad competitiva" de la industria.

Se trata de llevar el asunto a los foros de representación más cercanos a los ciudadanos, donde los populares gobiernan en su gran mayoría por toda España, con para explicar "en cada esquina del país" que este "registro de viajeros" es no sólo "ínútil", sino "peligroso e inasumible".

Según la moción, el decreto es "peligroso" para los usuarios. Porque están obligados desde el pasado 2 de diciembre a entregar hasta 43 datos distintos en los mostradores de los hoteles y de las oficinas de alquiler de vehículos.

Y resulta "inasumible" para las compañías de servicios, "sobre todo las pequeñas y medianas empresas", a las que esta nueva obligación legal las hace "depositarias obligadas" de datos "Muy sensibles". Además de que les supone asumir enormes costes, reduce su competitividad con otras del entorno europeo y, sobre todo, pone en riesgo ante ciberataques para los que "no pueden estar preparadas".

Riesgos legales

A eso, recuerdan las fuentes consultadas, se añadirían las demandas consecuencia de posibles infracciones en la custodia de unos datos "demasiado sensibles".

Según el PP, la utilidad de esos datos para las empresas "es ninguna" y es el Gobierno, por empeño del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "quien le carga con una obligación y una responsabilidad" que las puede llevar a "incumplimientos indeseados" de la Ley de Protección de Datos o a "sufrir ataques de hackers deseosos de acceder a ficheros con datos muy golosos para los ciberdelincuentes".

El Real Decreto 933/2021, que establece "las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor", será ahora debatido en ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamentos autonómicos por toda España.

La medida entró en vigor el pasado 2 de diciembre, y ha multiplicado y más por tres los datos privados, "e incluso íntimos", que están obligados a entregar los usuarios de alojamientos turisticos y quienes alquilan un vehículo en España. Según las fuentes del sector, se ha pasado de 13 a 42 el número de registros que deben recopilar los gerentes de los alojamientos y los rent a car.

"El decreto", además, "es probablemente incompatible con el ordenamiento europeo", añaden las fuentes del sector turístico, y tal como demostraría la crítica emitida por el comisario de Turismo, Apostolos Tzitzikostas. Y se ha impuesto, no sólo "en contra de las empresas que operan en una de las industrias más importantes para la economía española", sino con "poca orientación" por parte de las autoridades españolas y, menos aún, europeas.

Tres millones de empleos

No en vano, "España recibió el pasado año 2023 más de 85 millones de turistas internacionales", tal como recuerda la exposición de motivos de la moción, "lo cual representó un 18,7% más sobre el ejercicio turístico de 2022 y un 1,9% por encima del año prepandemia 2019".

Este año, el sector espera alcanzar los 95 millones de turistas extranjeros, que ya han subido su gasto un 16,8% en los 10 primeros meses del año.

Por eso, el decreto, que ya ha sido objeto de titulares de prensa "sobre todo en países emisores de turismo y en los competidores" con España, "pone en riesgo" tres millones de empleos, y "la aportación de la actividad turística" al PIB español, que podría superar "el 13% directo más un 8% indirecto", lo que supondría un verdadero hito en la serie histórica "en el supuesto de confirmarse tales previsiones".

Este miércoles, el comisario Tzitzikostas criticaba la medida en el pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo. El político griego había recibido un informe completo de la situación, remitido por el eurodiputado español del PP Borja Giménez Larraz. En este documento, al que también tuvo acceso este periódico, se recopilaban las quejas del sector en un decálogo elaborado como producto de sus consultas con una decena de asociaciones de la hostelería y el turismo.  

La moción que llevará el PP en los próximos días a las corporaciones locales, diputaciones y asambleas regionales, en definitiva, insta a cada uno de estos foros a reclamar al ministro Marlaska que "derogue" el decreto, "habida cuenta del impacto extremadamente negativo que su implementación ocasiona a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas".

Además de por el perjuicio que supone "a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores nacionales e internacionales", a la vista de que podría "vulnerar normativas nacionales y europeas de protección de datos y privacidad".

Reclama, asimismo, un debate con las empresas del sector del turismo para, después, "dictar las normas precisas de desarrollo sobre las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor". Y, en ese sentido, facilitar "un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones", aportando "plenas garantías de seguridad jurídica" a todos los actores de la cadena de valor turística.

El PP quiere beneficiarse en su labor de oposición del inmenso poder municipal y regional del que goza desde las elecciones del año 2023.

Así, la moción, una vez aprobada insta a cada uno de estos órganos democráticos a "dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Industria y Turismo y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a los portavoces parlamentarios de la Asamblea/Parlamento/ Cámara legislativa de la CCAA, así como a la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias".