El año de Koldo y Aldama en el que el entorno más próximo de Sánchez pasó a estar imputado

En lo judicial, 2024 ha sido el annus horribilis de Pedro Sánchez. Especialmente, su segunda mitad. Para empezar, el presidente del Gobierno se comerá las uvas con su mujer y con su hermano menor investigados por la Justicia.

Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. David Sánchez, por una juez de Badajoz, Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense.

Para continuar, Sánchez llegará a 2025 con otros dos quebraderos de cabeza. Álvaro García Ortiz, el fiscal general que él eligió, y José Luis Ábalos, exministro y antiguo número dos del PSOE, también están siendo investigados. Ambos, por el Tribunal Supremo, cúspide del organigrama judicial español.

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Además, en el ya denominado caso Ábalos, también figuran como imputados Koldo García, asesor y hombre para todo de Ábalos en su etapa como ministro y secretario de Organización del PSOE; y el empresario Víctor de Aldama, quien asegura haber pagado comisiones ilegales a miembros del Partido Socialista y quien advirtió a Sánchez de que, "si quería pruebas, las va a tener".

Una de las líneas de defensa de Moncloa para hacer frente a este panorama ha sido la de culpar a "asociaciones ultraderechistas" de presentar denuncias basadas en "bulos" contra el entorno de Sánchez con el objetivo de desgastarle políticamente.

Cierto es que los procedimientos contra Begoña Gómez y contra el hermano de Sánchez se derivan de sendas denuncias interpuestas por el sindicato Manos Limpias. Y que ambas están basadas, únicamente, en recortes de prensa. Las dos, además, incluían determinados extremos erróneos, que no tardaron en ser desmentidos. Ni David Sánchez posee 1,4 millones de euros en acciones ni la esposa de Sánchez recibió una sospechosa subvención pública, sino que la beneficiada tenía el mismo nombre y apellido.

Ahora bien, las dos instrucciones siguen vivas. Y las respectivas instancias jerárquicamente superiores a los instructores que las tramitan han avalado su actuación. En el caso de Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid. En el de la juez Biedma, la Audiencia de Badajoz. Las acusaciones de lawfare quedan desmontadas al advertir que, entre los magistrados que han firmado estos espaldarazos a los instructores, hay algunos progresistas.

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El pasado 18 de diciembre, por tercera vez, Begoña Gómez, volvía a hacer el paseíllo en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. En su caso, a bordo de un vehículo oficial, con cristales tintados, que accedió, las tres ocasiones, por el garaje a la sede judicial.

El próximo 9 de enero, según lo previsto, el músico David Azagra, sobrenombre de David Sánchez Pérez-Castejón, será interrogado como investigado en Badajoz. Y no sólo él: le seguirá Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación pacense y secretario general del PSOE de Extremadura. La contratación de Azagra por este ente provincial, ante las sospechas de un posible trato de favor, es el asunto central del llamado caso Azagra.

El año 2024 terminará con Víctor de Aldama en libertad. Se trata del empresario con el que Sánchez, tras un mitin del PSOE de Madrid en 2019, se realizó una fotografía en una zona reservada del Teatro de La Latina, donde se celebró el evento. Y el mismo que ahora se ha convertido en una china en el zapato para el Gobierno, pese al intento de algunos ministros por restar importancia a su relato.

Aldama declaró en la Audiencia Nacional en la mañana del pasado 21 de noviembre, lo que le valió, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, quedar en libertad sólo unas horas después. El comisionista y exdueño del Zamora Club de Fútbol aseguró haber pagado comisiones ilegales a Ábalos, Koldo García, el actual número tres del PSOE, Santos Cerdán, y a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Todos los mencionados lo han negado. El exministro y su exasesor lo hicieron ante el juez del Supremo Leopoldo Puente, durante sus interrogatorios como investigados: el 12 y el 17 de diciembre, respectivamente.

Entretanto, el día 16, Aldama volvió a declarar —esta vez, en el Alto Tribunal, una vez asumió la causa contra él, Ábalos y Koldo— y confirmó haber pagado las mencionadas comisiones ilegales. Además, declaró que una parte de ellas habría estado destinada al PSOE. Anteriormente, su abogado, José Antonio Choclán, había entregado un listado de obras públicas que, según su cliente, habían sido "preadjudicadas" por Ábalos a cambio de mordidas.

Por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado, cabeza de la Fiscalía a nivel nacional, ha sido investigado judicialmente. Esa es actualmente la situación de Álvaro García Ortiz, quien fue designado por Sánchez para este cargo el 2 de agosto de 2022.

La causa en su contra se inicia con la querella presentada por Alberto García Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y quien le acusa de haber filtrado a la prensa datos reservados del procedimiento que se sigue contra este empresario, investigado por fraude fiscal y falsedad documental.

Al tratarse del fiscal general del Estado —un aforado—, el procedimiento está en manos del Supremo. Lo instruye el juez Ángel Hurtado, quien, entre otras diligencias, encargó a la Guardia Civil que accediera a la sede de la Fiscalía y se incautase del móvil de García Ortiz, a fin de descubrir detalles sobre la supuesta filtración. El informe que recoge las conclusiones del mismo subraya que los agentes han encontrado "cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería".

Así, Pedro Sánchez cierra 2024 con, por primera vez en España, un fiscal general investigado y la esposa del presidente del Gobierno, en la misma situación; también inédita. A los pocos días de nacer 2025, David Sánchez Pérez-Castejón deberá declarar como investigado. Estas Navidades, el turrón, en Moncloa, tiene un regusto agridulce.