Llegan seis menas por cada uno que sale al cumplir los 18: la crisis de Canarias está en la llegada, no en la falta de reparto

En los últimos dos años, más de 85.000 migrantes irregulares han desembarcado en Canarias, de los cuales unos 10.000 eran menas, y según los datos oficiales del Ejecutivo autonómico entran seis nuevos al sistema por cada uno que sale.

Y el que sale no lo hace porque sea trasladado a la Península, como reclama Fernando Clavijo, el presidente autonómico, desesperadamente. "Sino porque cumple los 18 años".

Y con la mayoría de edad, según la normativa vigente, ha de ser expulsado del centro. Es decir, de todo el organigrama de protección social, psicológico, educacional, sanitario y hasta habitacional que le proporcionaba el Gobierno insular y las ONG especializadas contratadas al efecto.

Así lo demuestran los datos oficiales del Ejecutivo canario, por ejemplo, de la última semana completa del año 2024. Lo cual explica que "evidentemente, es urgente reubicar a los que tenemos", explica una fuente del Gobierno canario, "pero el problema real no está en reubicarlos, sino en evitar que lleguen".

Primero, por la saturación y los problemas sociales y económicos que causa la presión migratoria en las islas. Pero segundo y sobre todo, "porque es un drama diario para miles de personas, entre ellos muchos niños y niñas, y es un negocio salvaje y cruel de las mafias", tal como explicó la consejera de Bienestar Social canaria, Candelaria Delgado, en una entrevista con este periódico.  

Según las estadísticas, a las que ha podido acceder este periódico, a 29 de diciembre, eran 5.685 los menores tutelados (nótese que, a la vista de la cifra con la que se abría esta información, en los dos últimos días de 2024, fueron registrados en el sistema de tutela otros 127 menas más).

El dato de ese último domingo del año suponía un alza del 3% respecto a la semana anterior. Descontando los 32 chicos y chicas que habían adquirido la mayoría de edad en esa semana, el sistema de tutela arrojaba un saldo de más 165 menores incorporados a la red de centros, según el Cuadro de Mando de Menores de Canarias.

Polémica política

Al regresar al cargo de presidente, tras cuatro años en la oposición, el líder de Coalición Canaria (CC), se encontró con "un descontrol absoluto" y una "sobreocupación alarmante", con más de 2.500 menas tutelados. Entonces, denunció en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL la situación heredada del expresidente, el socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro encargado de negociar una solución con el PP y Clavijo.

En este año y medio, el Gobierno de coalición entre CC y el Partido Popular ha tenido que recrecer la red de centros en 36 más de los que se encontró, hasta los 81 con los que cuenta en la actualidad en las islas mayores. Y en este 2024 ha tenido que invertir más de 160 millones de euros de su propio Presupuesto para tutelar a esa enorme cantidad de menores. Todo, además, teniendo en cuenta que ha tenido que "desatender" a los más de 1.500 que han cumplido la mayoría de edad durante el último año.

Las entradas totales de menores extranjeros no acompañados, contabilizadas en las estadísticas con las que trabaja el Gobierno insular hablan de 6.344 chicos y chicas llegados en 685 embarcaciones. La inmensa mayoría procedieron de Mauritania, prácticamente la mitad. Después, algo menos de un tercio, desembarcaron en pateras procedentes de Marruecos. Finalmente, el resto llegaron tras una larga travesía desde Senegal, Gambia, Mali, Guinea Conakri y Guinea-Bisáu.

La proporción de seis a uno no se cumple en el total del año, se queda en algo menos de cinco nuevos menas desembarcados por cada uno que cumple los 18 años y pasa al limbo de la inmigración irregular, sin papeles ni asistencia social. La explicación está, según las fuentes consultadas, en un "acelerón" en los últimos meses del año a la entrada de menores... coincidiendo con el bloqueo y la bronca política entre el Gobierno central y el PP.

El pasado mes de julio, el negociador popular, Miguel Tellado, cerró un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los de Canarias y Ceuta para la reubicación de 347 menas. En realidad, era un primer paso de "buena voluntad" que se limitaba a ejecutar un pacto del año 2022, nunca llevado a la praćtica.

La aceptación de ese reparto de menores por parte de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP supuso la ruptura de seis acuerdos con Vox en otras tantas regiones.

Así, el partido de Santiago Abascal abandonó los consejos de Extremadura, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Y además, rompió el acuerdo de legislatura en Baleares, donde no ocupaba puestos de gobierno.

Desde entonces, el ministro Torres no ha cumplido ninguna de las peticiones del PP para avanzar en la negociación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería: ni cerró el criterio de reparto, ni aseguró la financiación de las nuevas plazas ni solicitó apoyo a la UE, pese a la insistencia del director general de Frontex y de la propia Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

En septiembre, Clavijo firmó una propuesta de acuerdo con Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP acudió a las islas, en nombre de los otros 13 gobiernos autonómicos de su formación política para cerrar el pacto y acudir con una posición común a las negociaciones con Moncloa. Y tras varias suspensiones, éstas se han roto, quizá definitivamente.

Tanto que la alianza de Coalición Canaria y los populares pasa por su peor momento. Al otro lado, el ministro Torres presiona por la ruptura del Ejecutivo insular, y desde las islas, el líder nacionalista canario busca alianzas en el PNV y Junts para que la solución llegue a través de un decreto del Gobierno que "imponga la solidaridad por decreto" a las regiones del PP: "No me dejan otra salida, Moncloa no aporta soluciones y el PP no facilita la negociación", ha asegurado en declaraciones a este diario. 

Muerte en el mar, limbo en tierra

La ruta canaria es la más mortífera de todas las del mundo, según los datos de Frontex, la agencia de Fronteras de la Unión Europea, y las ONG especializadas. Las estimaciones consideran que uno de cada siete migrantes que zarpan desde el África Occidental hacia las islas pierde la vida en la travesía.

Así, los cálculos de la organización Caminando Fronteras arrojan un cómputo de 9.757 personas fallecidas en las aguas del Atlántico, un promedio de 28 al día. Este miércoles, 1 de enero, llegaron los dos primeros cayucos a Tenerife y El Hierro, con 141 personas a bordo y dos muertos, un menor entre ellos.

En el año 2025, los registros del Gobierno canario indican que otros 2.157 jóvenes de los actualmente tutelados cumplirán 18 años. Y junto a esos más de 1.500 chicos y chicas salidos del sistema en 2024 engrosarán esa especie de limbo legal por el que no son ya menores sino migrantes irregulares a los que expulsar. No tienen ya derecho a la formación ni pueden trabajar, a falta de papeles. Ni pueden seguir en los centros de acogida ni optar a un realojo.

Según la ley, los menas tienen derecho, en los 60 días previos o en los 90 posteriores a adquirir la mayoría de edad, a tramitar un permiso temporal de residencia de dos años. Pero entre los requisitos que les exige la ley hay uno imposible de cumplir en la "inmensa mayoría de los casos": deben acreditar ingresos suficientes para mantenerse.

¿Cómo podrían, si hasta ayer eran menores extranjeros no acompañados y ahora, lo único que les ha cambiado es la edad?, se pregunta una fuente del Gobierno insular. "Entran más, cada día, de los que salen", concluye para explicar por qué es "imposible" la situación en que se encuentran las ONG que dan este servicio y el propio Ejecutivo de Canarias.