La otra crisis de los menas en Canarias: más de 1.500 han cumplido 18 años en 2024 y son ahora migrantes irregulares
- La ley les permite, al alcanzar la mayoría de edad, tramitar un permiso temporal de residencia, pero les exige recursos económicos para mantenerse.
- Canarias advierte de un mayor "problema social" porque otros 2.157 jóvenes cumplirán 18 años en 2025, el 37% de los 5.812 que hoy tiene tutelados.
- Más información: Los primeros cayucos de 2025 llegan el 1 de enero a Tenerife y El Hierro con 141 migrantes y 2 muertos, uno de ellos menor.
El año 2024 se cierra, según las cifras oficiales del Gobierno de Canarias, con 6.336 menas (menores extranjeros no acompañados) nuevos, dentro del total de 46.717 migrantes irregulares llegados a las islas. Entonces, ¿cómo es posible que los datos oficiales que denuncia Fernando Clavijo, su presidente, confirmen sólo 5.812 "niños y niñas hacinados en los centros de acogida"?
La explicación está en la otra crisis social alrededor de la "emergencia humanitaria" que se va agravando en el archipiélago a medida que se confirma la magnitud del peor año de la historia en la crisis migratoria. "Más de 1.500 menores han salido del sistema", explica una fuente cercana a Clavijo. "Pero no porque los hayamos conseguido trasladar a la Península, sino porque han cumplido los 18 años".
Esta realidad ha quedado oculta por las llegadas nunca vistas y las muertes récord en el mar, la noticia constante en 2024: según la ONG Caminando fronteras, 9.757 personas han muerto en pateras o cayucos rumbo a Canarias en 2024, un promedio de 28 al día. Este miércoles, 1 de enero, llegaron los dos primeros cayucos a Tenerife y El Hierro, con 141 personas a bordo y dos muertos, un menor entre ellos.
Pero ahora, esos más de 1.500 chicos y chicas se encuentran en una especie de limbo legal. No son ya menores sino irregulares a los que expulsar. No tienen ya derecho a la formación ni pueden trabajar, a falta de papeles. Ni pueden seguir en los centros de acogida ni optar a un realojo.
Según la ley, todos tuvieron derecho, en los 60 días previos o en los 90 posteriores a adquirir la mayoría de edad, a tramitar un permiso temporal de residencia de dos años. Pero entre los requisitos que les exige la ley hay uno imposible de cumplir en la "inmensa mayoría de los casos": deben acreditar ingresos suficientes para mantenerse.
¿Cómo podrían, si hasta ayer eran menores extranjeros no acompañados y ahora, lo único que les ha cambiado es la edad?, se pregunta una fuente del Gobierno insular.
"Tenemos 81 centros de acogida en las islas", añade la citada fuente del entorno del presidente canario, "y los niños ya no caben". De hecho, las carpas del CATE de San Andrés, en la isla de El Hierro, ya son numerosas y muy visibles en la distancia. "Entran más, cada día, de los que salen", concluye para explicar por qué es "imposible" la situación en que se encuentran las ONG que dan este servicio.
"Nos hemos gastado más de 160 millones de nuestro propio Presupuesto, sólo en 2024" para atender las emergencias migratorias, aporta otra fuente del Ejecutivo insular. "El Gobierno de España no ha aportado nada de lo prometido, que era ridículo, pero algo habría aliviado".
Política bloqueada
Al mismo tiempo, la negociación entre Moncloa y el Partido Popular para alcanzar un acuerdo integral en materia migratoria está bloqueada.
El Gobierno exige que el PP, simplemente, vote a favor de "imponer la solidaridad" a las CCAA para la reubicación de los menores. Los populares, a cambio de tensionar más a sus gobiernos autonómicos, quieren un compromiso de financiación, y "una rectificación total de la política migratoria, o de la ausencia por completo de ella".
Según el negociador del PP, Miguel Tellado, los ministros que se sentaron con él en la última reunión, se negaron a aceptar ninguna condición del PP. "Y así, es imposible un acuerdo, porque acordar es ceder para alcanzar un punto medio", concluye el portavoz popular en el Congreso.
Según Moncloa, "Clavijo tiene el enemigo dentro", dado que la Coalición Canaria (CC) que lidera gobierna en alianza con el PP en las islas. Este mismo lunes, un dirigente del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, instó al presidente insular a "obligar al PP a firmar la reforma de la ley o, si no, a expulsarlos de su Ejecutivo autonómico".
El caso es que la política ciega la solución. Y las leyes no prevén la situación: ¿qué pasa con un menor extranjero no acompañado cuando deja de ser menor? "Ahora mismo, no tenemos medios para atenderlos", insisten las fuentes del Ejecutivo canario, "dada la sobreocupación de los centros".
Aunque la cifra de "más de 1.500" no es exacta porque el mismo Gobierno de las islas necesita unos días para cerrar todos los expedientes, sí se sabe ya que otros 2.157 jóvenes de los actualmente tutelados cumplirán 18 años en 2025.
"Hasta mediados de enero, es imposible saber, con certeza, cuántos son los chicos y chicas de cuya situación debería hacerse cargo el Gobierno central ahora"... y de todos los demás en los próximos meses.
¿En qué sentido hacerse cargo? "Los 40.000 migrantes en situación irregular mayores de edad que han llegado a Canarias en 2024 han ido siendo trasladados a la Península, porque su situación es responsabilidad del Estado", apuntan las fuentes, sugiriendo que con estos 1.500 chicos debe ocurrir lo mismo.
Si no, "el problema social crece", añaden, "por mucho que las islas seamos una tierra de acogida y entendamos el fenómeno migratorio, de cuando fuimos emisores y no receptores natos". Las fuentes advierten de riesgos de caída en la delincuencia, la marginalidad, la drogadicción...
Ley y conflicto
Según las diferentes leyes de protección del menor, o de derechos y libertades de los extranjeros en España, y los diversos decretos y reglamentos que las desarrollan, las Comunidades Autónomas son las responsables de la tutela de cualquier "menor en desamparo".
El "hacinamiento imposible" de los miles de menas en Canarias provocó, el pasado verano, un conflicto entre el Gobierno de Canarias y el central, de Pedro Sánchez.
Clavijo se negó a seguir asumiendo más menores sin que los operarios de Salvamento Marítimo o, en el mejor de los casos, de la Policía y la Guardia Civil "cumpliesen con los trámites legales y humanitarios previos".
Según denunció Clavijo, las autoridades estatales transportaban a los menores sin identificar, "en lotes y con un simple albarán de entrega" a la misma puerta de cada centro de acogida. "No se respetaban sus derechos, no había manera de saber quién era quién, en qué embarcación había llegado, ni de dónde".
El Gobierno canario aprobó un nuevo protocolo, dando por falso que los menas fuesen "menores en desamparo", una vez rescatados en el mar. "Si quien los intercepta es una autoridad del Estado, no están en desamparo", llegó a argumentar en declaraciones a este diario, "legalmente, no es la Comunidad Autónoma la que debe hacerse cargo".
Moncloa amenazó con la Fiscalía, el conflicto se enconó y, finalmente, se recondujo por la vía de los hechos.
Ahora, la pelea la ha llevado Clavijo también a su socio de Gobierno. "La dirección nacional del PP no me está dejando salidas, porque no aporta soluciones", denunció hace pocos días, confirmando la información de EL ESPAÑOL sobre una posible crisis en el Gobierno insular.
"Estamos desesperados", apuntan fuentes populares canarias. "Pero el PP no tiene la llave, sino el Gobierno". Ahora, tanto CC como el PP de las islas ponen su esperanza en que Moncloa actúe, vía decreto. Pero una fuente de la negociación asume que eso no ocurrirá: "La misión del ministro Ángel Víctor Torres no es arreglar la crisis migratoria, sino agravar la del Gobierno insular".