El PP rechaza el pacto entre Sánchez y Clavijo por los menas: "Es un parche que obligará cada año a repartirlos por decreto"

"Es un parche y sin medidas a largo plazo, habrá que hacer un decreto cada año", explican fuentes de Génova. Lo paradójico de la situación es que, en Canarias, el PP gobierna en alianza con Coalición Canaria. Pero la dirección de Alberto Núñez Feijóo asegura que "no conoce" el borrador del decreto, adelantado por EL ESPAÑOL este jueves.

"No conocemos el decreto, pero estamos en contra de cualquier reparto no consensuado y que no cuente con dotación presupuestaria adecuada", afirma un portavoz del PP.

Los apoyos en el Congreso están asegurados por parte de los socios nacionalistas de izquierdas del Gobierno. Pero también contará con los votos del PNV, dado que la propuesta de acuerdo para el decreto parte de un pacto previo entre Clavijo y el lehendakari, Imanol Pradales. Ese acuerdo ya supuso una alta tensión en el seno del Gobierno canario. 

Y además, "los contactos con Junts indican que el partido de Carles Puigdemont también está de acuerdo". Estos apoyos se basan en que el borrador del decreto incluye cinco puntos para el criterio de reparto que, así aplicados, evitarían "según todas las simulaciones" que ninguno de los 4.000 menas de Canarias o los 500 de Ceuta reubicados fuesen al País Vasco ni a Cataluña.

Cumbre de Asturias

Este sábado, Feijóo reúne en Asturias a todos sus líderes regionales. En un principio, la cumbre autonómica de los populares debe centrarse en las políticas de Vivienda, pero fuentes del PP confirman que, "sin duda, se tratará también la emergencia migratoria" y la nueva situación política que provoca el pacto entre Clavijo y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y su predecesor en el Gobierno de las islas.

El PP lleva meses tratando de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo central, que reclama el apoyo del principal partido de la oposición para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Moncloa pretende incluir un párrafo de "solidaridad obligatoria" en el que las CCAA estén forzadas a aceptar la recepción de menas procedentes de otras regiones, cuando éstas estén sobresaturadas.

Salvamento Marítimo traslada a Arguineguín (Gran Canaria) a 64 hombres subsaharianos de un cayuco localizado este jueves a 10 kilómetros de la costa. Efe

Ése es el caso de Canarias y de Ceuta, después de un año récord en llegadas de migrantes irregulares y, sobre todo, de menores no acompañados. El año 2024 se cerró con casi 5.900 menas tutelados en los 81 centros de Canarias y 994 en los de Ceuta. La ciudad autónoma fronteriza con Marruecos también ha batido todas las marcas de entradas de migrantes en el año pasado.

Después de llegar a un acuerdo a tres bandas con Canarias y Moncloa para el reparto de 347 menores, el pasado mes de julio, el PP se encontró con la ruptura de los acuerdos con Vox en seis gobiernos autonómicos. Y ahora, con la negativa de los de Santiago Abascal para apoyarle los Presupuestos en Aragón, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares.

En todo caso, el negociador del PP, Miguel Tellado, dio por canceladas las reuniones con el Gobierno cuando, en su última reunión, el pasado 5 de diciembre, tanto Torres como Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, insistieron en que no rectificarían la política migratoria del Gobierno.

"Eso es no tener política migratoria, eso es dejarlos llegar a todos, favorecer a las mafias, y poner en peligro las vidas de miles de personas en el mar", declaró a este periódico.

Efectivamente, en 2024 no sólo llegaron casi 64.000 migrantes irregulares a España. Lo más grave es que murieron en la ruta canaria casi 10.000 personas, según los cálculos de la ONG Caminando Fronteras.

"Si no hay soluciones de largo alcance en lo referido a la inmigración irregular, habrá un decreto cada año repartiendo por toda España a los menores que llegan a nuestro país a través de mafias", insiste la dirección del PP. Sin embargo, el vicepresidente canario, el popular Manolo Domínguez, sigue tratando de buscar una salida para que el acuerdo entre Sánchez y Clavijo no deje a su partido en fuera de juego.

"Antes de febrero"

Pero es que desde aquel día, hace ya más de un mes, también se rompieron los contactos entre Clavijo y la dirección del PP. El presidente insular acabó "muy decepcionado" con la conducta de Tellado. "Parecía que quería reventar la reunión desde el principio", explicó una fuente cercana a Clavijo, "el Gobierno no daba opciones, pero el PP parecía tener prisa por levantarse de la mesa".

Ahora, los servicios jurídicos de Moncloa y del Gobierno canario deberán llegar a un acuerdo para darle forma definitiva al decreto, a partir del borrador adelantado por este diario hace 24 horas, en menos de 10 días. "Queremos tener el texto cuanto antes, para que no empiece febrero sin que lo revisen la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado", para su adecuación jurídica.

El Gobierno central teme que la fórmula del real decreto ley no sea constitucional, para una legislación como la que se quiere implantar, porque podría afectar a derechos fundamentales. Así lo explican fuentes de la negociación, que indican que podría ser preferible una proposición de ley, "que aun así podría aprobarse en 15 días, si se tramita por la vía de urgencia en el Congreso".

El Gobierno canario prefiere el decreto "para asegurar la vía rápida", y porque cree que Moncloa desea ir por la vía de la proposición de ley "para retratar al PP". Y Clavijo lo querría evitar, dado que es su socio minoritario en el Ejecutivo autonómico de las islas. 

Pero el líder canario no discutirá la fórmula legal si ésta es rápida. "Hay un problema a largo plazo, pero la situación ya es desesperada en las islas, y la emergencia humanitaria exige este arreglo inmediato", apunta el entorno del presidente insular. 

"Los populares tienen que reflexionar, porque enrocarse en el no", añade, "¿a qué los va a llevar, a recurrir el decreto ante el Constitucional? ¿A enfrentar unos territorios contra otros?".

Pero desde Génova se niegan a entrar en esa dialéctica. Feijóo dio orden de resistir, "como hicimos en la negociación del Consejo del Poder Judicial, aunque nos insulten", porque considera que su posición es la correcta. El PP acordó en septiembre un plan legislativo con el Gobierno de Canarias, en nombre de sus 13 gobiernos autonómicos, con una serie de medidas "que abordan el fenómeno migratorio" a corto, medio y largo plazo.

"Los países de nuestro entorno están tomando decisiones para impedir que los inmigrantes lleguen a sus costas", recuerda un portavoz del entorno de Feijóo. "El Gobierno de España se limita a dejarles llegar y repartirlos. No es nuestro modelo y no será el que apliquemos cuando lleguemos al Gobierno".