Tomás Serrano
Moncloa cedió en el IRPF del salario mínimo porque temía que Yolanda Díaz dimitiera y rompiera el Gobierno
María Jesús Montero transige después de su famoso "por encima de mi cadáver", pero el Gobierno cierra otro 'match point' al borde del precipicio.
Más información: Feijóo, contra el acuerdo PSOE-Sumar para que el SMI no tribute IRPF en 2025: "Es una chapuza, puede salir a pagar"
El Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar ha vivido su peor momento de la legislatura. Tanto, que fuentes de Moncloa explican que temieron que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, abandonara el Ejecutivo, lo que hubiera desembocado en una grave crisis, con resultado imprevisible.
Y tanto, como que la número dos del Gobierno y del PSOE, María Jesús Montero, ha tenido que rectificar en parte su posición sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el presidente del Gobierno tuvo que ordenar a principios de semana que sus dos vicepresidencias se sentaran a negociar.
El acuerdo establece una desgravación extraordinaria para los que perciban el SMI, de tal forma que, finalmente, no tengan que pagar IRPF como inicialmente pretendía Montero. Así será en 2025 y, por tanto, la batalla volverá en 2026.
El acuerdo incluye un compromiso político para que las sucesivas subidas del SMI tengan este mismo tratamiento, hasta que llegue al 60% del salario medio neto.
La posición inicial de Montero era la de negarse a subir el umbral exento de declarar el IRPF para evitar que tributaran quienes cobran el SMI. En enero se negó incluso a negociar y trasladó a Yolanda Díaz su posición resumida en la contundente frase: "Por encima de mi cadáver".
Aquella diferencia entre ambas se retransmitió en directo cuando Montero anunció que el SMI tributaría por IRPF, justo cuando Díaz se preparaba para comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así fue a pesar de que habían pactado que la vicepresidenta de Sumar respondería a este asunto con la frase: "Ustedes ya saben nuestra posición".
Díaz recibió la alerta de la declaración de Montero y se explayó en la rueda de prensa de Moncloa. La portavoz, Pilar Alegría, la contradijo con un "eso no es así".
Hacienda preparó entonces una propuesta que no elevaba el umbral exento, pero establecía una desgravación extraordinaria para compensar a los perceptores del SMI obligados a tributar, como avanzó EL ESPAÑOL. Es decir, más o menos lo que se ha acordado ahora. Pero Montero no quería negociar.
Sumar, Podemos y PP presentaron diferentes proposiciones de ley para elevar ese umbral exento y en el Gobierno temieron ir hacia el abismo de una votación de la mayoría de la Cámara, con Sumar, el PP y el resto de partidos de la izquierda, ganando al PSOE y obligando a subir ese umbral.
La responsable de Trabajo y dirigente de Sumar contaba con el apoyo de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y, sobre todo, la seguridad de que podía reunir una mayoría parlamentaria suficiente para derrotar al PSOE en una hipotética votación e imponer la exención fiscal del SMI.
Contactos telemáticos
El 19 de marzo, Montero hizo saber en el Congreso que utilizaría la potestad constitucional del Gobierno para vetar iniciativas que supongan aumento del gasto o disminución de ingresos. Y Díaz le aceptó el pulso y comunicó que uniría sus votos a los del PP en la Mesa del Congreso para levantar el veto y seguir adelante con la tramitación de la proposición de ley.
En el Gobierno sintieron que la coalición iba encaminada hacia el abismo. El plazo para presentar el veto terminaba este viernes para que lo estudiara la Mesa en su reunión del martes que viene.
El lunes por la noche, la vicepresidencia segunda de Sumar hizo llegar a Hacienda una propuesta. De hecho, fuentes próximas a Díaz explican que han presentado a Montero por escrito hasta cinco propuestas diferentes.
El martes, Montero hizo saber que rectificaba su posición más radical y aceptaba negociar con su socio de coalición. Los equipos de Hacienda y Trabajo entraron en contacto e intercambiaron papeles.
Fuentes de Moncloa aseguran que Pedro Sánchez instó a su número dos a negociar.
El miércoles por la mañana el acuerdo estaba tan cerca como que tenían previsto que Díaz comunicara el acuerdo en los pasillos del Congreso, mientras se celebraba el Pleno en el que Sánchez informaba del plan de rearme europeo.
Sin embargo, el acuerdo no se cerró ese día porque el equipo de Sumar vio que en el redactado del acuerdo, el equipo de Hacienda había incluido la referencia a que el acuerdo sólo servía para 2025. Ese día no hubo pacto y siguieron negociando.
El jueves siguieron los contactos telemáticos entre los dos equipos, hasta que a las 22:00 horas, el equipo de Hacienda comunicó que Montero había ordenado romper la negociación, según ha explicado la propia Díaz.
Parte de la discusión era, por ejemplo, que Trabajo defendía el compromiso de extenderlo a otros años hasta que se llegue al 60% del salario medio neto. Ese porcentaje no es casual y coincide con el punto literal del acuerdo de coalición de 2023 entre PSOE y Sumar.
Ese pacto señala que el SMI "seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio". No se especifica si neto o bruto y ahí ha estado parte de la discusión.
Críticas cruzadas
Este viernes por la mañana se comunicó la ruptura de las negociaciones, pero sorprendentemente poco después de las 8, a Díaz le notificaron que Hacienda no vetaría la proposición de ley ante la Mesa del Congreso. La ministra de Trabajo estaba a punto de entrar en Telecinco para una entrevista con Ana Rosa Quintana
La vicepresidenta segunda no ahorró en esa entrevista duras críticas a la vicepresidenta primera. "El aroma que rezuma es que a ella (Montero) le parece que el salario mínimo es muy elevado", dijo. "Ella ha dado instrucciones de romper", añadió.
Al salir de esa entrevista, el equipo de Hacienda contactó con el de Trabajo para retomar la negociación en el punto en el que quedó la noche anterior y, pocos minutos después, se cerró el acuerdo.
No consta que el presidente del Gobierno haya intervenido en este último tramo y en el Gobierno se admite que Montero ha cedido al sentarse a negociar, aunque no ha tenido que aceptar elevar el umbral exento del IRPF.
En la parte socialista se insiste, no obstante, en la crítica a Yolanda Díaz por hacer públicas las diferencias, por apresurarse a amunciar la ruptura de las negociaciones y por presentar la proposición de ley, todo ello explicado por su necesidad permanente de tener foco e iniciativa en la agenda política.
Entre los socialistas ya hubo críticas a Montero por la forma en que ha gestionado el asunto desde el principio y esa crítica se mantiene una vez resuelto el conflicto.
El Gobierno de coalición cierra otro match point al borde del precipicio, esta vez interno y el más grave según admite Moncloa.
Ahora viene la negociación de Díaz con Carles Puigdemont para poder llevar al Congreso la reducción de jornada, la votación sobre la delegación de la competencia de inmigración a Cataluña que Sumar objeta y el aumento del gasto militar que separa a los dos socios del Gobierno de coalición.
