“El juicio de Gürtel no está dentro de la sala sino en los descansos”. Así lo aseguraba hace unos días uno de los partícipes de uno de los juicios más relevantes por corrupción celebrados en la Audiencia Nacional y que afecta de lleno al Partido Popular. En la antesala del edificio donde se está celebrando el juicio contra Francisco Correa, su grupo, y varios dirigentes políticos, entre ellos el extesorero del PP, Luis Bárcenas, hablan. Acusados con acusados, acusados con abogados, letrados con letrados.
Todos buscan llegar a pactos de no agresión de última hora porque se juegan exactamente lo mismo: penas de cárcel que les puede hacer pasar muchos años en la sombra. En los últimos días se han podido ver ciertos acercamientos al denunciante del caso y también acusado, el exconcejal de Majadahonda (Madrid), José Luis Peñas, en busca de un replanteamiento de su versión.
Los arrepentidos ya han declarado. También lo han hecho Correa y su núcleo duro. Estos últimos han negado el grueso de las acusaciones contra ellos y están jugando esencialmente a una carta, buscar la nulidad de las actuaciones por las grabaciones desde prisión entre los principales investigados y sus abogados ordenadas por el juez Baltasar Garzón -y por lo que fue condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo- y a la nulidad del origen de la causa, las grabaciones realizadas por el exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, a Correa y su grupo durante casi dos años.
Desde que Peñas entregó las grabaciones a la Policía en noviembre de 2007 siempre ha mantenido una única versión. Según aseguró entonces a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y después a la Fiscalía Anticorrupción, decidió grabar a Correa y su grupo tras sospechar que tenían comportamientos mafiosos, con el conocimiento, beneplácito y colaboración de diversos cargos del Partido Popular.
Peñas entregó una denuncia con las transcripciones de las grabaciones así como el original de éstas para que las analizara la Policía. Este fue el embrión de lo que después se conoció como el 'caso Gürtel', la mayor trama de corrupción en torno al PP. Las defensas de la mayor parte de los acusados han intentado en reiteradas ocasiones que la Justicia declarara nulas estas grabaciones y, por tanto, toda la causa, al considerar que están manipuladas.
Peñas siempre ha defendido que las grabaciones no están manipuladas además de ser legítimas, postura confirmada tanto por el juez que instruyó la causa, Pablo Ruz, como por la propia Audiencia Nacional.
Intento de cambio en Peñas
El único cartucho que les queda a las defensas es que Peñas, acusado por ser parte de la trama, modifique su declaración y cuando le llegue el turno diga que manipuló las grabaciones realizadas a Correa y su entorno. De esta manera, habría alguna posibilidad de reclamar la nulidad de la causa al quedar en entredicho su origen.
No obstante, el instructor de la causa, Pablo Ruz, ya dijo que las grabaciones eran “constitucionalmente legítimas”, además de que existe numerosa prueba documental que avala la investigación, decisión ratificada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
A pesar de estos reveses judiciales, las defensas están dispuestas a quemar este último cartucho. Según fuentes jurídicas, algún letrado ha hecho aproximaciones tanto a Peñas como a su abogado defensor, Ángel Galindo, para tantear qué opciones existen de que pueda modificar su declaración, que será en los próximos días. La intención, según estas fuentes, es saber si Peñas, que también está acusado, estaría dispuesto a ayudar al resto de compañeros de banquillo y alegar ahora que todo lo que hizo estuvo manipulado para tirar por tierra toda la investigación.
No habrá sorpresas
Al fin y al cabo, Peñas se enfrenta a siete años y siete meses de prisión por asociación ilícita, cohecho, fraude a la Administración, malversación y exacciones ilegales, delitos relacionados con el apoderamiento de fondos públicos del Ayuntamiento de Majadahonda tanto para sí mismo como para el PP. La Fiscalía Anticorrupción considera que es uno de ellos, aunque para él se ha solicitado una pena muy inferior al aplicarle confesión y por “colaborar de forma esencial” en la investigación.
Estas mismas fuentes aseguran que el exconcejal majariego no hizo ningún ademán de que vaya a modificar su declaración ni que haya dejado las puertas abiertas al resto de acusados de que vaya a cambiar lo manifestado hasta ahora, ni siquiera aunque hubiera por medio un ofrecimiento económico.
Por su parte, Peñas tiene el apoyo de otro exconcejal de Majadahonda, también acusado, Juan José Moreno. Éste colaboró con Peñas en llevar a cabo algunas de las grabaciones a Correa y durante las sesiones del juicio se les ve muy unidos, aunque Correa intentara en su declaración sembrar dudas entre ambos al asegurar que Moreno le confesó que Peñas le había estado grabando.
Las relaciones entre los acusados en los descansos del juicio son muy reveladores en sus estrategias de defensa. Aunque Correa dijera tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al tribunal que él iba a decir toda la verdad sobre el pago de comisiones ilegales a diversos dirigentes del PP a cambio de contratos en obra pública, lo cierto es que en sus relaciones fuera del banquillo se ve que no ha hecho mucho 'daño' a ciertos exalcaldes del PP que la Fiscalía les sitúa como los grandes perceptores de dinero en b por parte del grupo de Correa.
Tanto el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, como el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, mantienen conversaciones con Correa en los descansos de las sesiones de vistas. El líder de la trama reconoció el pago de regalos y su ayuda en las campañas electorales pero insistió que en ningún caso fue a cambio de irregularidades en contratos de sus consistorios. El acusado que más se ha visto afectado por la declaración de Correa es Luis Bárcenas. Como muestra, un detalle: no se les ha visto mantener contacto alguno durante las sesiones del juicio.
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