Miguel Valladares, actual presidente de la compañía Zinkia, productora de los dibujos Pocoyó, ha declarado esta mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en calidad de investigado tras una denuncia interpuesta por su antecesor, José María Castillejo, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) remitida a los juzgados y admitida a trámite. Según fuentes jurídicas, el empresario mexicano ha negado todas las acusaciones vertidas por el expropietario de la compañía, que le acusa de “organizarse criminalmente” para arrebatarle la compañía.
La UDEF envió un informe a los Juzgados de Madrid alertando de la existencia de un posible delito de estafa por parte del actual principal accionista de Zinkia. Una vez analizada la documentación, el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid citó a declarar a Valladares en calidad de investigado. Según fuentes de la defensa, las acusaciones de Castillejo son “absurdas” y la Justicia lo demostrará.
A su juicio, el expropietario engañó a la Policía porque todos los hechos de los que acusa a Valladares ya están resueltos por otros órganos judiciales. Su defensa ha aportado toda la documentación al Juzgado con la confianza de que archive el asunto.
Castillejo sostiene que la organización criminal liderada por el empresario mexicano ha conseguido echarle de la presidencia de Zinkia y hacerse con control de la compañía ilegalmente y utilizando métodos criminales, entre ellos la propia amenaza de muerte, negada de manera rotunda por parte de la defensa de Valladares. Según relata en la denuncia presentada a la UDEF, el empresario mexicano entró en su vida para engañarle “de manera maliciosa”, algo desmentido por la otra parte.
“Me hizo creer que estaba dispuesto a ayudar en la refinanciación de la mercantil Jomaca 98 S.L., sociedad de la que soy administrador único y mayor accionista”, recoge el escrito. Jomaca era la accionista mayoritaria de Zinkia, sociedad cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y a su vez propietaria de los derechos de explotación mundiales de la marca Pocoyó, una compañía valorada hace dos años en casi 70 millones de años.
Cruce de denuncias
Sin embargo, tanto Valladares como su defensa sostienen que Castillejo llevó a la ruina a la compañía y que todas sus acusaciones son falsas y resueltas por el Juzgado. Respecto de la supuesta colaboración de la funcionaria de la administración de justicia para adjudicarle a Valladares la compañía, en concurso de acreedores, éste sostiene que la querella interpuesta por Castillejo contra ésta fue inadmitida por los órganos jurisdiccionales competentes, en este caso, “según así informo el coordinador general de letrados de la Administración de Justicia de Madrid, por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid y, posteriormente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, hoy es sentencia firme”.
“Para terminar con el rosario de 'denuncias' presentadas por Castillejo contra cuantas personas han intervenido en el procedimiento concursal de Jomaca 98 SL, además de contra la magistrada y la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil que lo tramita, Castillejo presentó incidente de separación de la Administración Concursal designada para este procedimiento, difamando, como en los anteriores supuestos, a quién vienen a desarrollar tal labor”, explicaron a EL ESPAÑOL la defensa de Valladares.
Según ésta, este incidente fue rechazado por resolución judicial, en este caso, dictado por la magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil número 11. “En esta resolución se expresa la absoluta falta de fundamento de la acción planteada por Castillejo y también éste conocía en el momento de presentar la denuncia” que ha dado lugar a la citación como investigado por un presunto delito de estafa del empresario mexicano.
En relación a la actuación de la entidad bancaria que le prestó 16 millones de euros, Bankia, -recogida en la denuncia del expropietario- que inició la ejecución del préstamo realizado por Valladares a Castillejo, éste “se permite el lujo de difamar a la misma y a sus empleados, afirmando que se 'malbarató' la venta de dicho crédito”, explica la defensa del empresario mexicano.
“Tal cuestión, como así ocurre en el caso de la anteriores también consta resuelta judicialmente por el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, el cual ha archivado la denuncia presentada por unos accionistas minoritarios de Bankia. Concretamente dos, con una inversión que no superaban los 6.000 y los 400 euros respectivamente, y, curiosamente, uno de ellos, conocido abogado dedicado a la presentación de demandas y denuncias contra entidades bancarias, por la pretendida venta fraudulenta a mi persona de tal crédito”, añade.
En esta guerra entre empresarios, fuentes de la defensa del actual presidente considera que la denuncia admitida a trámite por un Juzgado -tras un informe favorable de la UDEF- tiene por objeto desprestigiarle cuando es él quien tiene problemas judiciales. Así, hace mención a que el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid está tramitando una causa penal por diversos presuntos delitos cometidos por Castillejo en su gestión en Zinkia, “causa a la que se ha incorporado una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos, a instancias de una Fundación religiosa dirigida por familiares del propio Castillejo”, según sostiene el propio Valladares en una nota remitida a EL ESPAÑOL.