El fiscal y el abogado del Estado salvan al 'pequeño Nicolás' de la cárcel pese al riesgo de fuga

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid acaba de retirar el pasaporte a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', dado el riesgo de fuga y manipulación de pruebas y testigos apreciadas por el magistrado, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas.

En la vista, el letrado de Podemos ha solicitado su ingreso en prisión "por riesgo inminente de fuga", finalmente se ha descartado la medida. El joven había bromeado con una fotografía en su cuenta de Twitter desde Canarias 'celebrando' la petición de siete años de prisión por parte de la Fiscalía en la pieza ya cerrada y pendiente de juicio por hacerse pasar por un emisario del Rey Felipe VI en un encuentro con el dueño de Alsa en Ribadeo.

Tanto el fiscal, como el abogado del estado sólo han pedido como medida cautelar la retirada del pasaporte al considerar que los ingresos por las apariciones en televisión del pequeño Nicolás de las que habla Podemos sólo están acreditadas por noticias de prensa.

Los ingresos

Los recursos económicos del joven han cambiado desde que se hizo famoso precisamente tras su detención y su participación en numerosos programas de televisión como el de Gran Hermano, emitido por Telecinco. El partido liderado por Pablo Iglesias adjunta diferentes informaciones en las que se habla de las ganancias del joven en diferentes medios de comunicación y sostenía que hay "un claro riesgo de fuga objetivamente plausible dado las conexiones internacionales del acusado y su abultada cuenta bancaria".

El partido alegaba "peligro objetivo" y "peligrosidad subjetiva" porque en las diferentes causas abiertas contra el joven están implicados supuestamente policías, guardias civiles y escoltas de la casa real, y "aún se dilucida el papel del CNI en todo el entramado delictivo", por lo que el acusado podría tener una "red personal de apoyo" que le permita obtener documentos para cruzar fronteras.

Por su parte, la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) solicitaba al magistrado que se le retirara el pasaporte, que se le prohíba abandonar España y que comparezca todos los martes de cada mes, con la obligación de comunicar los cambios de domicilio.