La agresión de Alsasua (Navarra) la madrugada del 15 de octubre no fue una “bronca de bar” aislada, sino más bien un linchamiento entre un grupo de entre 30 y 50 personas a dos guardias civiles y sus parejas. Así de claro lo tiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acaba de rechazar las pretensiones de los nueve procesados de que la causa siga adelante y quedar en libertad.
En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el fiscal insiste que estos hechos están enmarcados en el movimiento Alde Hemendik (Fuera de Aquí) -apoyado por Bildu- y, por tanto, no puede considerarse como una simple “bronca de bar”, sino al contrario, “como unos hechos graves”. Tanto los investigados como varios movimientos y partidos, como Podemos, han defendido que aquellos hechos nada tienen que ver con delitos de terrorismo sino que fue un enfrentamiento nocturno entre jóvenes.
Sin embargo, el Ministerio Público se niega a admitir que eso fue lo que realmente ocurrió. Recuerda que se produjo una agresión física a dos agentes de la Guardia Civil y por esa paliza, uno de ellos tuvo que ser operado por la “fractura desplazada de tobillo derecho”. Simplemente por las secuelas que puede acarrear, los investigados de enfrentan a penas de más de cinco años de prisión.
Si fuera una simple bronca, tal y como insiste la defensa de los agresores, la patrulla de la Policía Foral podría haber actuado con normalidad. Sin embargo, los agentes que acudieron al lugar de los hechos vieron a dos hombres ensangrentados rodeados de medios centenar de personas que les increpaban y pateaban. Estaban tirados en el suelo y tenían huellas de patadas en las camisetas. Este escenario les hizo “temer por su integridad física”, como ellos mismos declararon en sede judicial. Por esa razón, tuvieron que pedir refuerzos a unas patrullas que se encontraban en Pamplona (Navarra).
Además, recuerda que varios de los detenidos, como es el caso de Jokin Unamuno, ha participado de manera reiterada en las actuaciones contra la Guardia Civil, “Alde Hemendik”, mediante actos públicos, cartelería o campañas, "y dispone en consecuencia de fondos que podría sufragar en parte la huida del investigado y que además goza de contactos en Francia".
Estado de terror
El Ministerio Público defiende que los nueve procesados deben ir a juicio por delitos relacionados con terrorismo. En su escrito, señala varios de los requisitos que se dan para considerar que un acto es terrorismo: “Obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”; “alterar gravemente la paz pública”; “provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”.
“La acción se enmarcó dentro de la campaña de pretender que la Guardia Civil salga de la Comunidad Foral de Navarra, atacando violentamente, en el interior de un establecimiento público y después en la calle por un grupo de entre 30 y 50 personas (la Policía Foral describe hasta 80 personas) a dos guardias civiles y sus novias, amenazándoles y coaccionándoles”, recoge el fiscal.
A su juicio, esta acción supuso una alteración de la paz pública que motivó que tuvieran que desplazarse al lugar varias dotaciones de vehículos policiales porque los primeros en llegar (una patrulla de la Policía Foral), como ellos mismos indicaron, pidieron refuerzos porque “temieron por su integridad física”.
20 indicios contra los agresores
En sus recursos contra el auto de procesamiento, los investigados alegan, entre otras cosas, que se les ha enviado a prisión y procesado con el único testimonio de los guardias civiles y sus novias. Incluso alguno de los detenidos asegura que no participó en tales hechos al estar en otro bar. Sin embargo, el fiscal plasma hasta una veintena de indicios contra ellos.
Además, recuerda que todos ellos fueron identificados de manera individual e indubitada por cada uno de los guardias civiles y por sus dos parejas, coincidiendo plenamente las cuatro versiones. Las víctimas se enfrentaron a 40 ruedas de reconocimiento celebradas en la Audiencia Nacional y sólo tras la duda de identificación de una de las detenidas se decidió archivar la causa respecto de ella.
Cada uno de los ahora procesados fueron primeramente identificados por cada una de las cuatro víctimas en Comisaría a través de reconocimiento fotográfico y tras su identificación y detención les volvieron a identificar sin ningún género de dudas en las ruedas de reconocimiento.
A todo esto, hay que añadir el parte de lesiones: el del teniente con fractura desplazada de tobillo derecho y herida en labio de medio centímetro; el del sargento, policontusionado; el de la novia del teniente, muy ansiosa, que refiere agresión en espalda, cabeza y piernas a patadas y puñetazos y que al día siguiente presenta tendinitis en hombro izquierdo; y el de la novia del sargento, con contractura vertebral a nivel cervical izquierdo y hematoma en muslo izquierdo.
Sin piercing en la rueda de reconocimiento
Una de las procesadas, Ainara Urquijo, ha alegado que las frases que vertió contra los guardias civiles y sus novias podían ser de “mal gusto” pero en ningún caso se trataba de amenazas graves. El fiscal, no está de acuerdo. Explica en su escrito de oposición al recurso contra el procesamiento que amenazó a las víctimas con frases como: “Esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis”, profiriendo asimismo insultos y amenazas con el dedo en la cara.
En las ruedas de reconocimiento, las defensas propusieron a personas similares a los investigados para la identificación. En el caso de Urquijo, estaba junto a ella otra chica de características similares y con un piercing en el labio. La investigada llevaba uno el día de la agresión, pero se lo había quitado para la rueda de reconocimiento. Y aún así, fue identificada por los guardias civiles y sus novias.
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