La Fiscalía de Madrid ya investigaba a cinco futbolistas antes de estallar "Football Leaks"
Considera que las informaciones publicadas recientemente no pueden ser utilizadas para investigar delitos contra la Hacienda Pública. Con los datos del fisco, la Fiscalía ha ido presentando varias denuncias contra los jugadores Xabi Alonso, Di María y Carvalho.
7 diciembre, 2016 14:42Noticias relacionadas
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La Fiscalía Provincial de Madrid ha salido a la palestra para defender que persigue los delitos fiscales de los jugadores de fútbol, incluso antes de que se conocieran los últimos datos publicados por el Consorcio de Periodistas con su trabajo de investigación conocido como "Football Leaks".
Durante los últimos años, la Agencia Tributaria ha perseguido a varios jugadores de fútbol por posibles contingencias fiscales, al igual que a otros muchos contribuyentes. Con los datos del fisco, la Fiscalía ha ido presentando varias denuncias contra los jugadores Xabi Alonso, Di María y Carvalho.
Además, el Ministerio Público tiene abiertas otras dos diligencias de investigación respecto de otros dos jugadores aunque todavía está por determinar si existen indicios de fraude fiscal como para presentar denuncia contra ellos.
Según fuentes de la Fiscalía, estas investigaciones son anteriores a los últimos datos conocidos a través de los medios de comunicación sobre presuntos fraudes fiscales de diversos jugadores como Cristiano Ronaldo.
Es más, la Fiscalía apoya que lo datos obtenidos por el Consorcio de Periodistas no pueden ser utilizados ni publicados porque son de procedencia ilícita, dado que han sido robados del despacho que gestionar los derechos de imagen de varios jugadores y entrenadores.
El Ministerio Público informó a favor de la decisión del juez de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, de prohibir al diario El Mundo así como a otros medios europeos la publicación de los datos conocidos como 'Football Leaks' dado que han sido extraídos de manera ilegal del despacho Senn Ferrero Asociados.
Además, la Fiscalía entiende que las investigaciñon que se abran contra contribuyentes tienen que proceder de Hacienda y no del robo de datos de un despacho. Asimismo, considera que su publicación puede perjudicar la investigación declarada secreta de la sustracción de información.