La Fiscalía ha conseguido sentar en el banquillo de los acusados a otro cliente del HSBC en Suiza destapado por Hervé Falciani, el exempleado de la entidad que robó datos de miles de defraudadores fiscales de todo el mundo para entregarlas a las autoridades de distintos países, entre ellas España. El Ministerio Público ha certificado, de manera indiciaria, que Joel David Alar ha cometido un fraude de tres millones de euros, lo que ha provocado que el próximo 9 de enero se siente en el banquillo de los acusados. Se enfrenta a una posible pena de cuatro años de cárcel.

El nombre de Joel David Alar no es desconocido para la Justicia. La Guardia Civil irrumpía en junio en su oficina, en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción. Le perseguían por sus vinculaciones con Alejandro Pérez-Calzada, marido de la actual jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, Margarita García-Valdecasas.

De la Mata ordenó registrar el domicilio de Pérez-Calzada y García-Valdecasas y sus oficinas por un presunto delito de blanqueo de capitales. Presuntamente habían colaborado para repatriar dinero oculto al fisco desde Suiza hasta España. En el marco de esa operación, también se registró la oficina de Alar en la empresa JB Capital Markets, propiedad de Javier Botín, hijo del fallecido Emilio Botín.

La jefa de la ONIF culpó a Alar

Esa investigación, que está controlada por la Audiencia Nacional y tiene su origen en los datos ofrecidos por Falciani a la Fiscalía Anticorrupción, sigue su curso. Según fuentes de la investigación, la Guardia Civil se encuentra en estos momentos analizando la documentación incautada en los registros.

Precisamente, tras el registro en su domicilio, García-Valdecasas justificó el buen hacer de su marido y aseguró a través de un correo electrónico que la razón por la que Pérez Calzada se había visto involucrado en ese asunto es por la adquisición en 2001 de la sociedad de valores Venture Finanzas Sociedad de Finanzas SA.

Esta compañía, con la que tenía un contrato de agencia, era de Joel David Alar, con el que rompió cualquier vinculación en el año 2005. Según la propia García-Valdecasas, este exsocio de su marido tenía una cuenta en la oficina del HSBC, de la que nada tiene que ver su pareja y que desconocía por completo.

La ONIF investiga la lista Falciani

El principal problema que surge ahora es que los datos ofrecidos por el exempleado del HSBC fueron analizados y trabajados por la ONIF, y los investigadores no ven con buenos ojos que la oficina de la Agencia Tributaria encargada de la lucha contra el fraude fiscal siga con el peso del análisis de la documentación, dado que su directora es la mujer de uno de los investigados.

Mientras la investigación de la Audiencia Nacional sigue su curso por un presunto delito de blanqueo de capitales, el que fue bróker de Pérez Calzada y empleado de Javier Botín se sienta el próximo lunes 9 de enero en el banquillo ante la Audiencia Provincial de Madrid junto a su mujer, Belén Pérez-Minayo Barroso.

El fiscal pide para ambos cuatro años de prisión por un delito de fraude fiscal. En el caso de Alar, habría obtenido unas ganancias de patrimonio no justificadas de 7.094.153 euros, lo que supone que dejó de ingresar a la Hacienda Pública española 3.043.392 euros en el año 2008 en su IRPF.

12 millones de multa

En el caso de su mujer, habría obtenido ganancias por 1,8 millones de euros, dejando de declarar al fiscal 784.585 euros en el mismo ejercicio. Por este fraude, el fiscal reclama también 12 millones de euros en concepto de multa para Alar y 3 millones de euros para su mujer.

El Ministerio Público presenta este escrito de acusación tras analizar la documentación entregada por Falciani a la Justicia española. De los datos aportados, la Fiscalía llega a la conclusión de que Alar, de nacionalidad estonia, y su mujer, de nacionalidad española y residentes ambos en Madrid, tenían dinero oculto en el HSBC.

Concretamente, han certificado que lo escondían en cuentas a nombre de las sociedades Pharos 99, Fundación Azahar (domiciliada en Panamá) y Vallmant Investment (domiciliada en Uruguay), “cuya titularidad real les correspondía y que no fueron declaradas a España”, recoge el escrito de acusación del Ministerio Público.

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