El fiscal del 'caso Nóos' ve probable solicitar el inmediato ingreso en prisión del cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarin, si la Audiencia Provincial de Palma le condena a una pena de cárcel superior a los siete años, es decir a partir de 8 años, según fuentes de la Fiscalía. El tribunal lleva deliberando seis meses sobre las posibles penas a imponer al marido de la infanta Cristina de Borbón, a ésta misma, a su exsocio Diego Torres, y diversos cargos públicos, entre ellos el expresidente balear, Jaume Matas.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó para el exduque de Palma una pena de 19 años de cárcel por crear, junto a Torres, una estructura hueca de contenido real en el Instituto Nóos y urdir una maraña de facturación ficticia para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto, que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles de su propiedad para que “operasen al servicio de sus intereses comerciales”.

La presidenta y ponente del tribunal que juzgó el 'caso Nóos', Samantha Romero, todavía está redactando la sentencia, desde que finalizó la vista a finales de junio. La magistrada solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Baleares que le concediera una prórroga hasta el 31 de marzo para poder dedicarse en exclusiva a la redacción de la resolución sin tener que dedicarse a otras causas, petición que le fue concedida.

Aunque la parte con más enjundia técnica es la referida al entramado societario de Urdangarin y su exsocio para desviar dinero público a través de una asociación sin ánimo de lucro, todos los ojos están puestos en lo que va a ocurrir con la hermana de Felipe VI.

Ni el fiscal ni la Abogacía del Estado la acusan de ningún delito pero sin embargo ha llegado al banquillo de los acusados junto a su marido con la acusación del sindicato Manos Limpias, que la señala como cooperadora necesaria de los delitos fiscales de Urdangarin al ser socios de una empresa que él utilizó para desviar dinero público.

La infanta no corre peligro

En pleno juicio se destapó una operación contra este sindicato que llevó al ingreso en prisión de su secretario general, Miguel Bernad, y a la imputación de la abogada que le ha representado en el 'caso Nóos' y que ha liderado la acusación contra la hija del monarca Juan Carlos I, Virginia López-Negrete.

Entre otros aspectos, el juez de la Audiencia Nacional que dirige esa instrucción, Santiago Pedraz, investiga una presunta extorsión al entorno de la infanta, al que se le habría reclamado 3 millones de euros a cambio de retirar su acusación en el juicio.

Aunque Cristina de Borbón se enfrenta a ocho años de cárcel por dos delitos fiscales en grado de cooperadora necesaria no es probable que sea condenada a una pena que le implique su ingreso en prisión. Lo que pedía tanto el fiscal como la abogada del Estado es que fuera considerada partícipe a título lucrativo, es decir que se habría lucrado de un dinero sin conocer su procedencia delictiva y por tanto se le fija devolver la cantidad disfrutada, en total 587.413,58 euros, y que la infanta ya depositó en el año 2014.

El Supremo, el último cartucho

Si finalmente la Audiencia Provincial de Palma decide condenar a Urdangarin por todos o algunos de los delitos de los que se le acusa -fraude fiscal, malversación de caudales público, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa o falsedad en documento oficial- y eleva la condena por lo menos a 7 u 8 años de cárcel, el fiscal Pedro Horrach pediría su ingreso en prisión preventiva antes de que la sentencia sea firme y tenga el visto bueno del nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, según explican fuentes fiscales.

Una vez que la Sala dicte la resolución, todavía queda el último recurso ante el Tribunal Supremo para que la sentencia sea firme. Es decisión de la Audiencia Provincial si considera necesario el ingreso preventivo de los principales condenados para evitar su fuga hasta que resuelva el alto tribunal.

La petición del fiscal y en su caso la decisión de la Sala dependerá de la cantidad de años que se le imponga finalmente a Urdangarin y su socio, Diego Torres, los jefes de la organización y quienes se enfrentan a penas más altas de cárcel.

Se trata de una decisión que en última instancia dependerá del criterio del tribunal. Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el ingreso en prisión de los principales responsables de la estafa de Afinsa, condenados a penas de hasta 12 años de cárcel, pero sin embargo la Audiencia Nacional consideró que si durante 10 años que había durado la instrucción no se habían fugado no había razones para pensar que lo iban a hacer mientras el Supremo resolvía los recursos contra la sentencia.

Munar ingresó, Matas no

En otros casos similares con condenas por corrupción en Baleares se han dado diferentes situaciones. Con la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear, María Antonia Munar, la Audiencia Provincial de Palma ordenó en 2013 su ingreso en prisión por riesgo de fuga tras dictar sentencia y a la espera de que el Tribunal Supremo resolviera. Había sido condenada a un total de 11 años y medio de cárcel por los casos de corrupción 'Domenge' y 'Maquillaje' y la Fiscalía Anticorrupción reclamó su ingreso en una cárcel de manera preventiva.

El ministerio fiscal temía un posible riesgo de fuga y que Munar pudiera utilizar dinero en el extranjero para prepararla. Finalmente, las dos condenas fueron ratificadas por el Tribunal Supremo.

En el caso del expresidente balear, Jaume Matas, la Fiscalía no quiso solicitar su ingreso en prisión después de que la Audiencia Provincial de Palma le condenara a seis años de cárcel por una de las piezas del 'caso Palma Arena' al entender que en su caso no había riesgo de fuga porque ya se le había impuesto una fianza de 2,5 millones de euros, se le había retirado el pasaporte y se le había prohibido salir del país.

Finalmente, el exdirigente popular acabó ingresando en la cárcel para cumplir los 9 meses que le impuso el Supremo, rebajando así la condena inicial. En el caso de Urdangarin, el juez que instruyó el caso, José Castro, no le impuso ninguna medida cautelar personal que pueda controlar un posible riesgo de fuga.