El fiscal no da credibilidad alguna a la denuncia por acoso contra el popular Enrique Ossorio

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha pedido el archivo de la denuncia presentada por Elena González-Moñux, diputada del PP en la Asamblea de Madrid y portavoz adjunta del grupo popular, contra el portavoz, Enrique Ossorio.

"Carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos, que de ser acreditados, en ningún caso serían constitutivos de delito", señala en un informe conocido esta mañana el fiscal, cuyo criterio suele tener peso en la Sala de lo Civil y Penal del TSJM.

De prosperar, Ossorio se verá librado de un proceso penal que tendría una grave repercusión en su vida política y en su grupo, con una mayoría muy precaria en la Asamblea madrileña.

Ossorio, apoyado por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, fue denunciado por González-Moñux por un "maltrato psicológico" que, según ella, la ha sumido en una depresión.

El fiscal, sin embargo, descarta que los hechos narrados en la denuncia constituyan delito de acoso laboral o lesiones psíquicas, entre otros.

"Los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de delito, no solo porque no se ofrezca en ésta ningún elemento o principio de prueba de carácter objetivo, aunque sea indiciario, que avale razonablemente su realidad, sino también y principalmente porque los hechos descritos no son susceptibles de ser subsumidos en ningún precepto penal", señala el Ministerio Público en su dictamen.

Respecto al supuesto acoso laboral, argumenta que faltan dos elementos fundamentales: la relación laboral o funcionarial que habría permitido a Ossorio prevalerse de su superioridad y la reiteración de hechos hostiles graves.

"El delito", explica, "se ciñe al acoso que sufran los subordinados en el ámbito de la relación laboral o funcionarial por parte de sus superiores. Por tanto, solo es típico [delictivo] el llamado acoso vertical o descendente. En la denuncia se afirma que Ossorio, portavoz del Partido Popular a la Asamblea de Madrid, era superior jerárquico de la denunciante, quien ostentaba el cargo de portavoz adjunta, a pesar de que transcribe el informe jurídico de la Secretaría General de la Asamblea que confirma la inexistencia de relación laboral de los diputados con la Asamblea o con su grupo parlamentario".

Para el fiscal, a pesar de que la denunciante asegura haber sido objeto de un "continuo trato humillante y vejatorio" por parte de Ossorio, sólo narra dos episodios concretos. El primero habría ocurrido el 23 de junio de 2016 en un pleno de la Asamblea en el que el portavoz habría dicho a González-Moñux "es que no sabes la ley, ¡eres tonta! Ahora coges y te vas y te estudias la ley y las enmiendas! Venga, ve y te las estudias. Y a las cinco voy a convocar una reunión y te vamos a preguntar sobre ellas".

El segundo incidente referido en la denuncia se habría producido en una reunión, sin fecha conocida, en el despacho de Ossorio. Éste le habría dicho "vete de mí despacho, no quiero verte. Como no haces tu trabajo, ya lo haré yo por ti…Y tengo un testigo de que no has estado afortunada en lo que me has dicho, a mí, que soy portavoz".

"La dinámica comisiva del delito requiere de la realización de una pluralidad de conductas, una reiteración de los actos que conjuntamente constituyen el grave acoso. Sin embargo, los hechos narrados en la denuncia se refieren a dos episodios concretos cuya proximidad se desconoce ni consta si están íntimamente vinculados entre sí, lo que no permite considerar la conducta como reiterada y prolongada en el tiempo, ni constitutivas del grave acoso propio de esta figura delictiva", señala el fiscal.

Tampoco aprecia el Ministerio Público el delito de lesiones psíquicas "pues no se concreta la relación de causalidad entre la enfermedad sufrida y la conducta del denunciado". González-Moñux adjuntó un informe médico fechado el día 1-9-2016 (poco antes de la denuncia) en el que se indica que la diputada autonómica sufre un "trastorno depresivo mayor" cuya sintomatología comienza hace casi un año. "A pesar de ello", subraya el fiscal, "no inicia el tratamiento en agosto de 2016".