El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata comienza a tomar sus propias decisiones en el caso de Oleguer Pujol. Inicialmente, la instrucción al benjamín de los Pujol la llevaba su compañero Santiago Pedraz quien, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, decidió remitir la causa a De la Mata para investigarle dentro del mismo procedimiento que al resto de los miembros de la familia Pujol-Ferrusola.

Antes de inhibirse, Pedraz decidió archivar la causa respecto a Luis Iglesias, socio de Oleguer Pujol en la compra de 1.152 sucursales del Banco Santander. Sin embargo, tras la toma de declaración al propio Oleguer Pujol como a otros investigados y varios testifos, De la Mata considera que Iglesias -yerno del exministro del PP Eduardo Zaplana- debe volver a ser investigado en la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales, y por lo que le ha citado el próximo 8 de febrero para interrogarle.

De la Mata entiende que los nuevos datos aportados tras las declaraciones permiten establecer que Iglesias Rodríguez-Viña “lideró efectivamente, junto con Oleguer Pujol Ferrusola, la negociación de la operación inmobiliaria anteriormente descrita. En lo que ahora interesa existen datos para poder afirmar indiciariamente que fue Iglesias quien decidió las ganancias de cada comisionista, las condiciones de pago y el sistema a emplear para ocultar las ganancias ilícitas de cada comisionista para dificultar la identificación de las personas físicas perceptoras de las mismas y su posterior introducción en el tráfico legal”.

Iglesias ideó la operativa de ocultamiento

El juez detalla todos los actos atribuidos a Iglesias que permitieron la operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas por distintas personas físicas, con motivo de la operación de compraventa de 1152 sucursales bancarias del Santander.

El magistrado considera a Iglesias la persona que tomó la decisión de utilizar las estructuras societarias necesarias para ocultar las ganancias obtenidas, además de ser quien negoció los pagos y las comisiones obtenidas que hicieron un total de 11,5 millones de euros.

Él y Oleguer Pujol, según describe el juez, organizaron y prepararon la operación de ocultación de esos pagos y el encubrimiento de las comisiones a través de mercantiles que supuestamente prestarían servicios de asesoría. Los dos investigados “impusieron a los otros comisionistas (los De la Rosa Misol y los Villalonga) el monto de su comisión, su posterior reducción a un 50%, el procedimiento de pago, a través de las sociedad holandesa Marway, que como se ha indicado fue proporcionada por el propio Iglesias” y fue quien – concluye el juez- propuso directamente a los Villalonga utilizar el procedimiento definido para ocultar los fondos a la Hacienda Pública.

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