El caso del 3% estrecha el cerco penal a Artur Mas y Germà Gordó

Cada nuevo paso de los investigadores en el caso del 3% pone encima de la mesa nuevas evidencias de que en el partido, primero de Jordi Pujol y luego de Artur Mas, habían instaurado un mecanismo de cobro de donaciones a cambio de adjudicación de obra pública para financiar Convergència (ahora PDeCat). Este último envite deja de manifiesto que los investigadores cada vez están más cerca de llegar a la Presidencia del partido.

Las detenciones de una de las personas de confianza de Mas, Francesc Sánchez, y del exteniente de alcalde de Barcelona y también del núcleo duro del presidente, Antoni Vives, estrechan el cerco penal a Mas y a otro eslabón esencial de la cadena, el exgerente del partido y exconsejero de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó.

Este asunto complica aún más el futuro judicial del presidente del PDeCat dado que el próximo lunes comienza el juicio contra él y contra las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega por un delito de desobediencia y prevaricación por la consulta del 9N tras la suspensión del Tribunal Constitucional.

En la operación desarrollada este jueves por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, bajo la batuta del Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell, se llevaron a cabo 18 detenciones y una veintena de registros (las primeras ordenadas por el Ministerio Público y los segundos por el juez). Sin embargo, los investigadores sitúan a Sánchez y Vives como hombres claves en este caso.

Los delitos por los que se les persigue a los investigados en esta causa son los de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Los hombres de Mas flaquean

Tras los registros, los doos, junto a otros arrestados, fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil para ser interrogados. Fuentes próximas a la investigación señalan que durante su estancia en la Comandancia ambos flaquearon sobre su postura, lo que perjudica al exgerente del partido, Germà Gordó, casado con la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Roser Bach.

Gordó fue gerente de CDC y antecesor de Daniel Osácar y Andreu Viloca. Los dos son investigados en esta causa por presuntamente haber participado en el cobro de donaciones por parte de empresarios, a través de diversas fundaciones vinculadas al partido como CatDem, a cambio de interceder con diversos cargos públicos para favorecerles en la adjudicación de obra pública.

Precisamente, la figura de Viloca -que este jueves volvió a ser detenido por segunda vez después de que en octubre de 2015 fuera enviado a prisión bajo fianza de 250.000 euros- es esencial para la investigación. Su agenda ha marcado un antes y un después en la causa. En ella, tiene apuntada cada cita con cada empresario, que después donaba a la fundación para poco después recibir una adjudicación.

Los investigadores tiene acreditado, de manera indiciaria, este procedimiento que se repite en numerosas ocasiones: publicación de un contrato; reunión de un empresario con Viloca; donación de ese empresario a CatDem; y finalmente la adjudicación de la obra al empresario. Gracias a la agenda se ha podido llegar a ese 'modus operandi' del que hay sospechas de que se repitió en periodos anteriores, como las épocas de Osácar y Gordó. Las donaciones aportadas coinciden en muchos de los casos, según la investigación, con un 3% de la adjudicación otorgada.

Sobornos camuflados en donaciones

Según Anticorrupción, una vez llegada la donación, altos cargos del partido intermedian para amañar adjudicaciones y licitaciones otorgadas por entidades públicas gobernadas por “CDC”, tanto a nivel local (Ayuntamientos) y provincial (Diputaciones) como autonómico (“Infraestructures de la Generalitat de Catalunya”).

En todo este proceso, Viloca es, según la Fiscalía, quien controlaba "de forma sistemática" los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: “CatDem” y “Forum Barcelona”.

Otro hito de la causa fue el manuscrito encontrado en la caja fuerte del empresario Jordi Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergència. Ese fue el origen del 'caso 3%'. El juez del Vendrell Josep Bosch investigaba la adjudicación de un contrato para un aparcamiento en la localidad tarraconense de Torredembarra -con Daniel Masagué como alcalde- cuando al registrar sus oficinas (de la empresa Teyco) apareció un documento más que sospechoso que, según la Fiscalía Anticorrupción, evidenciaba el pago de comisiones ilegales del 3% a cambio de adjudicaciones millonarias de ayuntamientos catalanes controlados por CiU.

De la documentación incautada en las oficinas de Sumarroca -que acabó ingresando en prisión para después salir en libertad tras el pago de 600.000 euros de fianza-, se llegó a CatDem en agosto de 2015 y de ahí a la propia sede de CDC. Fue en ese registro cuando agentes de la Guardia Civil descubrieron que en el despacho de Viloca se habían destruido documentos y fue la causa por la que meses después se le detuvo y se le envió a prisión.

Licitaciones 'ad hoc'

Juez, Fiscalía Anticorrupción y agentes del Instituto Armado llevaban desde octubre de 2015 que se incautó la agenda de Viloca -así como numerosa documentación- analizando y comparando donaciones y adjudicaciones.

Así es como se ha llegado a las empresas públicas Infraestructures.cat (antigua Gisa) y Bimsa (Barcelona de Infraestructures Municipal) y a sus máximos responsables, Josep Antoni Rosell y Ángel Sánchez, respectivamente, ambos detenidos este jueves.

Una de las obras clave investigadas es la adjudicada por Bimsa a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las empresas Comsa, Copisa, Arnó y Rogasa de las obras de la Plaza de las Glorias en Barcelona capital. Fue la principal obra concedida por el Ayuntamiento de la capital con Xavier Trías como alcalde y Antoni Vives como teniente de alcalde. Todas las empresas de la UTE también están siendo investigadas en esta causa. 

Según fuentes de la investigación, la UTE consiguió la adjudicación por 60 millones de euros, un 23% por debajo del precio de licitación. A ese contrato público se presentó Acciona junto a Dragados, quien en el proyecto técnico recibió una buena puntuación. Sin embargo, no pudo alcanzar el precio que había ofrecido en la fase del proyecto económico. La UTE había presentado unos precios muy por debajo de los suyos así que perdieron el concurso, según fuentes de la investigación.

Lo que ocurre es que esa obra ha sufrido unas modificaciones muy relevantes que ha supuesto unos sobrecostes que se elevan ya al 40%, lo que hace sospechar que el bajo precio presentado en el concurso se hizo en connivencia con los responsables de Bimsa, sabiendo que ese presupuesto no se podría cumplir.

Para la Fiscalía Anticorrupción, tanto este supuesto como el resto de contratos analizados que habría sido amañados tienen dos notas características, propias de este procedimiento penal. Por un lado, los concursos son amañados de manera que la irregularidad no consiste en saltarse los requisitos formales sino en que viene otorgados previamente, dándoles los investigados una apariencia de regularidad.

"Por ello, si se analizan dichos concursos sin el contexto de las reuniones previas y las donaciones, fundamentalmente a “CatDem”, no se atisba su carácter fraudulento", sostiene el Ministerio Fiscal. Por otro lado, los concursos estarían controlados.