CDC, señalada por primera vez como “persona jurídica inductora” del 3%

La Fiscalía Anticorrupción ha dado en el clavo con el 'caso del 3%'. Un asunto menor por un presunto cohecho en la adjudicación de un aparcamiento de la localidad de Torredembarra (Tarragona) cada vez se acerca más a convertirse en la causa de financiación ilegal de Convergencia. Es más, es la primera vez que se señala a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) como "persona jurídica inductora" de los delitos de cohecho que se investigan en la causa.

Los nuevos datos hasta ahora secretos indican que el partido estuvo cobrando el 3% de las adjudicaciones públicas concedidas a empresas desde al menos 2002 hasta la actualidad.

Hay un pago en marzo de 2014 de la empresa Teyco a la Fundación CatDem, que indica que el partido cuando lo presidía Artur Mas cobraba una cantidad a cambio de adjudicar contratos públicos a empresas concretas.

Este asunto ya ha llevado a la detención, entre otros, de los dos últimos tesoreros de CDC, Daniel Osácar y Andreu Viloca, así como, Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures.cat, la empresa pública catalana de infraestructuras.

Solamente de la sociedad Teyco se desprenden 20 pagos que corresponden al 3% de las adjudicaciones en diversos municipios catalanes. Así consta en un documento encontrado en el domicilio del presidente de la sociedad, Jordi Sumarroca, cuando fue detenido en julio de 2015.

Ese documento, según analiza Anticorrupción, "aporta datos que asientan que esta mecánica delictiva está en marcha al menos desde el año 2002, ya que de nuevo se localizan hasta veinte asientos-anotaciones contables en diferentes obras públicas a lo largo de toda Cataluña, obra pública de sanidad, construcciones, parques de bomberos, estaciones de bus, etc, con su respectivo 3% al lado, y todo ello bajo la esfera de toma de decisión de CiU, federación de partidos en el Gobierno de la Generalitat en esos momentos".

Responsabilidad penal del partido

Al frente de la dirección nacional de CDC permanece Artur Mas, presidente de la Generalitat hasta esta semana, con lo que la responsabilidad penal del partido como persona jurídica podría afectar de lleno a su mandato. Mas preside también el comité de dirección del partido, un nuevo órgano puesto en marcha en septiembre de 2014 con el objetivo de "refundar" Convergencia. La responsabilidad penal de las formaciones políticas fue introducida en la Ley Orgánica 7/2012 y está vigente a partir de enero de 2013.

Esto da relevancia al hallazgo de pagos supuestamente ilícitos realizados a favor del partido en fechas posteriores. Aunque Convergencia se pudiera librar por los fondos irregulares ingresados con anterioridad a enero de 2013, el descubrimiento de comisiones entregadas después (por ejemplo, la de marzo de 2014) podría conducir a su imputación.

La Generalitat, centro de la trama

En un informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Fiscalía explica que el pago de donaciones por parte de empresarios a CatDem, fundación del partido, supone un "círculo delictivo", que se divide en dos niveles: la Generalitat por un lado y los consistorios sobre los que gobierna en otro. A los investigadores les llama la atención la inscripción "Estat Comtes 12-03-03 J.P.". Sospechan que esas iniciales podrían apuntar a Jordi Pujol Ferrusola, como tesorero 'de facto' del partido.

Otra línea de investigación es que en esas fechas, en las que el partido lo presidía Jordi Pujol i Soley, fuera él quien controlara directamente las cuentas del partido. Sin embargo, lo que parece claro, según el documento elaborado por Sumarroca y que guardaba en su caja fuerte, es que la mecánica de cobrar el 3% a cambio de adjudicar obras públicas no sólo se hizo en la etapa de Mas, sino que se hereda de la época de Pujol.

En su informe, la Fiscalía Anticorrupción, que trabaja en el caso junto a la Guardia Civil bajo los mandos del juez del Vendrell (Tarragona) Josep Bosch, señala que hay una "plenitud de indicios" que lleva a la instrucción a dirigir la investigación "hacia la sospecha de que los referidos pagos acaben en el partido al que está ligado dicha fundación, partido político que tiene capacidad de adjudicación, bien en el ámbito de la Generalitat cuando gobierna, bien en el ámbito de la administración local, en sus respectivos ayuntamientos".

Los responsables del "círculo delictivo"

En lo que se refiere a Teyco -empresa inicialmente investigada por ser la adjudicataria del aparcamiento de Torredembarra-, la Guardia Civil y Fiscalía llegan a la conclusión que la entregas de dinero que efectúa esta empresa, a través de empresas vinculadas a ella como es Bluegreen Village S.L., a la Fundación CatDem, "son efectuadas como pago por las distintas adjudicaciones recibidas, alteradas, dirigidas y fraudulentas".

Los responsables de toda esta mecánica fraudulenta serían la empresa que paga el 3%; CatDem, como instrumento canalizador y receptor de las entradas de dinero, fruto de adjudicaciones ilícitas; miembros del Patronato de la misma fundación, por su supuesta connivencia; el propio partido CDC como inductor; y los cargos públicos de diferentes organismos que puedan aparecen a lo largo de la investigación al frente de la toma de decisiones en adjudicaciones fraudulentas.