El Gobierno alude a los sms de Bárcenas para minar la acusación del PP en el caso Margüello

El 'caso Margüello', pendiente de juicio, ha suscitado  este viernes un enfrentamiento verbal en el pleno de control del Parlamento Vasco, cuando la parlamentaria del PP Laura Garrido ha pedido explicaciones al Gobierno de Íñigo Urkullu por “proteger” a los ex altos  cargos de Sanidad del Ejecutivo de Ibarretxe implicados en el presunto amaño de contrataciones públicas y no formular acusación penal contra ellos.

La pregunta estaba dirigida al lehendakari , que ha delegado en el consejero de Salud, Jon Darpón. En el rifirrafe mantenido entre ambos han salido a relucir desde el extesorero del PP, Luis Bárcenas, hasta el apoyo prestado por el PNV a Artur Mas y  a dos de sus consejeras por su imputación por la consulta del 9-N.  Dos asuntos intercambiados con ironía como ejemplos para denunciar  la utilización de dobles varas de medir  dependiendo de los  intereses de cada partido.

“La Fiscalía pide hasta cuarenta años de cárcel y ustedes cero”, ha atacado  Garrido, que ha puesto encima de la mesa toda la artillería disponible contra el Gobierno del PNV, recordando que los exdirectivos de  la Sanidad vasca se sentarán en el banquillo acusados de cinco delitos –prevaricación y fraude, entre ellos -  y  de haber causado un perjuicio económico a las arcas públicas de 6,8 millones de euros.

Lo ha calificado como uno  de los “casos de corrupción más graves conocidos en el País Vasco” y ha demandado explicaciones por la postura del Ejecutivo,“diametralmente opuesta a la de la Fiscalía”.  El  Gobierno no ha solicitado penas de cárcel sino que se limita a ejercer la acción civil por si una condena abriera la vía del resarcimiento económico, aunque de entrada no comparte la cuantificación del daño en 6,8 millones, realizada tanto por la juez de Instrucción como por la Fiscalía.

“Todos los servicios se prestaron en los términos contractuales acordados”, ha expuesto Darpón, que ha aludido a que en función de esa premisa los técnicos concluyen que “los pagos estén justificados”.

RESPETO A LA JUSTICIA

La parlamentaria del PP ha  denunciado que el Gabinete de Urkullu  se ”pone de perfil” y  “hace dejación de sus responsabilidades”, anteponiendo los  “criterios partidarios” a los intereses generales de los ciudadanos.

Aunque ha acusado al lehendakari de falta de “valentía y coraje “ para dar la cara, la presencia de Darpón en la tribuna le ha dado más munición dialéctica.  Tanto el consejero como la actual  directora de Osakidetza, María Jesús Múgica,  pertenecían al equipo que dirigía la Sanidad cuando estalló el escándalo Margüello , destapado en 2009 por el Gobierno de Patxi López, y ambos suscribieron una declaración negando las irregularidades y arremetiendo contra la comisión parlamentaria que investigaba el caso.

Según Garrido esta circunstancia no le convierte en la persona  “más idónea”para defender  que el Gobierno sólo aplica el criterio de sus “servicios jurídicos”, al que se ha aferrado Darpón, explicando que los procesos seguidos en el Contencioso por las contrataciones en tela de juicio han acabado “sin condenas”.

El consejero ha expuesto lo que el Gobierno y los dirigentes del partido de Ortuzar declaran; que  con los ataques que reciben por un caso sucedido hace diez años la oposición lo único que pretende es desacreditar al PNV involucrándolo en  tramas de corrupción no contrastadas.

Darpón  ha reivindicado “la presunción de inocencia” para los cuatro imputados  - un exviceconsejero, un exdelegado territorial de Sanidad, el exjefe de Calidad de Cruces y su socia-  y ha pedido que  “no se hagan juicios paralelos sin garantías jurídicas” y se deje trabajar a la Justicia, a quien corresponde emitir el último veredicto.

Esta invocación a no interferir en el proceso judicial  y respetar el trabajo de los jueces, dejando que actúen “con libertad e independencia”, ha molestado  a  Garrido. La parlamentaria ha contrarrestado  su discurso  y señalado que entra en contradicción con la postura mantenida por el PNV 24 horas antes, al suscribir el jueves en el Parlamento una iniciativa de apoyo a Mas y las consejeras que serán juzgadas a partir del próximo lunes por la consulta catalana. En definitiva, ha criticado que sólo aboguen por respetar la Justicia cuando son ellos los afectados.

Su insistencia en denunciar  que el Gobierno vasco se escuda en el subterfugio de la postura de los servicios jurídicos para “amparar y proteger” a los exdirectivos de Sanidad vinculados al PNV, ha elevado el tono de la respuesta de Darpón.

“Ni  en el Gobierno ni el PNV protegemos a nadie, ni les vamos a pedir por WhatsApp que sean fuertes”, ha zanjado el consejero de Salud poniendo fin a su intervención con una alusión al respaldo que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy brindó a Luis Bárcenas a través de SMS tras aflorar las cuentas que el extesorero del PP mantenía ocultas en  Suiza.

El “caso Margüello” no sólo provoca el alineamiento de toda la oposición parlamentaria contra el Gobierno vasco sino es que causa de división entre los socios del Ejecutivo. El PSE-EE, muy activo en la investigación de lo ocurrido, no ha cambiado de postura “por coherencia”   y se muestra  partidario de mantener la máxima exigencia. Por ese motivo se desmarcó del PNV y votó en su contra y con el resto de los grupos en un debate en comisión sobre este asunto celebrado este miércoles.