Juan Carlos Santos Dutrey, Francisca Carbonell y Pedro José Mejías se sentaron el viernes pasado en el banquillo de los acusados por un delito de administración desleal. Son personas desconocidas para la opinión pública y podrían pasar inadvertidas si no fuera porque aparecen como socios en varias empresas de la familia del dictador Francisco Franco.

Los tres procesados están muy vinculados a empresas que ha manejado principalmente un nieto del generalísimo, Francisco Franco Martínez-Bordiu, más conocido como Francis Franco. Una de las sociedades clave es Centro de Agentes Unidos del Calzado Español (S.L.), la cual, a pesar de su nombre, se dedica al alquiler de bienes inmobiliarios.

Francis Franco fue consejero delegado de la compañía hasta noviembre de 2016, Santos Dutrey también estuvo en la empresa hasta esas mismas fechas y Carbonell aparece también como presidenta hasta el 30 de noviembre del pasado año. El tercer acusado, Mejías Villatorio, consta en el Registro Mercantil como exconsejero de la empresa, que no tiene ningún empleado.

Varios miembros de la familia

La prueba de que Cauce es una compañía familiar es que en la actualidad la preside Jaime Martínez- Bordiu Franco (hermano de Francis Franco que se cambió el orden de los apellidos), pero es que Carmen Franco Polo, hija del dictador, también se sentó en el consejo de administración. A todo esto se añade que la compañía está domiciliada en la casa familiar de los Franco.

Además de esta empresa, los nombres de los procesados constan en varias empresas de la familia Franco, que dispone de un patrimonio que se ha llegado a valorar en 400 millones de euros. En el caso de Francis Franco, no tendrá que ir a juicio por este asunto de delito societario, pero no está exento de problemas con la Justicia.

El pasado mes de julio se decretó la apertura de juicio oral contra él después de que la Fiscalía de Teruel pidiese seis años de cárcel para él por los presuntos delitos de atentado cualificado contra la autoridad, otro contra la seguridad vial y un tercero de daños y lesiones. Se dio a la fuga después de que una patrulla de la Guardia Civil le ordenara que detuviera su vehículo e embistió contra los agentes, sacándolos de la carretera y ocasionado lesiones a uno de ellos.

Su empresa, en medio del embrollo

La empresa familiar Cauce se ha visto involucrada en un proceso judicial. Concretamente, la compañía lleva la Presidencia de otra sociedad, Aparcamiento Atocha 70 SL, que se ha vaciado de manera ilegal para trasladar sus activos, valorados en 4 millones de euros, a otra sociedad. De este vaciamiento, según la Fiscalía, son responsables los socios de Francis Franco.

Éste formó parte del Consejo de Administración como vocal pero para el Ministerio Público no tiene responsabilidad penal de lo ocurrido. Sí lo tiene Santos Dutrey quien para el Ministerio Público es el representante de Cauce en la sociedad Atocha 70 SL. Como secretario de esta última mercantil aparece Mejías, como vocal Francisca Carbonell (a través de la compañía Blasconell); y como otro vocal y consejero delegado solidario, Francisco Franco Martínez-Bordiu. Los tres primeros se enfrentan cada uno de ellos a tres años de prisión.

“Concertados” para el fraude

Según el fiscal, en noviembre de 2012 los tres acusados “concertados con fines de ilícito beneficio económico, dispusieron fraudulentamente de los activos inmobiliarios de la mercantil Atocha 70 S.L.”, constituida en 1987 y dedicada a la explotación de servicios al automóvil.

Los tres articularon por precio inferior a su valor real y sin efectuar desembolso alguno, “sin conocimiento ni consentimiento de la Junta General de Socios y Consejo de Administración de Atocha 70”.

Es decir, a través de cuatro escrituras públicas vendieron las fincas (que se empleaban como aparcamientos) de Atocha 70 SL a otras sociedades de los acusados, Justapio Sl Y Blasconell SL. A pesar de que la Comunidad de Madrid las tenían valoradas en 4 millones de euros, se las transmitieron por un valor muy inferior e incluso en algún caso ni siquiera se llegaron a pagar.

Por todo ello, además de la petición de cárcel, el Ministerio Público solicita que se anulen las cuatro escrituras públicas y se indemnice a Atocha 70 S.L. con el valor de las fincas transmitidas fraudulentamente. Asimismo, pide que indemnicen a la sociedad con 792.273 euros como en el importe de las rentas de alquiler desviadas a los acusados desde julio de 2014.