La Fiscalía Anticorrupción solicita 3 años de prisión para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por el chivatazo que recibió por parte de un agente de la Guardia Civil de que estaba siendo investigado. Ese aviso provocó graves daños a los investigación del 'caso Púnica' y ayudó al exnúmero 3 de Esperanza Aguirre y a su exsocio, David Marjaliza, a destruir documentación y esconder dinero en efectivo.

Esta acusación se produce en la primera pieza que ha cerrado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que ya está para enjuiciar. La Fiscalía acusa a Granados y a las otras dos personas que le ayudaron, el agente de la Guardia Civil que le dio el soplo, José Manuel Rodríguez Talamino, y el exasesor de la Comunidad de Madrid José Luis Caro, a través del cual Granados recibió al información, de un delito de violación de secretos con grave daño para la causa pública.

Por su parte, la acusación representada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) solicita para Granados seis años de prisión por un delito de aprovechamiento del delito revelado. Según su escrito de acusación, el chivatazo obligó a los investigadores a reducir los seguimientos, dado el estado de alarma en el que se encontraba el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, se llegó a plantear una "explosión precipitada" de la operación policial, aunque finalmente se descartó por los riesgos que conllevaban hacerla en condiciones adversas.

Según el auto de apertura de juicio oral, Talamino "ha faltado al deber de sigilo y discreción que le imponen los deberes de su cargo y que con su actuación y el indispensable apoyo de Caro Vinagre ha causado un grave daño para la causa pública, al poner en conocimiento y a través de ese cooperador necesario, de uno de los principales investigados, Granados, determinadas medidas policiales, que provocaron una reacción inmediata por aquellos".

Serio riesgo a la investigación

Dichas medidas, "pusieron en serio riesgo la investigación, obligando a retirar determinadas medidas operativas y reduciendo la eficacia de otras".

"El implicado que lo revela lo conoce por razón de su oficio (policial), el segundo como cooperador necesario en delito especial de otro y la insistencia en diversos episodios - descartando que sea una indiscreta revelación puntual producto del alcohol- evidencia el ánimo de desvelar lo prohibido en el propósito de ayudar a los afectados por la investigación- los vigilados- para que adoptasen medidas que contrarrestasen la investigación penal", sostiene el juez.

En cuanto a Granados, explica que "no solo se entera por obra de Talamino de que puede estar siendo investigado en un asunto delictivo, como en el caso actual, sino que además insiste en recabar más información a través de Caro".

Talamino participó en la instalación por orden de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de una cámara oculta en la puerta del despacho de Marjaliza para vigilar la entrada de "políticos, empresarios, funcionarios y colaboradores" que celebraban allí "reuniones de trascendencia para la investigación".

Al día siguiente de instalarla, el 6 de septiembre de 2014, se detectó un llamada entre Granados y Caro Vinagre, en la que este le comentaba que la noche anterior un guardia civil le dio una información que "le sonó a advertencia" y mencionó a la UCO.

Más tarde, el exconsejero madrileño avisó a Marjaliza de que uno de la UCO había contado que "estaban haciendo cosas en la puerta" de su oficina, por lo que este llamó a su secretaria para avisarle.

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