El primer dato de contraste se centra en que, mientras todos los acusados por el uso de las tarjetas black han sido condenados este jueves por la Audiencia Nacional, más de la mitad del banquillo del caso Nóos ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Baleares.
Los 65 condenados por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia han recibido en la primera instancia penas iguales o próximas a las que solicitó el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. No ha sido el caso de Nóos, en el que los siete condenados, de un total de 18 acusados, afrontan penas alejadas de lo que reclamó el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
En definitiva -y a expensas de lo que suceda en el Tribunal Supremo- en el caso de las tarjetas black el éxito de la acusación ha sido pleno, mientras que en el caso Nóos las expectativas de las acusaciones se han visto rebajadas sensiblemente.
A esa reducción se ha sumado este jueves la decisión de la Audiencia balear de mantener en libertad a los dos principales condenados, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, sin ni siquiera fijarles la fianza que solicitó Horrach.
Las claves de la resolución de ambos procesos son las que siguen:
Nóos: Penas muy inferiores
La acusación pública instó 19 años y medio de cárcel para el cuñado del rey Felipe. La Audiencia de Baleares le ha condenado a seis años y tres meses como resultado de dos factores. De un lado, la no apreciación de hechos delictivos en la contratación con Urdangarin de eventos patrocinados por las comunidades de Madrid y Valencia. De otro, la imposición de las penas en su rango mínimo a excepción del delito de tráfico de influencias, en el que el tribunal ha castigado al marido de Cristina de Borbón con la pena máxima prevista en la ley, un año de cárcel, en atención al "posicionamiento institucional que ocupaba en la fecha de los hechos [miembro de la Familia Real], que le hace merecedor de un mayor reproche penal".
En el resto de los delitos, la Audiencia de Baleares ha aplicado a Urdangarin la circunstancia atenuante de reparación del daño (haber devuelto el dinero) y la disminución de la pena prevista en el Código para quien, sin ser funcionario, comete delitos específicos de éstos. Ello ha determinado que la pena más grave para el yerno de Juan Carlos I, la correspondiente al delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad y malversación de fondos públicos, haya sido de dos años y ocho meses cuando el máximo legal posible era de siete años y medio.
De igual manera, la pena máxima para el delito fiscal era de cuatro años de prisión y se le ha impuesto uno (dos años en total al haber cometido un delito tributario en 2007 y otro en 2008). La pena más alta para el fraude a la Administración podía ser de 3 años de cárcel y se le han impuesto siete meses, siempre en aplicación de las atenuantes descritas.
El socio de Urdangarin, Diego Torres, se enfrentaba a una petición del Ministerio Público de 16 años y medio de cárcel y ha sido condenado a ocho años y medio. El expresidente balear Jaume Matas afronta una condena de tres años y ocho meses, cuando Horrach pidió para él cinco años.
Las absoluciones
Más de la mitad de los acusados en el caso Nóos han sido absueltos, destacadamente la infanta Cristina, para la que la acción popular, ejercida por Manos Limpias, pedía 8 años de cárcel como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales atribuidos a su esposo.
La Audiencia estima que para ser partícipe de un delito contra Hacienda "se requiere una acción consciente dirigida a la defraudación al erario público" y ello no ocurre "por el solo hecho de disponer de la condición de socio no administrador" de una sociedad familiar "en cuya gestión no ha participado".
Nadie ha declarado que la infanta interviniera en la gestión de Aizoon ni se ha acreditado que participara de alguna forma en la actividad de asesoramiento realizada por su marido a diversas mercantiles.
Las medidas cautelares
Nada más conocerse el pasado viernes el fallo del caso Nóos, el fiscal Horrach generó la expectativa de que iba a solicitar el encarcelamiento inmediato de Urdangarin y Torres dada la entidad de las penas impuestas. El representante de Anticorrupción dijo textualmente que estaba "valorando la posibilidad de pedir el ingreso en prisión" de estos dos condenados. Este jueves, sin embargo, se ha limitado a instar la imposición de fianzas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente, para que los dos socios puedan esperar el pronunciamiento del Supremo en libertad.
"Una cosa es cuando los medios le preguntan de sopetón nada más recoger la sentencia y otra ponerse a analizar serenamente", han explicado fuentes de la Fiscalía próximas a Horrach, admitiendo que quizá su colega se precipitó pero negando con rotundidad cualquier presión o injerencia en su criterio.
Horrach no transmitió al nuevo fiscal general, José Manuel Maza, cuál iba a ser su postura en la vista de medidas cautelares celebrada este jueves. Tampoco habló con el fiscal jefe, Bartomeu Barceló. Sí informó a la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, que le contestó que le parecía bien la petición de una fianza.
A la rebaja en la posición inicialmente sugerida por el fiscal se ha sumado la rebaja aplicada por la Audiencia, que ha acordado que Urdangarin permanezca en libertad con la obligación de "comunicar" al tribunal todo desplazamiento que realice fuera de la Unión Europea y comparecer una vez al mes ante la autoridad judicial más próxima a su domicilio. De forma novedosa en cuanto al régimen de medidas cautelares la Sala le permite que efectúe esas comparecencias en Suiza, donde el condenado reside.
Diego Torres también podrá seguir en libertad, aunque sometido a comparecencias mensuales (en España). Deberá entregar el pasaporte, además de tener "prohibida" la salida del territorio nacional salvo que lo autorice la Sala. El diferente tratamiento que recibe frente a Urdangarin es justificado por el tribunal aludiendo al "incremento punitivo contenido en la sentencia dictada", en referencia a que la condena de Torres es superior a la del marido de la infanta Cristina.
Tarjetas black: condena total
A diferencia del caso Nóos, la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional no ha salvado a ninguno de los 65 acusados por la Fiscalía en el caso de las 'tarjetas black'. Integrantes de lo que fue la crème de la crème del poder económico y financiero en la época Aznar han sido condenados a las penas que instaba para ellos el fiscal Luzón: el vicepresidente económico Rodrigo Rato afronta cuatro años y medio de prisión; el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, seis años; el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, tres años y dos meses; el ex secretario personal de Aznar, Antonio Cámara, dos años y medio de cárcel; José Manuel Fernández Norniella, un año de prisión.
Rafael Spottorno, que fue jefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I, también ha sido encontrado culpable de apropiación indebida, con una condena a dos años de prisión. Personajes vinculados al PP de Madrid como el exgerente Beltrán Gutierrez, Jesús Pedroche o Ricardo Romero de Tejada han recibido penas de ocho meses a un año de cárcel.
También han resultado condenados ex directivos empresariales como Arturo Fernández (ocho meses de prisión) y Gerardo Díaz Ferrán (dos años de cárcel).
Javier López Madrid tampoco se ha librado. El directivo del grupo Villar Mir, actualmente investigado en una pieza de la trama Púnica referida a la supuesta financiación ilegal del PP, ha sido condenado a seis meses de prisión.