El fiscal pedirá medidas cautelares para los condenados de las 'tarjetas black'

La Fiscalía Anticorrupción va a solicitar a la Audiencia Nacional que celebre una vista para solicitar diversas medidas cautelares para los condenados de las 'tarjetas black'. Aunque inicialmente, el fiscal Alejandro Luzón había rechazado pedir prisión para ninguno de los condenados, puede solicitar otro tipo de medidas, como comparecencias ante el Juzgado, retirada de pasaporte, o algún tipo de medidas reales, como el embargo o retención de ingresos.

En el caso de los principales condenados, los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ambos tienen otras causas judiciales pendientes, que podría perjudicarles a la hora de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les imponga algún tipo de medida.

En el caso de Blesa, un juzgado de Madrid ya ha acordado la apertura de juicio oral por los unos sobresueldos injustificados en la época de la caja y por lo que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él cuatro años de prisión. A este frente se le suma los seis años de cárcel que le acaba de imponer la Audiencia Nacional por haber utilizado indebidamente el dinero de la caja con una tarjeta opaca además de ser el responsable de que el resto de consejeros y directivos tuvieran una.
En el caso de Rato, a la pena de cuatro años y seis meses de cárcel, por continuar la mecánica fraudulenta impuesta opor Blesa en Caja Madrid, se encuentra investigado por la fusión y salida a Bolsa de Bankia, y por su enriquecimiento patrimonial injustificado. Estas dos causas, una seguida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la otra por un Juzgado de Plaza Castilla, se encuentran ambas en fase de instrucción.

El fiscal pedirá el lunes al tribunal que ha condenado a los 65 consejeros y directivos de Caja Madrid por haberse gastado indebidamente 12,5 millones de euros que convoque una comparecencia de medidas cautelares. En esa vista, las acusaciones también podrán pedir medidas cautelares más gravosas que las de la Fiscalía Anticorrupción. Con lo cual, si deciden solicitar prisión, la Sala tendrá todo el abanico de posibilidades antes de resolver. Un tribunal no puede imponer una medida más gravosa que las solicitadas por las partes.

Este jueves, se conocía la sentencia por la que se imponían penas de entre tres meses y seis años de prisión a los 65 acusados por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012. Gastaron 12,5 millones, que deberán devolver con intereses. Esta sentencia no es firme dado que los acusados recurrirán ante el Tribunal Supremo y tendrá que decidir éste si el uso de las tarjetas opacas al fisco fue irregular.