El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha activado una nueva operación para desenmascarar la presunta financiación ilegal del Partido Popular (PP) madrileño en la era de Esperanza Aguirre. Según confirman fuentes jurídicas, el magistrado ha ordenado varios registros a organismos de la Comunidad de Madrid así como a empresas privadas y ha acordado nuevas citaciones como investigados. Este miércoles está declarando el empresario Arturo Fernández, quien tuvo el contrato de restaurante de la Asamblea de Madrid. Fuentes jurídicas han informado de que en los próximos días acudirán más personas a declarar.
Una de los registros realizados por la Guardia Civil entre el martes y el miércoles tiene lugar en la Consejería de Sanidad. El juez estaría detrás de la supuesta financiación irregular del partido con el dinero destinado a la creación de seis hospitales en la época que Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid. Los investigadores sospechan que parte del dinero que debía ir dedicado a los hospitales madrileños acabó en el PP. El juez investiga como desde diversas consejerías madrileñas se habría destinado el 1% de diversos contratos a publicidad adjudicada a empresas donantes del PP.
Asimismo, el instructor interroga este miércoles al exconsejero de Transportes, exdiputado regional y expresidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echeverría, que presentó su dimisión como presidente de la Asamblea de Madrid en diciembre de 2015 tras dar positivo en una prueba de alcoholemia después de colisionar con otro vehículo en la A-6. Además de consejero de transportes e infraestructuras del Gobierno de Aguirre, Echevarría fue senador y concejal del Ayuntamiento de Madrid.
En esta pieza secreta de caso Púnica ya están siendo investigados el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner, que ha tenido que presentarse este miércoles ante Velasco, y el empresario Javier López Madrid -consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir- después de que en febrero Velasco ordenara 5 registros, entre ellos en el despacho del exgerente en la sede del PP de Génova, para dilucidar si hubo posibles delitos de blanqueo de capitales y de cohecho en el marco de la trama Púnica.
Las sospechas contra ambos, que fueron detenidos por la Guardia Civil antes de declarar ante el juez, parten de las anotaciones encontradas en una agenda del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados y a quien el juez ya le dijo cuando le tomó declaración que creía que parte del dinero "hinchado" en los contratos se lo repartían él y "el Partido Popular de la Comunidad de Madrid".