La Policía sospecha que uno de los hijos del expresidente catalán, Josep Pujol Ferrusola, simuló un préstamo de 900.000 euros que guardó en una caja de seguridad de un banco andorrano y que le pagó un socio de la empresa Cat Helicopters, compañía adjudicataria de contratos de la Generalitat. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tienen como testigo otro de los socios de la empresa que niega la existencia real de ese préstamo y asegura que helicópteros de su compañía llevaron a Andorra durante años a varios miembros de la familia Pujol.
La versión que dio Josep Pujol en su declaración ante el juez en febrero del pasado año es que prestó al empresario Jorge Barrigón 900.000 euros en el año 2009 y al año siguiente éste se lo devolvió y por lo que Josep Pujol habría recibido un beneficio de 195.000 euros, un 21%.
Los agentes de la UDEF han entregado recientemente un informe al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, de las pesquisas iniciadas con los apuntes encontrados en la agenda de Josep Pujol encontrada en el registro de su domicilio. Sobre este préstamo, el hijo del 'ex molt honorable' apuntó: "Qué pasa si no lo creen y piensan que he gastado 900.000 euros y ganado 800.000”; "Cómo los he gastado?"; "Documento de préstamo participativo"; "Analizar la posible relación 2009-2010 entre el préstamo y las posibles adjudicaciones a Cat Helicopters”.
Apunte de la Agenda de Josep Pujol
La versión ofrecida por Barrigón al inspector de Hacienda que analizó esta operación es que necesitaba el dinero para hacer una oferta de compra a otro de los socios, Toni Rebés, de la compañía. Sin embargo, éste ha asegurado que “jamás” le ofreció nada parecido.
Irregularidades de la Generalitat
Este mismo socio es quien ha decidido declarar ante la UDEF “para dar a conocer unas presuntas irregularidades cometidas por parte del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña en la adjudicación de los concursos públicos del Servicio Catalán de Tránsito (SCT) a la sociedad Cat Helicopters”.
En su declaración, insistió que la compañía recibió contratos de la Generalitat como mínimo desde el año 2006. También se le han adjudicado más puntualmente servicios en el ámbito forestal, especialmente durante las campañas de verano.
Según relató, la persona encargada dentro del Servicio Catalán de Tránsito (Dependiente del Departamento de Interior del Gobierno catalán) de redactar las condiciones técnicas necesarias que servían de base a los concursos públicos era Antonio Almerich, piloto del SCT. Éste informaba a la Dirección General sobre las condiciones técnicas para prestar el servicio.
Resulta que este piloto también pilotaba el helicóptero de Cat Helicopters, que se adjudicó la concesión del SCT. Según la manifestación de Rebés, recogido en el informe de la UDEF, este piloto de la Generalitat cobraría también de Cat Helicopters. El propio Rebés encontró matrices de talonarios olvidadas en un cajón, donde aparecían unos pagos que apuntan a que a Almerich se le podían estar abonando unos 4.160 euros mensuales desde la empresa.
Este testigo sostiene que Barrigón siempre le decía que este concurso “sería siempre suyo, de hecho año tras año se lo adjudicaban sin problemas, a pesar de que otras compañías mayores intentaban licitar y siempre perdían”. Es más, asegura que una de las empresas más importantes del sector, Taf Helicopters, años tras años ha concursado pero jamás se le ha adjudicado a pesar de haber ofrecido precios más competitivos.
Vuelos de los Pujol manipulados
“En múltiples ocasiones algún helicóptero de Cat Helicopters trasladó a algún miembro de la familia Pujol a Andorra, vuelos que quedan registrados en los planes de vuelo y en los libros de operaciones de las aeronaves, que deben conservarse en la sede de la empresa. También debe quedar constancia en correos electrónicos y comunicaciones diversas”, explica Rebés.
Además, recalca que este tipo de vuelos a Andorra con miembros de la familia Pujol, al menos se llevan haciendo desde 2005-2006. Este testigo quiso añadir ante los investigadores que es posible vulnerar los controles en este tipo de vuelos a la hora de entrar en el Principado de Andorra, “simplemente llegando más pronto o más tarde de la hora indicada o modificando el plan de vuelo y el lugar de aterrizaje con una excusa técnica o por causas meteorológicas, por ejemplo”.
Por todos estos motivos, la UDEF ha pedido al juez que requiera cierta documentación para certificar los extremos aportados por el testigo, además de otros indicios, que hacen apuntar que esos 900.000 euros se trata de un “presunto préstamo falso al objeto de efectuar una operación de blanqueo de capitales a raíz de esta simulación de préstamo”.
La Policía además apunta a una posible connivencia del BPA con Josep Pujol, dado que éste guarda el dinero en una caja de seguridad del banco en billetes de 500 euros, “careciendo de contrato con la entidad, ya que el uso de la caja fue mediante cesión gratuita por parte del banco, dada la urgencia y la transitoriedad del tema”.