El exconsejero madrileño Francisco Granados da un giro en su defensa y ahora quiere que su ex jefa, Esperanza Aguirre, sea clara ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Él siempre defendió la rectitud de la expresidenta de la Comunidad de Madrid pero ciertas declaraciones públicas de ella dejando al investigado por el 'caso Púnica' al pie de los caballos han hecho que adopte otra postura.
Así, si el juez lo considera oportuno, Esperanza Aguirre será citada a declarar en calidad de testigo para que explique el papel de Granados en el Gobierno de la Comunidad de Madrid; “que indique qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil; y que señale qué influencia tuvo Granados en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro (donde él fue alcalde), en los conciertos de colegios y en cualesquiera otros asuntos urbanísticos”, recoge el escrito del abogado de Granados, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Pero todavía pretende dejarle una patata más caliente. Quiere que aclare si su nombramiento como consejero de Presidencia fue decisión de ella misma “en calidad de presidenta, por ser de su confianza”.
La confianza de Aguirre
Granados quiere forzar a Aguirre a que afirme en el Juzgado que él era un hombre de su confianza, del cual no sospechaba y, por tanto, demostrar que él no es un corrupto. El exconsejero se encuentra en prisión desde octubre de 2014 por ocultar dinero en Suiza de origen presuntamente ilícito.
El pasado mes, tras un cambio de letrado, decidió cambiar de estrategia y anunció que colaboraría con la Justicia y pidió declarar voluntariamente. Sin embargo, en su interrogatorio siguió manteniendo que él no ha recibido dinero de empresarios, que no se ha quedado ninguna mordida, que no ha amañado contratos y que es una persona honesta.
Su declaración no sirvió de nada al magistrado, que sospecha que Granados oculta cerca de 20 millones de euros en el extranjero, y que a día de hoy lo oculta a la Justicia. Por esta razón, el instructor se negó a imponerle una fianza y darle la posibilidad de quedar libre.
Sin embargo, Granados no tiene esta misma impresión. En este último escrito presentado ante la Audiencia Nacional, mantiene que su objetivo es “colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos que se le imputan”. Cree que contestó al juez y al resto de partes todo lo que querían saber y no oculta ninguna información.
Se siente colaborador de la Justicia
“Así, en cumplimiento de nuestro cometido como colaboradores de la Justicia y con el propósito de que se puedan llegar a conocer todos los datos referentes a los hechos investigados, “estimamos que sería pertinente (…) se acordara la práctica de una serie de diligencias de prueba”, entre las que se encuentran la citación de Aguirre.
Otra de las declaraciones que solicita es la declaración del actual número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada. En la época de Granados, fue director general de Administración Local, y actualmente es el consejero y presidente del Consejo de Administración de Nuevo Arpegio.
“Se estima necesaria la práctica de esta diligencia a los efectos de que desmienta las declaraciones de David Marjaliza (el empresario amigo de Granados, que ha confesado en el Juzgado el pago de mordidas tanto a Granados como a una serie de alcaldes y otros responsables políticos a cambio de adjudicaciones) sobre el Plan Prisma (en las que le acusa de cobrar comisiones)”, recoge el escrito.
Granados quiere que explique el funcionamiento del citado Plan Prisma; que manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas a dicho Plan con destino al propio Granados; y que confirme que su nombramiento no se debió a una decisión personal de Granados”.
Dada la condición de González Taboada de presidente del Consejo de Administración de la mercantil Nuevo Arpegio, S.A., “se estima pertinente su declaración al objeto de que manifieste si le consta que dicha mercantil colabora con la Justicia o si, por el contrario, pone trabas como al parecer viene sosteniendo el Ministerio Público; e indique si le consta que algún empleado de Nuevo Arpegio le ha manifestado temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.