El extesorero del Partido Popular en Madrid guardaba en su domicilio una memoria externa con datos que, siempre según los investigadores, demostrarían la financiación ilegal de la formación en tres campañas electorales: las autonómicas y municipales de 2007 y 2011 y las generales del 2008 . Hasta ahora, se habían desvelado anotaciones manuscritas de Beltrán Gutiérrez con pagos externos para la campaña del 2007.

Según sostienen fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, las pruebas aparecidas en la causa que investiga la financiación del PP madrileño van de los años 2007 a 2011, cuando Esperanza Aguirre era la presidenta de la Comunidad de Madrid y la presidenta del PP madrileño. Sin embargo, estas mismas fuentes aseguran que hasta ahora no hay indicio alguno que señale a Aguirre como partícipe activa en estos hechos.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el 11 de febrero de 2016 el registro del domicilio de Gutiérrez y el de Javier López Madrid, consejero de OHL, en el marco de esta investigación, dentro del caso Púnica. Tres días antes, este diario publicaba que que López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL) habría pagado comisiones al PP madrileño presuntamente a cambio de adjudicación de obra pública. En esa misma información, ya se adelantaba que el ex número tres de Aguirre, Francisco Granados, tenía una agenda con anotaciones de posibles ingresos y salidas de dinero. Uno de los apuntes era B.G.

Beltrán niega financiación ilegal

El constructor, ex socio de Granados, David Marjaliza ayudó a descifrar la agenda y aseguró que esas iniciales correspondían a Beltrán Gutiérrez. Por ahora, el extesorero madrileño -condenado por las 'tarjetas black'- ha negado la existencia de cualquier posible financiación ilegal.

La semana pasada, en el marco del sumario por el caso Púnica se dio conocimiento a las partes personadas en la causa de una carpeta con diversa documentación incautada en el domicilio del extesorero madrileño así como en la causa y despacho de López Madrid. Sin embargo, fuentes del caso explican que hay más documentación que se encuentra en una pieza secreta y por la que ya han sido citados a declarar en calidad de investigados varios empresarios, entre ellos Arturo Fernández, dueño del grupo de restauración Cantoblanco y expresidente de la patronal de empresarios madrileña CEIM.

Precisamente, uno de los documentos intervenidos a Gutiérrez refleja los posibles pagos por parte de la patronal al PP para financiar su campaña regional de 2007, superando así los límites legales establecidos sobre la financiación.

Sin embargo, la patronal no sería la única vía de financiación del PP. El partido se habría nutrido, según la investigación, de dinero aportado por Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid). Fundescam, a su vez, habría recibido donaciones de empresarios. Además, tal y como se sospecha de López Madrid y otros empresarios, éstos habrían dado dinero directamente a la formación para sus campañas. Otra de las vías que se investiga es el desvío de un porcentaje de partidas de contratos públicos para financiar al partido ilegalmente.

Apoyo a la campaña de Rajoy

Una de las sospechas que barajan los investigadores es que el dinero que entraba en el PP de Madrid se utilizase también a nivel nacional, concretamente para la campaña de las elecciones generales de 2008. Mariano Rajoy fue el candidato a la Presidencia y perdió ante José Luis Rodríguez Zapatero.

Del análisis que está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desprende que Gutiérrez podría haber estado en contacto con Bárcenas para transferir dinero de Madrid a la sede nacional. Es más, en el registro de su casa aparecieron numerosas facturas personales de Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, que Gutiérrez guardaba.

El juez Velasco, la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto Armado siguen analizando la numerosa documentación intervenida. Los investigados en esta pieza podrían enfrentarse a delitos electorales que, al ser continuados en el tiempo hasta por lo menos 2011, no habrían prescrito. También podrían ser acusados de delitos de blanqueo de capitales por introducir en el circuito económico legal dinero de procedencia ilícita.

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