El futuro penal del presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, y del director de ese medio, Francisco Marhuenda, quedará en manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, si el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acepta la petición que han formulado los fiscales encargados de la Operación Lezo, que han comunicado que se apartan de la acusación contra ambos.
Casals y Marhuenda comparecen en la Audiencia Nacional
En un escrito presentado en el Juzgado este lunes, los representantes del Ministerio Público descartan la existencia de indicios de que Casals y Marhuenda formaran parte de una "organización criminal", pero insisten en que de las conversaciones intervenidas al consejero delegado de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, "resultaban indicios muy concretos" de un posible delito de obstrucción a la Justicia al haber intentado "influir" en Cifuentes para que no aportara datos incriminatorios contra Sobrino. Éste se encuentra en prisión desde el pasado viernes por su supuesta implicación en operaciones irregulares realizadas como responsable de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, organismo dependiente de la Comunidad de Madrid.
"La actuación intimidatoria a Cristina Cifuentes se basaba, aparentemente, en anunciarle directamente o a través de su jefa de prensa, Marisa González, una supuesta presión a través del periódico La Razón e incluso a través de Atresmedia para que no fuese proactiva en la investigación de la compra de la sociedad Emissao" por parte de Inassa, señala el escrito, conocido por EL ESPAÑOL.
Los fiscales añaden que, a través de un extenso dosier, Marhuenda intentó desmentir el pasado jueves, en su declaración ante el juez como investigado, que La Razón hubiera desplegado una campaña de desprestigio contra Cifuentes. Pero la Fiscalía cree que eso "no es determinante" a efectos penales, ya que lo relevante es "si los investigados tenían o no la capacidad de intimidar a la señora Cifuentes".
"Para incurrir en la conducta típica [delictiva] de 'intentar influir' en quien sea denunciante de un hecho basta con que se anuncie un mal adecuado o de entidad intimidatoria suficiente y que se tenga la capacidad para ejecutar el mal anunciado", explican. Casals y Marhuenda "tenían (y siguen teniendo) una posición ideal para realizar esta actuación intimidatoria por el poder mediático que atesoran", afirman los fiscales.
"Tenían 'las armas' adecuadas para intimidar y la señora Cifuentes era especialmente sensible a tales 'armas'", agregan. "Desde el plano estrictamente jurídico, de las conversaciones telefónicas observadas con autorización judicial, resultaba con claridad que el hecho delictivo se había realizado", reiteran.
Declaraciones ante Velasco
Sin embargo, las declaraciones judiciales prestadas a lo largo de la pasada semana han aportado "datos trascendentes a los efectos de valorar el material incriminatorio que surgió de las conversaciones telefónicas".
Explican que las declaraciones de Casals y Marhuenda "se centraron en afirmar que ambos mintieron a su amigo Edmundo Rodríguez Sobrino. Coinciden en señalar que Rodríguez estaba muy obsesionado con las consecuencias de la compra de la sociedad Emissao y para 'quitárselo de encima' trataron de hacerle creer que efectivamente estaban realizando los hechos que resultan de las conversaciones intervenidas".
"Sin embargo", dice la Fiscalía, "la realidad es que no hicieron nada de lo que le manifestaron y dijeron lo que consta [en las conversaciones intervenidas] 'a modo de placebo' para hacer creer a su 'amigo' que lo estaban protegiendo por estas vías ilícitas".
"Concluyen que un ningún momento se dirigieron con estos fines intimidatorios ni a Cristina Cifuentes, ni a Ángel Garrido ni a Marisa González. En definitiva, argumentan que realizaron lo que podríamos definir como 'una estafa no patrimonial' al señor Rodríguez, es decir, urdieron un engaño bastante para inducir a error a Edmundo Rodríguez, de modo que en este naciera la creencia de una falsa protección ilícita".
El propio consejero delegado de La Razón se prestó a 'salvar' al presidente y al director del medio afirmando "con igual contundencia" que "Mauricio Casals y Francisco Maruhenda le engañaron y que ahora era consciente de que no hicieron nada".
Por su parte, Marisa González admitió la existencia de disidencias con Francisco Marhuenda pero las enmarcó en un plano "estrictamente profesional" como consecuencia de sus funciones de directora del Gabinete de la Presidencia y Comunicación.
González, indica el fiscal, "no destacó una actuación especialmente insidiosa o de naturaleza intimidatoria" y su versión se vio confirmada por Cifuentes, que afirmó refiriéndose a su jefa de prensa que "no me consta que se haya quejado de noticias o editoriales concretos del diario La Razón".
El portavoz del Gobierno de Cifuentes y presidente del Canal, Ángel Garrido, negó ante el juez la existencia de "una presión mediática torticera sobre su persona o sobre su gestión política por parte del diario La Razón".
En esa misma línea se expresó Cifuentes. Reconoció que el día 10 de agosto de 2016 se reunió con Marhuenda "por motivos profesionales relacionados con la Universidad Rey Juan Carlos". En esa reunión, el periodista se interesó por la situación de Edmundo Rodríguez Sobrino y ella "se limitó a remitirle al señor Garrido, en su calidad de presidente del Canal".
La presidenta de Madrid reconoció otro "breve encuentro" con Marhuenda en un plató de televisión, "pero no habló sobre Rodríguez".
'Esfafa a un amigo'
A la vista de estos datos, "se obtienen evidencias que confirman la versión de los investigados en cuanto a que lo que ejecutaron no fue un delito de coacciones o de obstrucción a la justicia, sino que fue lo que hemos llamado 'una estafa no patrimonial a un amigo'. Hicieron creer a Edmundo Rodríguez que estaban cometiendo un delito pero en realidad no hicieron nada", concluyen los fiscales.
Por ello, piden al juez Velasco que deduzca testimonio de la parte de las diligencias que afecta a Casals y Marhuenda y, al no ser competencia de la Audiencia Nacional por descartarse que formaran parte de la "organización criminal" atribuida a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, la remita a los Juzgados ordinarios de Madrid para que éstos acuerden el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
No obstante, antes de ello los fiscales solicitan que su informe a favor del sobreseimiento y archivo se remita a Cifuentes, Garrido y González "para que tengan la oportunidad de comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a los efectos de defender su acción si lo consideran oportuno".
Ello es consecuencia de una previsión de la ley procesal penal que indica que, si el fiscal pide el sobreseimiento de unas diligencias y no hay otra acusación personada en el procedimiento, el juez puede acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Público "a los interesados en el ejercicio de la acción penal" para que ellos puedan acusar.
La actuación penal contra el presidente y el director de La Razón dependerá, por tanto, de la presidenta del Gobierno de Madrid y de sus dos subordinados si el juez instructor asume el criterio de los fiscales anticorrupción.