Un investigado denuncia coacciones de fiscales Anticorrupción que no estaban en el lugar de los hechos

Rafael Pallardó es un investigado que está acusado de blanquear dinero de la mafia china de Gao Ping. Pallardó trabajaba para la Banca Privada de Andorra y hace dos años pidió que la Policía le protegiera porque estaba siendo amenazado por los chinos o por el sector bancario andorrano. Dos años después, cambia de estrategia y decide denunciar a los fiscales de Anticorrupción que le investigan para, según fuentes fiscales, favorecer a la familia Cierco, dueños del BPA, a la que señaló dos años antes.

La denuncia ha sido tramitada por el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, contra sus tres fiscales por posibles delitos de coacciones y contra la Administración de Justicia. Ahora los fiscales afectados han pedido amparo al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con el apoyo de todos sus compañeros de Anticorrupción, que se analizará la semana que viene en el Consejo Fiscal. Con esta petición buscan protección ante una denuncia que consideran una injerencia a su labor y un intento de condicionar la tramitación de la causa. Esta denuncia debe ser analizada ahora por la Fiscalía de Cataluña, que decidirá en todo caso si las declaraciones que hace el denunciante tiene el mínimo peso para ser trasladado a los tribunales.

Someramente, Pallardó sostiene que en una reunión mantenida con los fiscales Fernando Bermejo, José Grinda y Juan José Rosa, el 12 de marzo de 2015, en Barcelona, éstos le coaccionaron para declarar que Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, habían movido dinero en Andorra, a través del BPA, cuando esos datos eran del todo falsos. En ese momento, Bermejo era fiscal de Anticorrupción en Cataluña e investigaba a los Pujol. Y los otros dos fiscales eran quienes tenían a Pallardó investigado en la Audiencia Nacional por el caso Emperador, por blanquear dinero a la mafia china.

Fuentes de la Fiscalía corroboran que en esas fechas los fiscales señalados no se encontraban en Barcelona. Exceptuando Bermejo que entonces estaba destinado en Barcelona, Grinda y Rosa en aquellas fechas no se habían trasladado a Barcelona, tal y como lo demuestran las comisiones de servicio que deben realizar en cada uno de sus desplazamientos, con el conocimiento del fiscal jefe.

Es cierto que estos tres fiscales mantuvieron una reunión con Pallardó, meses antes de la descrita por éste, y fue con la autorización de los entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y del fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas.

Pallardó pidió dinero

Varias fuentes confirman que los fiscales alertaron a su superior que aquella reunión tuvo que ser interrumpida porque Pallardó habría ofrecido datos de la familia Pujol a cambio de dinero proveniente de los fondos reservados del Estado. Otros fiscales ajenos a los denunciados estuvieron presentes cuando narraron a Salinas lo ocurrido. Según datos de la Fiscalía, fue Pallardó quien ofreció a la Fiscalía una serie de correos electrónicos con anotaciones, presuntamente sobre los Pujol, y que los daría a cambio de dinero. Tras la negativa de la Fiscalía ese ofrecimiento no prosperó.

En la denuncia, Pallardó relata que en esa supuesta reunión del 12 de marzo de 2015, los fiscales le forzaron para ir a Andorra, a pesar de que tenía una prohibición judicial de salir de España, para declarar ante la Policía y darles datos del BPA. Sin embargo, fuentes del caso sostienen que su declaración fue ante la Fiscalía Andorrana tras una citación oficial.

Varios medios, como Crónica Global, publicaban entonces que en el marco de la operación Emperador la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) se incautó de la agenda personal de Pallardó. En ella aparecían decenas de nombres, fechas y pagos de dinero negro que este abogado barcelonés habría materializado en sus numerosos viajes a Andorra. Todo ello lo puso en conocimiento del Fiscal General de Andorra, a instancias de la Fiscalía española, el día 13 de marzo por la mañana. Por la tarde, la justicia andorrana ordenaba la detención del consejero delegado del Banco Privado de Andorra, Joan Pau Miquel.

Pallardó dice ahora que fue una trampa. Y a consecuencia de su declaración “dirigida” se intervino por parte de las autoridades andorranas el BPA. Sin embargo, el banco fue realmente intervenido el 10 de marzo, tres días antes de su declaración en Andorra. Además, según publicó El País, Pallardó no declaró sólo ese 13 de marzo sino que volvió en junio para declarar de nuevo ante la Justicia andorrana. En su interrogatorio, Pallardó detalló cómo enviaba dinero a China con un sistema de “compensaciones en efectivo” que le propusieron los directivos del BPA: “Yo era el cajero automático del banco en España”.

El fiscal general de Andorra también implicado

Según su relato, aquel 12 de marzo, los fiscales le forzaron a ir a Andorra, donde le estaría esperando un policía, para declarar contra el BPA. Tras ser intimidado, decidió coger su coche y acudir a la cita a pesar de que no podía salir del país por prohibición expresa de la Audiencia Nacional. “Ante mi negativa y sorpresa, dado que había acudido a lo que aparentemente era una reunión informal (en la Comisaría andorrana), tuve el fundadísimo temor a ser detenido allí mismo, y el señor Antich (policía andorrano) llamó al fiscal general andorrano, Alfons Alberca, y me lo puso al teléfono”. Según su versión, el fiscal general andorrano le dijo que se cumpliría todo lo que le habían prometido “si declaraba en el sentido que interesaba a la Policía y al fiscal andorrano, o sea, una declaración dirigida”.

Aunque en la tramitación de la denuncia Moix sólo haga mención a los tres fiscales de Anticorrupción, lo cierto es que Pallardó también acusa de estas coacciones al fiscal general andorrano. El investigado también señala a su propio abogado entonces, David Carrau, como parte del plan.

Este letrado estuvo presente en la reunión que se mantuvo en realidad con los fiscales, meses antes de la señalada por Pallardó, y podría dar su versión de los hechos. Sin embargo, su entonces defendido le sitúa como parte del plan al asegurar que “ocho días antes de la reunión me hizo saber que sería muy conveniente el mantener una reunión con la Policía andorrana”.

Y la Policía le robó

Pero además, este investigado también acusa a la UDEF de quedarse con dinero de su caja fuerte cuando le hicieron el registro de su domicilio en el marco de la Operación Emperador.

Cuando el pasado 28 de marzo, el fiscal jefe de Anticorrupción recibió a Pallardó en persona para recoger la denuncia, el investigado hizo una comparecencia. En el acta, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se recoge: “Quiere añadir que a su juicio hubo alguna irregularidad el día que fue detenido, dado que tras abrir una caja fuerte en la que había dinero en metálico, y a preguntas de la Policía sobre si tenía alguna otra caja fuerte, manifestó que sí dirigiéndose a otra habitación para abrir esta segunda caja. Como consecuencia de ello el declarante nunca estuvo presente cuando la Policía sacó el dinero de la primera caja fuerte ni cuando el dinero fue contado, existiendo una contradicción en dos informes policiales, en uno consta 200.000 euros y en otro que había 60.000 euros, informe que es que el ha prevalecido, creyendo el declarante que esta cantidad era muy escasa”.

En su decreto para tramitar la denuncia, Moix explica que Pallardó ha ratificado ante él que tres fiscales de Anticorrupción le intimidaron (sobre todo Bermejo y Grinda, ya que Rosa, según la denuncia, se habría levantado de la reunión) para que hiciese una declaración que no correspondiese con la realidad así como que se personase en Andorra en relación con actuaciones relacionadas con el Banco Madrid y el BPA.

“Pallardó tenía en el momento de los hechos, y la sigue ostentando, la condición de persona investigada en la citada causa penal (caso Emperador). Asimismo, resulta que los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo eran los fiscales asignados para el conocimiento y despacho de dicho procedimiento. Tanto del contenido de la denuncia como de su ratificación, se desprende que los hechos denunciados aparecen indiciariamente constitutivos de delitos de coacciones y contra la Administración de Justicia”, recoge el decreto de Moix, que lo envía a la Fiscalía de Cataluña, la competente para investigarlo.

Erróneamente, en el decreto se señala a Bermejo y Grinda como los fiscales del caso Emperador por el que está investigado el denunciante, aunque Bermejo no está en la causa, sino que lo lleva su compañero Rosa. No obstante, después de este decreto, el fiscal jefe decidió retirar a Bermejo y Grinda la causa conocida como caso del 3% sobre la financiación irregular de Convergencia.