Rato acusa a Bankia de llevarse ilegalmente los datos de las 'black'

"La génesis de la investigación es ilícita". Con esta idea, el exvicepresidente económico y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, acusa a esta última entidad, ya con su sucesor al frente, de haber obtenido los datos de las 'tarjetas black' que le han llevado a que la Audiencia Nacional le condene a cuatro años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, junto a otros 64 acusados.

En su recurso de casación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Rato explica que los datos personales guardados por Bankia (como sucesora de Caja Madrid) fueron extraídos "sin consentimiento de sus titulares y sin autorización de la autoridad judicial", vulnerando así el derecho a la intimidad y a la protección de datos.

Gran parte del recurso, de 157 folios, gira en torno al hecho de que toda la investigación por las 'tarjetas black' -por la que consejeros de Caja Madrid gastaron en torno a los 15 millones de euros en dos décadas con tarjetas ajenas al circuito legal pero cargadas a la entidad- es ilícita desde el origen.

Según explica su defensa, Bankia extrajo esos datos, sin autorización de los beneficiarios de las tarjetas, sin que existiera una orden judicial ni una investigación en curso. "Fueron extraídos, tratados y divulgados por Bankia sin recabar el consentimiento de sus titulares", recoge el recurso.

Por eso, pide al Tribunal Supremo, que debe revisar la condena de la Audiencia Nacional, que aplique la regla de exclusión probatoria y, por ende, que anule toda la causa dado que los datos de las tarjetas están en el origen de la investigación. Los datos obtenidos por Bankia, ya con José Ignacio Goirigolzarri como presidente, fueron entregados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de ahí a la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella ante el juez Fernando Andreu.

Rato lamenta que con la difusión de los datos de las tarjetas se ha podido ver la "claridad de los gustos y aficiones personales o incluso las convicciones religiosas" de los beneficiarios de esas tarjetas. "Nos hallamos ante esos aspectos más básicos de la autodeterminación personal del individuo" y por tanto una flagrante vulneración del derecho a la intimidad. "La injerencia de la intimidad se ha producido no por la Policía sino por un particular", sostiene.

La defensa de Rato pretende que toda la sentencia de la Audiencia Nacional se revoque por la ilicitud de la prueba inicial. "Una vez expulsadas del acervo probatorio las pruebas teñidas de ilicitud, la condena queda huérfana de todo sostén probatorio", subraya el escrito.

Fallo en los eslabones de la cadena

"Todos los eslabones de la cadena de custodia han estado a cargo de una entidad bancaria que no sólo no ha permitido la trazabilidad y control de los pasos adoptados para el volcado de los datos, sino que además ha actuado como acusación y cuya actuación, en consecuencia, ha venido presidida desde el primer momento por un notorio interés particular en el pleito carente, lógicamente , de imparcialidad", añade.

Durante el juicio, gran parte de los acusados mantuvieron que los datos aportados por Bankia sobre los gastos de las tarjetas eran erróneos. Pagos en comercios a horas que estaban cerrados o pagos simultáneos en varios lugares a la vez son algunos de los ejemplos que, a su juicio, demuestran que la tabla Excel elaborada por Bankia contiene fallos. La Fiscalía Anticorrupción ya desechó ese argumento y la Audiencia Nacional no lo tuvo en cuenta.

"La opacidad con que el tratamiento y la extracción de datos ha sido realizado por la parte acusadora, y la omisión sobre la certificación de las garantías adoptadas para asegurar su integridad, derivan en un insoportable déficit de fiabilidad de la prueba con que se ha fundado la condena", sostiene.