La Fiscalía y el juez avalaron en marzo la tesis de la UCO que vincula financiación irregular con las adjudicaciones de Cifuentes

Un informe de la Fiscalía Anticorrupción y un auto del juez Eloy Velasco avalaron el pasado marzo la tesis de la Guardia Civil sobre la relación entre la financiación irregular del PP de Madrid y los contratos en favor del empresario Arturo Fernández firmados por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid cuando estaba al frente de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid. Ambos pronunciamientos, tanto el de las fiscales del caso Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García, como el del magistrado, tienen fecha del 6 de marzo, es decir, apenas cinco ddespués del polémico informe de la UCO en el que los investigadores vinculan a Cifuentes con los delitos de prevaricación y cohecho por adjudicar estos contratos.

Según las fiscales “los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe”. Atendiendo a los informes de la Guardia Civil, la Fiscalía incluía estas actividades como “otro de los sistemas de financiación irregular de los excesos electorales en el capítulo de gastos” que “se instrumentó por el sistema de recompensa a los donantes con contratos públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid”.

Por su parte el juez, en la misma fecha, hizo una aseveración similar en el auto en el que citaba como investigado al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. A juicio de Velasco, “los informes policiales ofrecen evidencias de que a través de la cuenta corriente de Fundescam determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”.

El juez habla de “sólidos indicios” que acreditarían que Arturo Fernández “fue adjudicatario de determinados contratos públicos de la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas”. Aunque no la cita expresamente, Cifuentes estaba en el citado patronato cuando se hicieron los pagos y luego fue presidenta de la Mesa de Contratación de la Asamblea cuando se adjudicaron los contratos. A tenor de estos argumentos, tanto el titular del Juzgado que coordina la investigación como la Fiscalía no tenían duda en marzo de que las concesiones al empresario eran irregulares. Estas afirmaciones se producían menos de una semana después de que la Guardia Civil señalase a Cristina Cifuentes como una de las responsables de adjudicar esos contratos.

Fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por este periódico al respecto de estos dos documentos argumentan que son previos a las declaraciones que prestaron ante la Guardia Civil los miembros del comité de expertos de la Asamblea de Madrid, organismo que también integraba Cifuentes. Declararon ante los investigadores el 8 de marzo, dos días después del auto del juez y el informe de las fiscales. Las fuentes del Gobierno madrileño consultadas interpretan que a la luz de sus exposiciones tanto el magistrado como el Ministerio cambiaron de opinión acerca de las irregularidades apuntadas anteriormente.

Las representantes del Ministerio Público citaban el trabajo de la Guardia Civil al identificar “varias adjudicaciones en favor de Arturo Fernández, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo una adjudicación de diversos contratos públicos de Vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009, 2011”. En lo que afecta directamente a los contratos de la Asamblea de Madrid, la investigación se centra en los que obtuvo Arturo Fernández 2009 y 2011.

Pagos a Fundescam

La UCO liga esas concesiones a dos pagos a Fundescam que atribuye al empresario de 60.000 euros y otro 100.000 euros realizados con carácter presuntamente finalista en marzo de 2007, antes de las elecciones autonómicas de ese año. La Guardia Civil advierte en su informe del 1 de marzo que entonces Cifuentes presidía la mesa de contratación de la Asamblea y al mismo tiempo integraba el comité de expertos, algo incompatible a juicio de los investigadores. Además recuerdan que en el momento en el que Arturo Fernández hizo los pagos a Fundescam, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid figuraba entre los patronos de ese organismo. Añade la UCO también que en el momento de los pagos, Cifuentes era parte del comité de campaña del PP de Madrid, concretamente la encargada de “movilidad territorial”.

Aunque el informe de las fiscales tampoco cita a Cifuentes de forma expresa, sí que avala la existencia de “una red de decisión y ejecución cohesionada” integrada por varios cargos de los desempeñados en su momento por la hoy presidenta madrileña. “La coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de la fundación Fundescam, directores y miembros de los comités de campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la CAM consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo”.

Añade el escrito que “este grupo de decisión puso en marcha una planificación de diversos canales de financiación irregular con el objetivo directo de sufragar los excesos de las campañas electorales”.

A partir del estudio de la contabilidad B recogida en los pen drives incautados al exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, los investigadores han calculado que la campaña electoral de 2007 hubo un exceso de gasto de 2,6 millones sobre el límite marcado por la Ley. En la de 2008 (elecciones generales) este exceso fue de 685.000 y en la de 2011, de 1,5 millones. Eso suman casi cinco millones de euros en las tres campañas. En el marco de la operación Lezo, también instruida en la Audiencia Nacional por el juez Eloy Velasco, consta una conversación telefónica entre los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González en la que ella admite, en privado, la posibilidad de haber sobrepasado el límite de gasto electoral.

El juez descarta imputar

El escrito de la fiscalía del 6 de marzo adelantado por Europa Press zanja que “en resumen en el atestado de la Policía Judicial (la UCO) se detallaban las distintas vías de financiación irregular del Partido como son las recompensas a los donantes en forma de adjudicaciones públicas a su favor”.

Pese a estas conclusiones y las de la Guardia Civil, el juez del caso, Eloy Velasco, juez del caso Púnica, no tiene intención de proceder contra Cristina Cifuentes. Al mismo tiempo, fuentes jurídicas, indicaron este martes que la Fiscalía Anticorrupción tampoco ha encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparecen los informes de la UCO y de los fiscales.

Las fuentes jurídicas consultadas resaltan que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.