Ignacio González deja morir su denuncia por espionaje después de 8 años y el juez cierra el caso

Las actividades de espionaje que denunció en 2009 Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid (CAM) y hoy en prisión por presuntos delitos de corrupción, no serán juzgadas. El magistrado Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha acordado el sobreseimiento de las diligencias después de que González haya dejado pasar el plazo que se le dio para la designación de un abogado que presentara el escrito de acusación.

El nombramiento de un nuevo letrado era imprescindible después de que los servicios jurídicos de la CAM, que antes representaban a González, hayan dejado de hacerlo por existir un "conflicto de intereses".

El otro afectado por los seguimientos, Ildefonso de Miguel, exdirector general del Canal de Isabel II, ha renunciado a formular escrito de acusación, mientras que el fiscal ya instó en febrero de 2016 el cierre de las diligencias al no apreciar delito alguno en los seguimientos e investigaciones atribuidas a detectives de las agencias Método 3 y Mira.

Al no existir ni acusación pública ni particular, el instructor ha decretado el archivo de las actuaciones, que en este momento se encontraban pendientes de que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera los recursos de los detectives imputados contra el auto en el que Carretero sí apreciaba indicios de delito y abría la fase de preparación del juicio oral.

La Audiencia había señalado para el próximo día 30 el examen de esos recursos, que ahora se verá afectado por el cierre del caso. El archivo, no obstante, es recurrible.
La Fiscalía descartó que los seguimientos de que fue objeto González durante viajes privados y oficiales -entre ellos, uno con Ildefonso de Miguel a Cartagena de Indias, en Colombia- y las investigaciones sobre su patrimonio fueran constitutivos de delitos de revelación de secretos o violación del derecho a la intimidad. La Fiscalía argumentó que los datos recopilados sobre el expresidente del Gobierno madrileño "han sido obtenidos de manera completamente lícita".

Durante la instrucción, el director de Método 3, Francisco Horacio Marco, investigado en el procedimiento, declaró que recibió un encargo de una empresa americana para averiguar todo lo relacionado con la compraventa de la sociedad colombiana de aguas Triple A -vinculada al Canal de Isabel II- y si había que pagar comisión y a quién.
En el mismo sentido, Julio Gutiez, de la agencia Mira y también investigado, manifestó que su cliente, un abogado, quería comprobar si la cúpula del Canal "mantenía contactos que pudieran indicar la existencia de comisiones ilegales".

González y De Miguel están ahora siendo investigados por un supuesto enriquecimiento con operaciones realizadas cuando gestionaban el Canal de Isabel II.