La Audiencia Provincial de Madrid acaba de dar un espaldarazo a los investigadores del caso del pequeño Nicolás, en el que tienen como principal investigado al joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, investigado, entre otras cosas, por hacerse pasar por miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o por colaborador del Gobierno.

Tanto el 'pequeño Nicolás' como otros de los investigados en la causa, como el excomisario de Policía José Manuel Villarejo -imputado por presuntamente haber colaborado con el joven para anular la causa judicial-, habían solicitado que se apartara de la investigación del caso a la comisión judicial, dirigida hasta hace unos meses por el comisario Marcelino Martín Blas. Los solicitaron con el apoyo de la Fiscalía de Madrid.

La base para solicitar la separación de los miembros de la comisión judicial era la presunta enemistad del comisario Martín Blas respecto del comisario Villarejo; que uno de los inspectores había mantenido una conversación en los pasillos del Juzgado con Gómez Iglesias; y por la participación de los investigadores de la reunión con agentes del CNI y que fue grabada de manera ilegal. Por su grabación es por lo que se señala a Villarejo. Presuntamente, se grabó su contenido de manera ilegal, a través de un programa espía instalado en el teléfono móvil de Martín Blas. Su contenido se le hizo llegar al joven, presuntamente estafador, para que plantara la nulidad de toda la investigación sobre él.

El juez que instruía la causa, Arturo Zamarriego, rechazó la pretensión de los investigados de apartar a la comisión judicial de la causa. Éstos recurrieron y llegó a la Audiencia Provincial de Madrid, que rechaza ahora los recursos. En un auto, explica que el personal integrado en las unidades de Policía Judicial será el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como establece la ley.

“Sus singularidades son que dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los jueces, tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación, y que no pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”, recoge el auto.

De esta manera, la Audiencia se opone a las pretensiones, entre otros del Ministerio Público, de cambiar a los investigadores por estar contaminados en la causa. El fiscal Alfonso San Romám solicitó al magistrado que disolviera la comisión judicial debido a que tanto el comisario Martín Blas como uno de sus inspectores son testigos de los acontecimientos que se indagan además de investigadores. "No parece que deban seguir investigando", argumentaba el representante del Ministerio Público.

Gómez Iglesias ya está procesado por una de las piezas que se le investiga, concretamente por un delito de estafa consistente en hacerse pasar por un alto cargo del Estado que, a cambio de dinero, resolvía problemas a personas que previamente habían sido captadas con la participación de seis personas, entre ellos cuatro policías municipales y un guardia civil.

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