España encabeza el ranking europeo de desconfianza en la forma en que se realizan los nombramientos para cargos judiciales, de acuerdo con la percepción que los propios jueces reflejan en el último informe de la Red Europea de Consejos de Justicia (ENCJ, según sus siglas en inglés) sobre Independencia, Responsabilidad y Calidad del Poder Judicial.
El informe, presentado el pasado viernes en París durante la asamblea general de la ENCJ, que preside Nuria Díaz Abad, vocal del Consejo General del Poder Judicial español, recoge la opinión que los jueces europeos tienen sobre su propia independencia y sobre otras cuestiones relevantes como la existencia de presiones del poder político o las medidas que podrían contribuir a reforzar la independencia judicial como base esencial del Estado de Derecho.
Una encuesta llevada a cabo a finales de 2016 entre jueces de 26 países europeos ha aportado los indicadores que recoge el informe. En total han participado 11.712 magistrados, casi el doble de los que contestaron -siempre de forma anónima- en el primer informe, hecho público en 2015. De ellos, 718 han sido jueces españoles, el 13,04 % de la carrera judicial, muy por debajo de la media de participación en el resto de países (el 24%).
No obstante, la Red Europea de Consejos de Justicia afirma que incluso en los casos en los que la tasa de respuesta ha sido baja, como ocurre en el caso español, los resultados pueden considerarse estadísticamente "significativos".
En cuanto a la percepción subjetiva de su independencia, los jueces españoles están por debajo de la media europea, sólo mejor que países como Eslovenia, Lituania, Albania, Bulgaria o Croacia. Los países cuyos jueces se consideran a sí mismos con más garantías de independencia son Dinamarca, Gran Bretaña, Países Bajos o los países escandinavos (excepto Suecia).
España es también uno de los países europeos en que los jueces, de acuerdo con su propia impresión, están más sometidos a presiones indebidas. El 10 % lo piensa así, frente al 2% de los daneses.
A este respecto, los jueces españoles creen que su independencia no es respetada por el Poder Ejecutivo en un porcentaje mayor que el que se registra en la mayoría de los demás países europeos.
Tampoco creen que el Consejo General del Poder Judicial tenga mecanismos y procedimientos apropiados para llevar a cabo una defensa efectiva de la independencia de los jueces.
En este sentido, los jueces españoles son los más críticos de toda Europa respecto a la forma en que se realizan los nombramientos para cargos en la Magistratura. A su parecer, la promoción de los jueces se produce por criterios que no están basados en la capacidad o la experiencia, lo que supone una enmienda a la totalidad de la política de nombramientos del CGPJ.
Según los jueces españoles encuestados, las medidas que más contribuirían al reforzamiento de la independencia judicial serían, en primer lugar, que la selección y promoción se realizara de acuerdo con criterios de capacidad y experiencia. En segundo lugar, la instauración de mejores condiciones de trabajo (especialmente en relación con la carga de asuntos que soportan) y finalmente, retribuciones adecuadas a su responsabilidad.