El ex presidente de Banco Popular, Angel Ron, no será indemnizado por su despido en el Banco Popular el pasado mes de febrero. Ron demandó a la entidad por echarle y no pagarle indemnización alguna tras 32 años en la entidad, donde empezó como auxiliar administrativo. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha confirmado que Ron había pedido su relación laboral con el banco cuando entró en el Consejo de Administración, para pasar a una relación mercantil.



Es decir, al no contar con esa relación laboral no tiene derecho a cobrar una indemnización por despido. Ron solicitaba que se le contabilizara esa indemnización con su salario de 106.281 euros mensuales.



Cuando Ron entró en el Consejo de Administración, en el año 2002, en su nuevo contrato se dejó en suspenso su relación laboral cuando, según la sentencia, se tendría que haber finalizado esa relación para convertirla en relación mercantil.



Pero el magistrado va más allá y habla de “sospechas de una posible autocontratación fraudulenta” en la contratación de Ron, aunque no profundiza en estas sospechas porque no forma parte de la demanda. A su juicio, si la relación contractual estaba extinguida “era imposible dejar suspendida una relación inexistente y nos encontraríamos ante un contrato carente de objeto por lo que sería plenamente nulo”, recoge.



Para el juez, Ron rechazó recuperar su relación laboral con la entidad desde el momento que formó parte de la alta dirección y se vinculó societariamente. “Desde ese momento la relación laboral quedó extinguida”, sostiene la sentencia que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.



A pesar de que Ron se fue sin indemnización para ser sustituido por Emilio Saracho, se marchó con 24 millones de euros en una póliza de seguro para que recibiera 1,1 millones anuales de manera vitalicia.



El paso por Ron por los Juzgados podría no ser el último. La asociación de consumidores OCU se ha querellado contra él por la quiebra del Banco Popular, que ha tenido que ser comprado por 1 euro por parte del Banco Santander. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tiene que decidir si la admite a trámite y le cita como investigado.

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