Los Juzgados concluyeron en el primer trimestre de 2017 un total de 27 procedimientos por corrupción en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo, ha informado este martes el Consejo General del Poder Judicial.
El órgano de gobierno de los jueces lleva desde enero un registro de acceso público (se puede consultar en la web www.poderjudicial.es) que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-.
La información se refiere a la corrupción en la que están implicadas personas o instituciones públicas, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación para la ciudadanía: prevaricación administrativa, delitos urbanísticos, malversación, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, entre otros.
Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 36 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 77,8 por ciento del total.
La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).
El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.
La cifra correspondiente al primer trimestre del año que recoge la base de datos es de 58 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.
Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y prevaricación administrativa.
83 penados
Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.
En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 83 penados –en 46 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 24 con el de cohecho- y catorce preventivos.