Casals cobró del IBEX por "recomponer relaciones" con Soraya, según Dolset
El presidente de ZED denunció ante la Policía que el presidente de 'La Razón' vendía su "influencia política" a compañías eléctricas, grandes bancos o empresas de distribución.
14 julio, 2017 03:28Mauricio Casals, presidente de La Razón y hombre fuerte de Planeta y Atresmedia, cobró millones de euros de empresas del IBEX 35, a cambio de ejercer sus “influencias políticas” ante el Gobierno y más en concreto ante la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Así consta en la declaración prestada por el presidente del grupo ZED, Javier Pérez Dolset, el pasado 28 de abril cuando compareció como denunciante ante la Comisaría General de Policía Judicial, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Pérez Dolset denunció que había pagado más de dos millones de euros a La Razón mediante contratos ficticios de asesoría, a cambio de las gestiones de Casals para que el Gobierno le concediera subvenciones. Y añadió que Casals aplicaba el mismo modus operandi con muchas otras compañías, incluidas algunas de las principales del IBEX 35.
En concreto, se refirió a grandes empresas de los sectores eléctrico, financiero y de distribución. Entre otros ejemplos incluyó el del presidente de una de esas compañías que habría pagado “más de un millón de euros al año” para “reconstruir las relaciones con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que estaban deterioradas” a raíz del nombramiento de un consejero en esa empresa.
Según el testimonio de Dolset, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la vicepresidenta habría tenido conocimiento de que desde la empresa en cuestión se habría justificado ese nombramiento como una imposición de la propia Sáenz de Santamaría, lo que habría resultado ser falso. Tras llegar a oídos de ésta, las relaciones con la compañía se deterioraron y Casals se habría ofrecido para arreglar la situación.
Según el máximo responsable de ZED, Casals propuso al presidente de esa compañía "recomponer esa relación a cambio del pago mencionado a través de los contratos de publicidad”. También declaró que el director de La Razón Francisco Marhuenda participó en reuniones “para articular el contrato falso que justificaría el pago por las influencias de Mauricio Casals”.
Tal y como relató en esas reuniones se habría pactado el pago de esa cantidad “justificándolo falsamente” a través de un contrato de publicidad. Para negociar el pago, se habrían reunido con Casals, Marhuenda y el vicepresidente de La Razón, Joaquín Parera, a quien señala como el “íntimo colaborador” del propio Casals.
"Práctica habitual"
Dolset declaró que el propio empresario y uno de sus colaboradores le habrían relatado estos hechos. Según su versión, formarían parte “de una práctica habitual, extendida a lo largo de los años por Mauricio Casals y José Creuheras –presidente de Planeta y Atresmedia-. Utilizaban sus influencias y posición en los principales medios controlados por el Grupo Planeta para solicitar compensaciones económicas camufladas a través de contrataciones de grandes campañas de publicidad a grandes grupos empresariales a cambio de influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados por ellos”.
Dolset citó como fuentes de todo ello a los propios directivos de Planeta “por su relación cercana” y a varios presidentes del IBEX o familiares directos de otros de los que aseguró ser “amigo”.
Por otra parte, el propio Casals se ha jactado en numerosas ocasiones de sus estrechos lazos con el Gobierno de Rajoy y en concreto con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Su relación con ella sería prolongación de la que mantenía durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con su antecesora María Teresa Fernández de la Vega, tal y como publicó este diario.
Un “canon” a cambio de favores
Pérez Dolset se encuentra en prisión incondicional desde el pasado 30 de junio por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la Operación Hanta. Cuando Dolset hizo estas manifestaciones fue en calidad de denunciante. Acudió a la Policía judicial para denunciar las extorsiones de Casals. El caso quedó en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y de los especialistas en crimen organizado.
Tras su detención el pasado 29 de junio, se negó a declarar y este mismo jueves volvió a comparecer ante el juez para negar todos los extremos. Sin embargo, ahora lo hace en calidad de investigado y no está obligado a decir la verdad. Sin embargo, su declaración policial en abril la hizo en calidad de denunciante y en caso de ser mentira podría incurrir en un delito de denuncia falsa.
Pérez Dolset acudió hace un año a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar que estaba siendo amenazado por sus socios rusos dentro de la empresa ZED. Los fiscales, junto a la Policía, comenzaron a investigar una posible insolvencia punible de la empresa. Sin embargo, durante el desarrollo de las diligencias descubrieron que el propio Pérez Dolset había vaciado la empresa tecnológica y él habría desviado hasta 100 millones de euros a una sociedad panameña.
A lo largo de todo este año y antes de su arresto, Pérez Dolset ha acudido hasta en cuatro ocasiones a declarar ante la Fiscalía. En una de ellas reconoció que pagó hasta 2,1 millones de euros a Casals, a través del diario La Razón, por sus influencias políticas en el Ministerio de Industria, gracias a las cuales habría recibido cerca de 70 millones de euros en subvenciones y préstamos.
Planeta y Dolset, enfrentados
En todas sus declaraciones, Dolset sostiene que en los últimos meses ha estado recibiendo presiones por parte del Grupo Planeta -dueño de La Razón y Atresmedia- para evitar que declarara en contra del grupo. Tanto el grupo de comunicación de la familia Lara como Pérez Dolset llevan varios años de litigios porque Planeta denuncia haber perdido 120 millones de euros invertidos en ZED y que Pérez Dolset habría desviado.
Las presiones consistían en amenazas de una campaña de desprestigio en grandes medios de comunicación, de la órbita de Planeta. Precisamente, por hechos similares, tanto Casals como Marhuenda fueron investigados en el marco de la Operación Lezo por presionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara al consejero delegado del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino, a su vez directivo del Canal de Isabel II.