Así desmontó el informe técnico a la empresa que quería premiar Taboada

“No se adapta a las necesidades de gestión de un parque tan complejo y extenso”. Con esta contundente frase despachó el informe técnico la propuesta de IMES-API para hacerse con el control del Parque Polvoranca (Leganés). Según un testigo del caso Púnica, esta es la empresa a la que quería beneficiar el actual número tres de Cifuentes, Jaime González Taboada, siguiendo instrucciones del presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados.

Así lo relató el funcionario que firmó el informe de valoración ante el juez de la Audiencia Nacional: Taboada presionó para que le diese la mejor nota a esta empresa. La razón era que la firma había colaborado con 800.000 euros en la campaña del PP para las elecciones de marzo de 2008. El informe técnico aportado al sumario del caso está fechado antes de los comicios, concretamente en febrero de ese año, por lo que cuando Taboada ejerció sus presiones sabiendo ya la valoración negativa sobre la oferta de IMES-API. Según el funcionario, el propio Taboada exigió ver el informe antes de remitirlo a la mesa de contratación.

"Genérico" y "sin planificación"

“Distingue 4 zonas de diagnóstico, con una descripción somera, sin cartografía, y aportando tan sólo una relación de especies consideradas como sensibles o amenazadas. No aporta cartografía pormenorizada ni inventario detallado”. Frases como estás se encuentran en el documento, que tira por tierra la propuesta de IMES-API. “El análisis es muy genérico, sin relación directa con cada zona. Ello supone que la toma de decisiones se debería hacer sobre la marcha en cada caso, sin la suficiente e imprescindible planificación previa”, añade el informe.

Tampoco mejoraba la impresión técnica sobre los tratamientos y soluciones que proponía la empresa: “es asimismo una exposición genérica, sin relación con las zonas marcadas. Propone la informatización de la gestión del parque y un notable incremento de personal, pero sin especificar las actuaciones concretas a desarrollar en cada zona distinta que no vienen suficientemente descrita”.

El concurso estaba licitado con un precio de salida de casi dos millones de euros que Taboada quería que fuesen a parar a la empresa elegida por él, en compensación por los servicios prestados en campaña, siempre según el relato del funcionario en sede judicial. Sin embargo, la valoración técnica le otorgó a IMES-API un total de 60,1 puntos sobre 100. Se presentaron 21 aspirantes y la empresa a la que luego quiso beneficiar Taboada quedó en mitad de tabla. Había exactamente diez notas mejores que la suya. La ganadora, con 81,9 puntos, era una UTE integrada por Ciclo Medio Ambiente S.L. y Equipamientos Ambientales S.L., pero la firma del contrato se paralizó.

"Presiones y desgaste"

A continuación se dieron “varias semanas de inactividad con presiones indirectas” y “táctica de desgaste”, según el testimonio que ya obra en poder del juez. La decisión fue prorrogar el contrato de la UTE que había prestado el servicio hasta entonces. Estaba integrada por Urbajar y Velbapark. Según informan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de los trabajos que se prestaban entonces en Parque Polvoranca, el mantenimiento del lugar costaba cerca de 100.000 euros mensuales. La UTE siguió pasando facturas a la Administración por estos trabajos, según estas fuentes.

Según otro documento firmado por el Área de Zonas Verdes y Espacios Urbanos de la Consejería de Medio Ambiente “la conservación de un parque de las características del de Polvoranca no se puede abandonar durante más de una semana por los daños irreversibles que se ocasionarían” y que generaría un coste “no inferior a un millón de euros”.