Oí a Casals pactar con De la Vega dejar a TVE sin publicidad, dice Dolset

La decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar la publicidad de Radio Televisión Española estuvo condicionada a la gestiones realizadas por el presidente de La Razón y hombre fuerte de Atresmedia, Mauricio Casals. Por lo menos así lo declaró el pasado mes de abril el presidente de la tecnológica ZED, Javier Pérez Dolset, testigo de los acontecimientos, ante la Policía.

Según su declaración, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el año 2009 cuando tras desplomarse la publicidad en España con las consecuentes pérdidas de Antena 3, “tratan de convencer al Gobierno para eliminar la publicidad de Televisión Española”.

Estas conversaciones, según Pérez Dolset, se produjeron entre Mauricio Casals y la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, estando presente en algunas conversaciones telefónicas el propio presidente de ZED.

Según su testimonio, fue testigo de cómo a finales de la primavera de 2009, aproximadamente en el mes de mayo, Casals tenía en su poder un “borrador” de una ley a través de la cual “se eliminaba la publicidad de TVE cuando todavía dicha ley no debería ser de conocimiento público”.

Pérez Dolset acudió el pasado 28 de abril ante la Policía para denunciar que estaba siendo extorsionado y amenazado por Casals, uno de los hombres fuertes del Grupo Planeta, para que no denunciara ante la Fiscalía la maniobra del grupo editorial contra él. Planeta invirtió 120 millones de euros en ZED que perdió después de que la tecnológica entrara en concurso de acreedores. La compañía de la familia Lara culpó a Dolset de su pérdida.

El poder de Casals con el Gobierno

Paralelamente, Pérez Dolset acudió en julio de 2016 a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar que estaba siendo extorsionado por los socios rusos de la compañía, contra quienes había declarado en Estados Unidos por haber pagado a autoridades de Uzbekistán para entrar en el negocio de aquel país. Sin embargo, cuando la Fiscalía comenzó a investigar descubrió que el propio Pérez Dolset habría vaciado la empresa y habría desviado hasta 100 millones de euros a través de mercantiles familiares.

Pérez Dolset declaró hasta en cuatro ocasiones en la Fiscalía y las unidades policiales de la UDEF y UDEV antes de ser detenido el pasado 29 de junio, en el marco de la Operación Hanta, y enviado a prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. En esta misma causa, Casals está siendo investigado por un delito de tráfico de influencias. Según la investigación, antes de comenzar a presionar a Pérez Doslet, le habría ayudado a obtener subvenciones publicas por parte del Ministerio de Industria, de Economía y de la Comunidad de Madrid.

A cambio, habría recibido de Zed un total de 2,1 millones de euros, cobrados a través de facturas camufladas de publicidad para el diario La Razón. El propio Pérez Dolset también denunció que tenía conocimiento de que otras empresas del IBEX 35 habrían utilizado las influencias de Casals para acercarse al Gobierno, y más concretamente a la actual vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con quien mantendría una buena relación, a cambio de facturas millonarias.

La publicidad en RTVE: 500 M. para las privadas

Uno de los extremos denunciados por Dolset es que Casals medró con la vicepresidenta del Gobierno en la época de Zapatero para retirar la publicidad privada al ente público y así repartirse la tarta publicitaria entre los dos grandes grupos de comunicación. La encargada de anunciar que el Gobierno acababa con la publicidad en RTVE fue precisamente María Teresa Fernández de la Vega. Corría el mes de mayo de 2009 cuando la vicepresidenta del Ejecutivo compareció tras la reunión de Consejo de Ministros para anunciar que "ha llegado el momento de tomar la decisión de suprimir la publicidad de TVE".

Con esa decisión, se liberarían al año unos 500 millones de euros -según cálculos de la época- en publicidad que obviamente engrosarían las arcas de las televisiones privadas, en especial Antena 3 y Telecinco, los dos gigantes de aquellos años. De hecho, el plan del Gobierno incluía que las cadenas tendrían que financiar RTVE con un 3% de sus ingresos anuales para compensar el hecho de que fueran a convertirse en la grandes beneficiadas de la desaparición de la publicidad de la televisión pública.

La ley de financiación de RTVE se aprobó unos meses después, el 28 de agosto de ese año. Las hemerotecas evidencian que las televisiones privadas se felicitaron de la aprobación de la ley. En concreto, Uteca (patronal de las cadenas) aplaudió el fin de la publicidad en RTVE y agradeció al Gobierno de Zapatero y De la Vega su "valentía y disposición" para poner en marcha "un nuevo sistema audiovisual".

RTVE, deficitaria

Desde que se aprobó la ley de financiación, la ausencia de publicidad en RTVE ha sido un debate permanente en el sector de los medios de comunicación, entre otras cosas porque la cadena pública es más deficitaria que nunca desde que no emite anuncios. Sin ir más lejos, en julio de 2016, justo hace un año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe que concluía que el actual sistema de financiación de RTVE no puede garantizar una estabilidad económica que pueda mantener la viabilidad del ente público.

Este informe, el primero de la CNMC sobre la evaluación del servicio público que presta RTVE a la sociedad, concluía que se deberían abrir otras formas de financiación de la televisión pública como el regreso de la publicidad o la ampliación de patrocinios.

Durante las últimas semanas la legislación sobre RTVE ha vuelto a estar de actualidad porque la mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma legal -que ahora está en el Senado- para modificar la forma de elección de los miembros del Consejo de Administración y el presidente de RTVE. En los debates sobre este cambio legal, destinado a despolitizar RTVE, también se ha vuelto a especular con la vuelta de la publicidad a la cadena pública como forma de financiación. Algo a lo que, por supuesto, se oponen frontalmente las privadas como Atresmedia y Mediaset.