La Razón reconoce que "no existen" los informes por los que Dolset pagó a Casals

El periódico La Razón sirvió de coartada para que el empresario y directivo del grupo Atresmedia Mauricio Casals cobrara sus intermediaciones entre miembros del Gobierno y varias empresas del IBEX 35. Y para ello, según la tesis de los investigadores, la empresa editora del diario emitió varias facturas por informes que ahora los propios representantes legales de la empresa reconocen no tener.

"No existe ninguno", contestaron los abogados de Audiovisual Española 2000, editora de La Razón, al ser preguntados por la Audiencia Nacional sobre la existencia y el contenido de esos informes. El requerimiento del juez, enviado el pasado 29 de junio, era importante para acreditar la trama, ya que la Justicia tiene ya sobre su mesa varias facturas a través de las cuales la principal empresa investigada, llamada ZED, pagó hasta 2,1 millones a La Razón. Según estos documentos, el dinero llegó a la empresa de Casals tras un contrato de patrocinio y varias facturas por presuntos informes. Unos trabajos que, según reconocen los abogados del diario, ni siquiera existen. 

Los fondos fueron enviados desde la compañía de tecnología que centra la llamada Operación Hanta. Y fue su máximo responsable, el empresario Javier Pérez Dolset, quien colocó  a Mauricio Casals en el centro de una presunta trama para alquilar al mejor postor sus contactos y relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tras el estallido del caso, por el que se procedió a la detención del máximo responsable de ZED, agentes de la UDEF y de la UDEV se personaron en las oficinas de La Razón para que se les hiciera entrega de los contratos y las facturas pagadas por parte de la tecnológica. El presidente del diario, Mauricio Casals, está siendo investigado en esta misma causa por cobrar más de dos millones de euros a cambio de utilizar su influencia política para que desde el Ministerio de Industria, el de Economía y de la Comunidad de Madrid se concediera subvenciones y préstamos a ZED.

Es más, de la investigación se desprende que desde el año 2011, la compañía de Pérez Dolset habría cobrado 70 millones de euros de dinero público. Él mismo aseguró ante la Fiscalía -antes de ser detenido- que Casals cobró cobró esos 2,1 millones de euros por hacer gestiones. Dijo que se le pagó con contratos camuflados de asesoría y publicidad.

Según consta en la diligencia realizada por la Policía tras los requerimientos, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en la solicitud de información realizada en la sede de la empresa Audiovisual Española 2000 -editora de La Razón- “no se ha aportado ni el contrato que sustenta las facturas emitidas por la mercantil ZED ni los informes que habrían sido realizados por Audiovisual Española”.

Según consta en este informe preliminar, en las facturas cobradas por La Razón aparece como concepto la elaboración de una serie de informes para la compañía ZED. Sin embargo, según manifestó el representante legal del periódico durante el requerimiento, y tal y como consta en el acta, “no existe ninguno”.

Los correos de Casals

Lo que sí se aportó fue un acuerdo de patrocinio firmado por ambas compañías, y la factura emitida al respecto. Asimismo, La Razón hizo entrega de la cuenta de correo corporativa de Mauricio Casals.

Los investigadores están detrás del posible amaño de subvenciones públicas a favor de ZED, sobre todo desde el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y la Comunidad de Madrid, y el posible tráfico de influencias ejercido por el propio Casals. El máximo responsable de la empresa, Javier Pérez Dolset, también se le investiga por vaciar su propia compañía y desviarse más de 100 millones de euros a través de sociedades familiares.

La tesis del amaño de subvenciones viene de la propia declaración de Pérez Dolset ante la Fiscalía Anticorrupción, cuando acudió a denunciar que estaba siendo amenazado por sus socios, en julio de 2016. Entre los accionistas se encuentra en propio Grupo Planeta -dueño de La Razón- y una serie de empresas rusas. Sin embargo, una vez avanzó la investigación acabó siendo el principal imputado.

Dolset entregó a la Fiscalía y a la Policía una serie de correos electrónicos, a los que ha tenido acceso este diario. Existe un correo fechado el 15 de abril de 2010, enviado por Pérez Dolset a su padre y a Casals, con un borrador que iba a ser enviado al director adjunto del gabinete del Ministerio de Industria en aquel entonces, Juan Abascal Heredero.

En otro de los correos aportados por Pérez y destinado a Casals, el primero le informa de los proyectos presentados a la convocatoria de ayudas del Programa Avanza del Ministerio de Industria del año 2013 “y le pide que interceda para la concesión de las mismas, según se infiere de la frase 'Toda la ayuda que nos puedas prestar será bien recibida como siempre'”, tal y como analiza la Policía en uno de los informes incorporados en la causa.

Según Pérez, estas gestiones entraban dentro de los trabajos que se abonaban desde ZED a la sociedad Audiovisual Española 2000 SL -editora de La Razón- y que “se acordaban al inicio de cada ejercicio de forma oral y sin que mediara contrato alguno entre las partes”, explica la Policía. Los investigadores recogen que en el concepto de las facturas no se menciona estos asesoramientos en la obtención de ayudas públicas “si no que las mismas se justifican en labores de consultoría y estudios de mercado”.